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| 9/17/2010 12:00:00 AM

Santos: entre el reformismo de élites y las expectativas ciudadanas

Las primeras acciones del Gobierno no dejan de sorprender por sus apuestas reformistas. Pero, ¿durará la “luna de miel” en la Unidad Nacional? Análisis de las primeras semanas de la era Santos. Por Armando Novoa García*.

La semana pasada se cumplieron los primeros treinta días del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.

Algunos medios registran que los sondeos de opinión son favorables al nuevo gobierno. Los analistas se preguntan si se trata de una “luna de miel”, o si hay otros factores para un apoyo más duradero.

Aunque resulta prematuro un examen concluyente, la agenda gubernamental y las iniciativas tomadas en las cuatro semanas anteriores, invitan a examinar la naturaleza y proyección del gobierno de la “prosperidad democrática”.

Las primeras acciones: un viraje inesperado

La lista de las acciones que están marcando la impronta de la nueva administración es abundante y no deja de sorprender.

La composición del gabinete; el decálogo de principios de “buen gobierno”; el restablecimiento de las relaciones con Venezuela; el diálogo con las Cortes y las declaraciones en favor de su autonomía e independencia; el reconocimiento de la oposición democrática; y, en general, el interés en adoptar políticas para hacer frente a las urgencias de la agenda nacional marcan una diferencia significativa con Uribe.
 
Si a lo anterior se agregan los proyectos de reparación a las víctimas y restitución de tierras, o la declaración de apoyo a la Constitución del 91, no podría concluirse que todo esto sea una simple estratagema para mantener inalterada la herencia del gobierno saliente.

Las reacciones: “Por esta semana soy santista”

Las reacciones ante este sorpresivo giro han sido también una novedad.

Algunos de los más enconados críticos del gobierno Uribe se han declarado partidarios de las acciones del nuevo mandatario. “Por esta semana soy santista” decía Maria Jimena Duzán en una de sus columnas. Plumas cercanas al verde dejaron notar su perplejidad. “Quienes votamos por el Partido Verde debemos reconocer que, de haber llegado nuestro candidato a la Presidencia, difícilmente habríamos estado en una ceremonia y un discurso de posesión tan verde”, escribió Manuel Rodríguez Becerra. “Sin duda, muchos escépticos andamos sorprendidos con Santos. Positivamente, se entiende”, dijo a la vez, Rafael Orduz.
 
Y, desde las filas de la izquierda, Daniel García-Peña alguien impactado por la nueva coyuntura, dijo lo siguiente: “En los pocos días que lleva, el presidente ha suscitado gran esperanza... asombro causó su discurso de posesión, con apartes que parecen tomados del Ideario de Unidad del Polo….luego del parafeudalismo de Uribe, la revolución burguesa que ofrece Santos es un avance histórico”.

Incluso Vladdo, el celebre caricaturista de la revista Semana, dio vuelta a la página del “Paracio de Nariño” y la reemplazó por el “Santuario presidencial”, que, por ahora, aparece limpio de felonías similares a las del gobierno anterior.

Solo algunos sectores, aferrados a confundir la ideología con la realidad, se han resistido a reconocer el cambio y a evaluar su sentido.

El gobierno de la “unidad nacional”: hacia el rescate del centro político
Empecemos por preguntar si la convocatoria a un gobierno de “unidad nacional” se reduce a una operación de pura cosmetología política o si, por el contrario, implica un viraje, y hasta qué punto, en las políticas heredadas de Uribe.

Si nos atuviéramos a las declaraciones del nuevo mandatario, tendría que concluirse que no habrá novedad, pues prometió continuidad, aunque con “otros métodos“.

Sin embargo, como lo registra el cúmulo de iniciativas anunciadas, se está produciendo un replanteamiento al funcionamiento del Estado y a la política de los ocho años anteriores. Este cambio, y el abandono de la lógica “amigo-enemigo”, son las señales de un tránsito hacia el centro político, que en los años anteriores no pudo, o no quiso, ser ocupado por el Partido Liberal, el Polo Democrático, o más recientemente, por los verdes.
El reformismo desde arriba: una larga tradición colombiana

En realidad, el discurso sin confrontaciones y el reformismo indoloro como camino para retornar a la legitimidad política, no es una práctica reciente en Colombia. De tiempo atrás, las elites han apelado a un discurso de modernización desde arriba y al respeto a las formas republicanas de poder. Esta capacidad de salirle adelante a los procesos de cambio, explica en alguna medida la estabilidad de la democracia colombiana.

Si se examina la historia del siglo XX se encontrará que estos virajes ocurrieron con cierta frecuencia. Lo dijo algún líder liberal de mediados del siglo pasado. Nuestras élites de poder han sabido “cabalgar sobre el lomo de los acontecimientos”.

