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| 11/8/2011 12:00:00 AM

Senado aprueba sanción de la 'silla vacía' para todos los delitos

La reforma a la justicia fue aprobada en segundo debate. Se amplió la sancion a los partidos políticos que no podrán reemplazar a los parlamentarios que resulten condenados por cualquier causa judicial. También se aprobaron el fuero militar y la doble instancia.

Ya no sólo los delitos de lesa humanidad, pertenencia o promoción de grupos ilegales, y los conexos con narcotráfico serán los únicos en tener responsabilidad política.
 
A última hora, y por iniciativa del Partido de la U, el Senado aprobó la sanción de la silla vacía para aquellos congresistas que resulten condenados por cualquier delito. 
 
La propuesta fue vista con “buenos ojos” por el Gobierno. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que esta fórmula podría evitar la lluvia de demandas a determinadas curules.
 
La sanción de la silla vacía consiste en que si un senador o representante a la Cámara resulta condenado tras un proceso penal, el partido político pierde la curul y no puede reemplazarlo.
 
Esta sanción se apllicará en el momento de una orden de captura y se ratificará con una sentencia judicial vigente. La nueva norma incluirá delitos de corrupción.
 
Ratificado el fuero militar
 
Tras un intenso debate sobre la ampliación de los alcances del fuero militar, la plenaria del Senado aprobó, por amplia mayoría (65 senadores), entregarles a las Fuerzas Militares la garantía de que todos sus actos serán conocidos por la justicia penal militar y, excepcionalmente, sólo cuando se compruebe una violación a los derechos humanos, los uniformados serán investigados por la justicia ordinaria. 
 
Lo aprobado por la plenaria fue calificado por sus defensores como una herramienta necesaria para proteger jurídicamente a los miembros de la fuerza pública en su ofensiva contra las organizaciones ilegales.
 
La U y el Partido Conservador, tal como estaba previsto, determinaron la aprobación de este artículo.
 
La bancada del Polo Democrático (ocho senadores), los liberales Juan Manuel Galán y Jesús Ignacio García, los senadores del partido Verde Jhon Sudarsky y Jorge Londoño, se opusieron a la aprobación de este artículo. Argumentaron que las normas internacionales obligan a que delitos cometidos con militares deben ser juzgados por la ordinaria.
 
Juan Manuel Galán aseguró que se trataba de un debate de doble desconfianza, por un lado, la de los militares que desconfían del juzgamiento que le hagan los civiles que desconocen los procedimientos castrenses, y la desconfianza de la población civil que considera que la justicia penal militar, al estar bajo la jerarquía de la cúpula militar, puede ser sinónimo de impunidad. 
 
Por eso propuso que en debates posteriores se establezca una corte marcial de juzgamiento a militares, pero que sea independiente de la jerarquía militar. 
 
Galán aclaró que lo aprobado podría generar impotencia del Estado para investigar delitos de lesa humanidad cometidos por agentes estatales, algo que “le abre la puerta a la justicia internacional”.

El tema del fuero fue uno de los debates más complejos de la reforma a la justicia, pero también tuvo más controversias.
 
Tras un debate que se extendió por más de seis horas se mantuvo el acuerdo entre partidos políticos, Gobierno y altas cortes.
 
La reforma a la Justicia busca modificar igual número de artículos de la Constitución para hacer la administración de justicia más pronta y oportuna y que su acceso sea más fácil para los ciudadanos.
 
Herramientas de descongestión
 
Precisamente, se aprobó entregar de forma excepcional facultades jurisdiccionales a funcionarios de la rama judicial (distintos a los jueces), a notarios y a abogados para que presten sus servicios para la resolución de conclictos y así descongestionar los despachos judiciales.
 
La polémica se concentró porque la reforma otorga facultades de arresto a autoridades administrativas e inspectores de policías.
 
Se acordó depurar los alcances de este artículo, que se considera el corazón neurálgico de la reforma a la justicia, en los próximos seis debates del proyecto.
 
Presupuesto de la rama judicial
 
Entre lo aprobado, se destaca la asignación presupuestal para la rama judicial, que alcanzará rango constitucional. Será del 2,5% del presupuesto nacional, y se creará un fondo de un billón de pesos que el Gobierno desembolsará durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo.
 
En el debate quedó claro que los partidos políticos consideran que esa asignación presupuestal “es insuficiente” e incluso calificaron la propuesta del Gobierno como una “fórmula tacaña” por parte del Ministerio de la Justicia. Lo que da a entender que en los próximos debates podrían apoyar la propuesta del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que piden el 5% del presupuesto nacional.
 
Ampliación del período a magistrados de las Cortes
 
También se aprobó la ampliación del período de los magistrados de la rama judicial, que en adelante sería de 12 años (y no de ocho como actualmente lo contempla la Constitución).
 
Igualmente se les impuso a los magistrados, al fiscal general, al procurador general, al contralor general y al registrador nacional, una inhabilidad de un año para aspirar a cargos de elección popular.
 
Doble instancia a congresistas
 
El tema de la doble instancia para congresistas quedó garantizado según lo aprobado por la plenaria del Senado.
 
Se creará una sala de cinco magistrados para la investigación, y otra sala de cinco magistrados que se encargarán de adelantar el juzgamiento.
 
Estos serán nombrados por los presidentes de las altas cortes mediante concurso público, para un período de cuatro años sin posibilidad de reelección.
 
La segunda instancia de los procesos penales contra los congresistas será adelantada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
 
Fin a Comisión de Acusaciones
 
También se aprobó la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En su reemplazo se creará la Comisión de Instrucción, integrada por diez investigadores, con calidades de magistrados, que serán elegidos por la Cámara de Representantes.
 
Esta comisión asumirá las investigaciones que estén siendo conocidas por la Cámara de Representantes y podrá practicar pruebas, adelantar la instrucción y citar al investigado o a los ciudadanos que crea conveniente para dar buen trámite a dicha investigación.
 
Finalmente presentará un informe a la Plenaria de la Cámara de Representantes, quien lo acogerá o lo desestimará.
 
El trámite
 
La reforma a la justicia pasará, en dos semanas, al estudio de la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Primera, como en la Plenaria.
 
Esta reforma constitucional ha superado dos de ocho debates, y antes del 16 de diciembre deberá superar cuatro debates.

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