Reforma a la Justicia: en manos de Juan Manuel Corzo

El pasado miércoles 20 de junio, tan pronto como se aprobó la controvertida conciliación de la reforma a la Justicia en la plenaria del Senado, Juan Manuel Corzo (P. Conservador), presidente de la corporación, recogió sus papeles y se marchó del recinto del Congreso.

Al día siguiente Corzo tenía agendado un vuelo de algo más de 20 horas con destino a China. No lo canceló. Pese a que la tormenta por la reforma a la Justicia apenas empezaba, se embarcó en el avión, pero sólo alcanzó a durar 10 horas. En la primera escala, en París (Francia), se percató de que tendría que devolverse a Colombia. Como pudo, buscó la manera de cambiar su itinerario y encontró un tiquete de regreso. Está previsto que en la tarde de este lunes llegue al país.

La presencia de Juan Manuel Corzo es determinante. No sólo porque como presidente del Congreso es uno de los que faltan por responder, sino porque la Constitución del 91 le da plenas facultades para decidir la suerte de la reforma a la Justicia.

Es más, según la Constitución, hoy por hoy es el presidente del Congreso el único funcionario del Estado cuyas actuaciones no tendrían ninguna discusión jurídica. Todo lo que puede hacer no necesita de sentencias ni de interpretaciones. Estarían ajustadas a la ley.

¿Y qué podría hacer? Sencillamente Juan Manuel Corzo puede promulgar la reforma a la Justicia que el Congreso aprobó con cuatro 'micos' que, según el Gobierno, podrían generar el mayor colapso judicial de la historia y acabar con el ordenamiento jurídico de la Nación, según lo dijo el presidente Santos.

Así lo establece el artículo 168 de la Constitución, que textualmente señala: "Si el presidente de la República no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso".

La promulgación de la reforma a la Justicia es la única fórmula legal para que la Corte Constitucional, la máxima autoridad en la materia, se pronuncie y pueda derogar la nueva norma que diseñó el Congreso. Un estudio que en el mejor de los casos podría durar seis meses.

Pero si la reforma se promulga, inmediatamente entra en vigencia, o lo que es igual, saldrían de la cárcel exministros y otros exfuncionarios que hoy tienen cuentas pendientes con la justicia, y en casos de corrupción política como Agro Ingreso Seguro, 'chuzadas', 'yidispolítica' y hasta 'parapolítica'. Y los cerca de 40 congresistas que estaban esperando un fallo por pérdida de investidura deberán volver a ser investigados desde la etapa inicial.

El dilema de Corzo es actuar como se lo indica la Constitución (promulgar la reforma) o aceptar las objeciones del presidente de la República y proceder a sesionar de forma extraordinaria para corregir la reforma y evitar el colapso. La primera decisión es legal, la segunda es política.

Políticamente parece inconveniente que Corzo siga la norma constitucional. Primero, porque el Gobierno ya dijo que la convocatoria a extras para discutir la reforma es la única salida, aunque no la consagre expresamente la Constitución. Es difícil que Corzo se oponga, pues desde el presidente de la República, los partidos de la Unidad Nacional, y la opinión pública en general, están desacuerdo de que sería un inconveniente promulgar la norma.

El presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria (jefe del Partido Liberal), fue el primero en iniciar la presión a Corzo. El viernes pasado (22 de junio), en medio de la turbulencia política, le pidió a Corzo que "asumiera como válida" la interpretación jurídica acogida por el Gobierno para poder hacerle objeciones a una reforma constitucional.

En otras palabras, desde todos los ángulos a Corzo le están sugiriendo que no actúe como se lo indica la Constitución.

De hacerlo, sería la primera vez que Corzo actué por conveniencia política y no como se lo indica la ley. Durante su controvertida presidencia del parlamento se ganó el rechazo de la opinión pública por proponer la inmunidad parlamentaria (lo cual es legal) y por reclamar que el erario financiara la gasolina de los vehículos de los parlamentarios (también es legal, y esa norma cobija a los funcionarios del Ejecutivo y a los magistrados de las altas Cortes).

Pero lo más seguro es que Corzo no se oponga al Gobierno. Pues, como dijo este lunes Lucho Garzón, presidente-vocero del Partido Verde: "Corzo no debería echarle más gasolina a este asunto".