El gobierno de la Revolución en marcha (1.934-1938) desactivó el ascenso amenazante de las clases subordinadas y el sindicalismo mediante una ambiciosa reforma constitucional y una ley de tierras que se quedaron a mitad de camino. Gerardo Molina recuerda que “…esto permitió quitarle a Jorge Eliécer Gaitán sus tesis y las masas y obligarlo a liquidar La Unión Nacional Izquierdista”. (Las Ideas Liberales en Colombia, T. III).
 
Cincuenta años después, Belisario Betancur (1.982- 1986), conformó un Movimiento Nacional que llegó al poder y amainó el creciente desprestigio del gobierno Turbay y las denuncias por la violación de los derechos humanos. El grupo de Contadora, la apertura de diálogos con la guerrilla y la elección popular de alcaldes, fueron algunas medidas que se adoptaron en una coyuntura que reclamaba la apertura del sistema político (Vásquez Carrizosa. Betancur y la crisis nacional). A principios de los años noventa, Cesar Gaviria logró convocar una asamblea constituyente que expidió la Constitución del 91. Ese viraje reformista permitió la renovación institucional. En este caso, al empuje democratizador concurrieron la visión modernizante del Estado que se promovía desde arriba, los reclamos ciudadanos en favor de la democratización y varios grupos insurgentes que dejaron las armas, entre ellos, el M-19.

En todos estos ejemplos, se apeló a una cierta dosis de reformismo y al consenso para capotear el vendaval.

La dirigencia política colombiana tiene una especial capacidad para tomar el camino de los tonos intermedios, inusual en el conjunto de las democracias de la región.

Sin embargo, las reformas anunciadas se quedaron a medio hacer. El aliento renovador se diluyó. La falta de voluntad política para continuar adelante con los cambios, la subordinación a los arreglos institucionales del clientelismo, la resistencia de ciertos grupos de poder a transformaciones que afectaran sus privilegios, la intolerancia de los extremos para estimular la solución política al conflicto armado, han sido algunas de las razones que explican los pocos avances de ese reformismo desde arriba.

Pero hubo además otra constante. El viraje al centro político que propiciaron las élites dejó sin libreto a las fuerzas alternativas que, después de concitar el apoyo popular, perdieron iniciativa política y se fueron evaporando o quedaron en vía a la extinción.
El presidente Santos con su ropaje de la tercera vía de Tony Blair, parece ser fiel tributario de esa tradición histórica.

Las razones del viraje y la rotación en las élites de poder

Ahora bien, para entender la dimensión del cambio que se promete es necesario identificar las realidades políticas que lo explican.

En primer lugar, se encuentran las mutaciones en la política internacional. La subordinación incondicional que caracterizó al gobierno de Uribe ante la administración república de Bush quedó fuera de lugar, luego del ascenso de Obama. La reducción de la política exterior colombiana a las alianzas y apoyos en su cruzada contra las guerrillas afectó las relaciones con los países vecinos, en particular, con Venezuela y Ecuador. El impacto económico no ha sido menor, pues generó la pérdida de socios comerciales y bloqueó el acceso a nuevos mercados.

En segundo lugar, el combate sin tregua a las FARC engendró una nueva realidad en la relación de fuerzas entre el estado y la guerrilla que sufrió los más duros golpes al corazón de su estrategia del “canje de prisioneros”. La “Operación Jaque”, abrió otro momento del conflicto, a partir de una derrota irrefutable, aunque “no definitiva” de las guerrillas (Guerras Inútiles. Una historia de las FARC. Observatorio para la Paz).

Estamos lejos de la simetría en la negociación que pretendió imponer las FARC en el 2002 y la opción del llamado intercambio humanitario. Las posibilidades de la toma del poder por la vía armada son nulas aunque se mantenga la capacidad de perturbar el orden público en algunas regiones del país.

En tercer lugar, debilitadas las FARC, la retórica antiterrorista fue perdiendo contundencia.

Los "éxitos de la seguridad democrática" llegaron a su techo y mostraron la necesidad de introducir correctivos y hacer ajustes. Esta política no capitalizó la superioridad militar alcanzada por el Estado. No hubo una sola iniciativa para consolidar esos logros, ni se abrió una nueva exploración hacia la paz en condiciones diferentes.

Pero, además, esa política desnudó sus propias carencias. La lucha antisubversiva se adelantó con la lógica del “todo vale” y condujo a la degradación del conflicto. Protegió a políticos y líderes regionales involucrados en alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Los controles institucionales y la división de poderes resultaron debilitados.

En cuarto lugar, el desbordamiento en la capacidad de perturbación de las FARC y la pretensión de compartir el poder político con el establecimiento tradicional engendró una reacción descomunal para evitar su avance. Uribe fue ungido por banqueros, industriales y élites regionales, legales e ilegales, para cumplir esa misión. A partir de allí se configuró una compleja alianza a cuya sombra se pretendió construir un capitalismo delincuencial.

