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| 7/12/2011 12:00:00 AM

Reforma a la justicia aún sin consenso entre Gobierno y Cortes

Será el Congreso, a partir del 20 de julio, el que dirima las diferencias entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno a los ajustes a la administración de justicia.

Fueron casi 20 horas, en dos jornadas de intensas discusiones, en las que el Gobierno intentó conciliar con las altas Cortes el texto de la reforma a la justicia. Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, destacó el ambiente de cordialidad, y que hay puntos en común, la reforma a la justicia llegará al Congreso sin pleno consenso.

Será el legislativo, donde el Gobierno tiene el respaldo de las mayorías parlamentarias, quien tendrá que resolver las diferencias. El próximo 20 de julio se radicará el proyecto definitivo, y no habrá posibilidad de aplazarlo, como ya hizo este Gobierno en septiembre de 2010.

Al término de la reunión de este martes, y en un escueto comunicado, el ministro del Interior admitió que hay “puntos de disenso” y que el Gobierno y las Cortes acordaron continuar con las deliberaciones, sin perjuicio que estas se trasladen al Congreso.

De esta manera se puso fin a casi diez meses de trabajo, desde que el presidente Juan Manuel Santos instaló el mecanismo de concertación de la reforma con las altas Cortes, en la llamada ‘Mesa de la Justicia’, que no tuvo avances significativos porque las diferencias aún se mantienen vigentes.

Las diferencias

La reglamentación de la tutela contra sentencias judiciales es uno de los puntos de controversia. Porque la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura insisten en la no procedencia de tutelas contra sentencias, pero la Corte Constitucional defiende sus fueros

Implantar la doble instancia para el juzgamiento de aforados (congresistas) es otro de los temas controvertidos. El Congreso intentará establecer ese derecho, pues son los parlamentarios los únicos ciudadanos que tienen que afrontar procesos penales, administrativos y disciplinarios con una sola instancia.

En eso no se oponen las Cortes. Pero sí controvierten la propuesta del Gobierno de crear un tribunal especial que revise las sentencias de la Corte en segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia teme que se le quiten facultades de investigación y juzgamiento.

La rama judicial propone la conformación de una sala adicional de tres magistrados encargada de la investigación y que entre los nueve miembros de la Sala Penal se dividan las labores de juzgamiento de primera y segunda instancia.

También se mantienen las diferencias frente a la posible reforma de la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia en la que son investigados los magistrados de las altas cortes.

El Gobierno propone la creación de un nuevo tribunal, conformado por magistrados elegidos por el propio Congreso.

Tampoco hay consenso en el tema de las facultades electorales de los magistrados, como la postulación de candidatos a Procurador y Contralor; y la edad de retiro forzoso de los magistrados.

También sigue siendo controvertida la propuesta del Gobierno de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y en las propuestas de descongestión judicial que facultaría a los notarios, abogados y conciliadores a tener funciones judiciales para evacuar procesos.

Todos esos temas deberán ser debatidos en el Congreso. Por eso, el actual presidente del Senado, Armando Benedetti (la U) dijo que “el Gobierno no debe soslayar más el hecho de que llevan un año y no han hecho nada. El Congreso es el que debe tomar las decisiones”.

Benedetti también cuestionó que las discusiones no se han concentrado “en la descongestión judicial, ni los derechos de los ciudadanos, lo que de verdad interesa”.
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