¿Se desmarcarán los partidos políticos de los gobernadores sancionados?

El año pasado, cuando el Congreso aprobó la ley de movimientos políticos, todos los directores de los partidos apoyaron la idea de recibir sanciones -como una forma de asumir responsabilidades políticas- si avalaban un candidato que resultara condenado por la justicia o sancionado por los organismos de control.

En ese entonces el consenso fue total. Y en las pasadas elecciones de octubre, en las que se escogieron mandatarios locales, la norma tuvo su estreno oficial.

Los partidos se vieron obligados a depurar sus listas de candidatos, pero, sobre todo, a atajar a aquellas personas que, con alguna inhabilidad comprobada, pretendían obtener un aval para participar de las elecciones.

Pero ahora, cuando varios gobernadores elegidos en octubre han sido objeto de sanciones y destituciones, la norma parece incomodar a los directores de los partidos que los avalaron.

Una norma que, además, muchos están usando contra el pellejo de los directores de los partidos, a quienes exigen algo más que asumir una responsabilidad política.

Porque la Ley de Partidos Políticos señala (en su artículo 10) que constituyen faltas sancionables e imputables a los directivos de los partidos, entre otras, "(...) cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones no iniciar los procesos correspondientes, o no realizar las denuncias del caso".

Esa es la norma que muchos quieren aplicar como espada de Damocles a varios directores de partidos políticos luego de las sanciones y destituciones que los organismos de control han impuesto a varios gobernadores electos el año pasado.

El caso Cielo incomoda a Lozano

El senador Juan Lozano, presidente del Partido de La U, ha sido el primero en afrontar esta situación.

Desde que la Procuraduría sancionó, en primera instancia, a la gobernadora del Huila, Cielo González, los dardos contra Lozano buscan reclamarle el porqué le dio el aval del partido.

A González la Procuraduría le había elevado cargos antes de las elecciones del 30 de octubre por "no vigilar las inversiones realizadas con recursos de excedentes de liquidez de regalías y recursos propios del municipio de Neiva".

La irregularidad investigada se remonta al 2007, cuando Cielo González era alcaldesa de Neiva, y el municipio invirtió casi 12 mil millones de pesos de regalías en la firma TIG, que resultó ser una ‘empresa pirata’. Una conducta que la Procuraduría calificó de "falta gravísima".

Lozano sabía que Cielo González era objeto de investigación disciplinaria. Pero el presidente de la U se defiende.

Dice que al momento de otorgarle el aval, González "no tenía ninguna inhabilidad" y que "ella misma, con su abogado Jaime Bernal Cuéllar (exprocurador general)" dieron sus explicaciones "y nosotros, luego de adelantar consultas ante las autoridades, creímos en esa información".

Entonces, Lozano asegura que la entrega del aval se hizo "de buena fe". Pero que jamás hubo en su conducta connivencia o encubrimiento de actos de corrupción.

Pero el director de La U fue más allá. Y dijo que si la Procuraduría, en segunda instancia, ratifica la sanción, el partido actuará contra Cielo González. Y agregó que el comité de ética del partido podría hasta expulsar a la funcionaria de la colectividad.

"Espero que lo que Cielo González nos dijo, y lo que le creímos - que ahí había una actuación correcta de su parte -, lo confirme la segunda instancia, en la que pueda demostrar plenamente su inocencia", explica Lozano.

Las palabras del director de La U darían a entender que quisiera "desmarcarse" de una situación comprometida, y de las dificultades que afronta la carrera política de González, que fue una de las candidatas del expresidente Álvaro Uribe y cuyo triunfo en octubre fue uno de los más significativos para el Partido.

Por eso, si la Procuraduría ratifica su decisión en segunda instancia, la pregunta que surge es ¿cuál será la responsabilidad política de La U?

Lozano dice que siente "vergüenza" por la sanción contra González, y asegura que el partido no pretende eludir su responsabilidad política. "Todo lo contrario, siempre la asumirá porque nosotros no estamos amparando bandidos".

Pero Lozano tiene otra fórmula para asumir la responsabilidad, distinta a la que contempla la ley. De haber elecciones atípicas para escoger gobernador de Huila, "el partido de La U no debe presentar candidato", dice.

Sin embargo, la forma como los partidos y directores deben asumir la responsabilidad política no es discrecional. Ya está consignada en la ley de Partidos Políticos mediante un duro régimen de sanciones, que en el caso de los directivos de los partidos van desde la amonestación y la suspensión del cargo de directivo por tres meses, hasta la destitución del cargo y la expulsión del partido.

Más allá de proponer que la U sea aparte de un eventual debate electoral, Lozano, como cualquier directivo de un partido político, sólo tendría que acogerse a lo dictado por la ley. El Consejo Nacional Electoral, según la norma, es el competente para investigar la conducta de los directores de los partidos.

Valle, un caso muy atípico

Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle, es un caso muy particular. Fue la Contraloría, tras un juicio de responsabilidad fiscal y por presunto detrimento patrimonial, la que le pidió al presidente de la República suspenderlo del cargo.

Fue una decisión con muy pocos antecedentes, que obligó al gobierno a hacer consultas para saber cómo debería proceder. El Consejo de Estado determinó que tras la decisión de la Contraloría contra Useche, se configuraba una "falta absoluta" y el gobierno debe convocar elecciones atípicas.

Así como esta decisión puso en aprietos al gobierno, la ley de partidos no contempla ninguna sanción cuando se trate de juicios de responsabilidad fiscal.

Por eso, el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, que avaló la candidatura de Useche, y quien está inscrito en el Consejo Electoral como su presidente, Heriberto Arrechea Banguera, no estarían tan inquietos con esta norma.

Todo lo contrario, el MIO le presentó una terna de candidatos, conformada por personas que integran el partido, para que sea designado como gobernador encargado, mientras el suspendido gobernador Useche busca todos los recursos jurídicos para que lo restituyan en su cargo.

De haber elecciones atípicas, probablemente el MIO tendrá candidato. Este partido, entre sus principales objetivos, está el de mantener el poder en el que ha sido su departamento de origen, el Valle del Cauca.

Otros gobernadores en líos

Según la Misión de Observación Electoral, MOE, otros dos gobernadores elegidos en octubre tienen investigaciones en curso. Se trata de los gobernadores de Casanare, Nelson Mariño (Afrovides), y Arauca, José Facundo Castillo (La U).

Mariño, según la MOE, afronta investigaciones disciplinarias por presunta destinación indebida de recursos de regalías cuando fue alcalde de Yopal (Casanare) y por supuesta celebración indebida de contratos. Además, a Mariño lo investiga la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación.

Mientras que Castillo afronta denuncias en Procuraduría y Fiscalía por posible interés ilícito en contratos cuando era director del Hospital San Vicente de Arauca.

Estos gobernadores, de ser encontrados responsables de lo que se les investiga, no solo podrían abandonar su cargo, sino poner en serios aprietos a los directores de los partidos políticos que decidieron avalarlos.

Sin embargo, según la Ley de Partidos, los jefes de las colectividades también podrán ser sancionados si los candidatos que avalaron, así no resulten elegidos, son condenados o suspendidos por actos ilegales que hayan cometido antes de haber recibido el aval. En consecuencia, los directores de los partidos solo podrán dormir en estos cuatro años si tienen la conciencia de que hicieron una efectiva labor.