Esta comunidad de intereses tuvo una incidencia significativa en las esferas del poder central. Sin embargo, el desgaste fue notorio. Durante la campaña electoral, la inconformidad se expresó en la aspiración de un gobierno decente y una política limpia. Por unas semanas, la ola verde fue su más cercana expresión. La amenaza de sustituir la alianza uribista provino de una reacción ciudadana contraria a la lógica del “todo vale”. Ya para la segunda vuelta, esa esperanza se había esfumado y la coalición uribista, liderada por Santos, había retomado la iniciativa y se aprestaba a dar el giro.

Las élites apegadas a las tradiciones del canapé republicano supieron interpretar esa inconformidad. Ya no era necesario el discurso de la confrontación, ni la apelación a la ilegalidad, ni mantener latente una confrontación militar con Venezuela. Tampoco resultaban adecuados los pactos con las expresiones más degradadas del poder regional.

Pasamos a una versión modernizante del Estado que pretende resolver los problemas con otros métodos, otros lenguajes, pero también con otra visión del estado y la política.
La agenda del gobierno: entre el reformismo retórico y las expectativas de cambio

En este nuevo escenario las prioridades de la agenda pública ya no se reducen a lograr la derrota militar de la guerrilla, pues el nuevo centro de la esfera está en dar respuesta al aislamiento internacional, a la creciente desigualdad social, y a reinstitucionalizar la acción del gobierno.

Pero, lograrlo implica afectar poderosos intereses y confrontar privilegios.
Para empezar, los de una clase política tradicional que se acostó uribista y amaneció santista. En segundo lugar, el poder que mantienen el latifundio y el paramilitarismo en el Congreso de la República. En tercer lugar, las resistencias de la derecha uribista que cada vez deja ver más sus diferencias con los anuncios de cambio.

Y en cuanto a las iniciativas propuestas, el aliento reformista se encuentra aún en el campo de la retórica más que en el de la realidad.

Por ejemplo, los cambios institucionales que se prometen apuntan a concentrar más poder en el ejecutivo. La reforma a la justicia que se aplazó restringía la acción de tutela y revestía de nuevos poderes al presidente al poner bajo su égida los órganos de control. El proyecto de las regalías, so pretexto de combatir la enorme corrupción regional, puede conducir a concentrar el manejo de esos recursos en manos del Ministerio de Hacienda.
 
Por la vía de la denominada “regla fiscal” se afectaría la estructura de la carta de derechos contenida en la Constitución. Los poderes protectores de los derechos de la Corte Constitucional y del Estado Social estarían a discreción de la sostenibilidad fiscal y el equilibrio macroeconómico. La reforma política anuncia algunos cambios en la financiación de las campañas, pero no es claro si se endurecerá la responsabilidad de los partidos que tendrían acceso a más recursos públicos. La eliminación del voto preferente quedó postergada y el gobierno insiste una vez más en la reelección de alcaldes y gobernadores.

Todo esto tendría alguna compensación si se lograra una ley de tierras que hiciera justicia con los campesinos víctimas del despojo y se garantizara un gobierno transparente e inflexible con la corrupción política.

Sin embargo, los obstáculos son múltiples y las señales contraproducentes. Una de ellas: la designación del cuestionado ex ministro Arias en la embajada en Roma. Otra más: la conformación excluyente del Consejo Nacional Electoral.

… ¿y las fuerzas que no hacen parte del gobierno?

Existe un factor más a considerar. La debilidad del Partido Verde y de la oposición del Polo Democrático poco ayudará a avanzar. Uno y otro tienen limitaciones de distinta índole para ocupar el centro político y desde allí empujar las propuestas de reforma que merezcan apoyo.

Los verdes intentan construir una fuerza organizada que incida en la política nacional y tenga una participación decorosa en las elecciones del 2011. Entre tanto, Santos anuncia gobernar con algunas de sus banderas. Una política de gobierno que se ubica en el centro hará más difícil ese propósito.

En cuanto al Polo, lo que trasciende a la opinión pública son sus divisiones internas y, luego del buen desempeño de Petro en el debate presidencial, lo que predomina es la falta de imaginación para superar el lenguaje de oposición sin alternativas.

Y un obstáculo adicional que apenas se perfila. Es el juego que intentará la derecha agazapada en el uribismo para oponerse a cualquier reforma que afecte los privilegios cosechados en los ocho años anteriores.

La pregunta es si se repetirá la historia del reformismo retórico que antecede a nuevas frustraciones o si, a contrapelo de la tradición, se podrá avanzar algo en la construcción de una democracia para todos.

Por lo pronto, las élites de la altiplanicie respiran tranquilas el aire fresco de la sabana santafereña. Han retornado a lo suyo.


*Armando Novoa es el director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.
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