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| 1/25/2011 12:00:00 AM

Senado y Cámara: división de opiniones en licitación de carros para congresistas

Pese a que el Senado decidió revocar el polémico proceso de licitación de 110 vehículos blindados, por presuntas irregularidades, la Cámara de Representantes decidió seguir adelante para la contratación de 215 automóviles.

A dos semanas de las sesiones extras del Congreso, el Capitolio ha sido escenario de un polémico proceso de licitación. Se trata de la millonaria adjudicación para la contratación, por la vía de un ‘renting’ o alquiler, de los vehículos blindados que servirán para el uso de los parlamentarios.
 
No es nuevo que la contratación de los vehículos siempre ha sido un tema controvertido en el Congreso. Hace cuatro años se recuerda cómo dos uniones temporales se trenzaron en una disputa porque presuntamente se había favorecido a uno de los aspirantes.
 
Esta vez el proceso ha estado salpicado por varias dudas. Pero lo particular del caso es que si el Senado decidió revocar el proceso de licitación, ante algunas advertencias de la Contraloría, la Cámara de Representantes optó por el camino de seguir hasta las últimas consecuencias con el proceso, que el próximo miércoles 2 de febrero concluirá con la millonaria adjudicación.
 
El arriendo de los vehículos blindados, por tres años, costará poco más de 70.000 millones de pesos.
 
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, estuvo reunido con la mesa directiva de la corporación para analizar este proceso. La conclusión es que no se advierten irregularidades.
 
En consecuencia, dos uniones temporales y un consorcio son los oferentes clasificados y sus ofertas están siendo calificadas por una junta de licitación.
 
Se trata de la Unión temporal Equirent-Renting, la Unión temporal SAV y el Consorcio Vise-Sims. Una de ellas será la encargada de rentar los vehículos a los representantes a la Cámara. Las ofertas están entre 64.000 y 69.000 millones de pesos.
 
La decisión recae sobre el director administrativo de la Cámara, Jairo Jaramillo, quien fue escogido el pasado 20 de julio de 2010 por la plenaria de la corporación. La mesa directiva, presidida por Zuluaga, anunció que actuará como veedor del proceso.
 
Por eso, Carlos Alberto Zuluaga, en una conferencia de prensa donde anunció que la licitación sigue en firme, no ocultó a los medios de comunicación que “se puede jugar el pellejo”.
 
“Aspiro que el señor administrativo siga manejando este proceso con toda la transparencia y con toda responsabilidad, porque está en juego la credibilidad de la Cámara de Representantes”, admitió Zuluaga.
 
¿Por qué la Cámara sigue con el proceso?
 
Julio Jaramillo, el único facultado por la ley para contratar a nombre de la Cámara de Representantes, explicó que el valor total del proceso es de 71.600 millones de pesos, que se han presentado dos uniones temporales y un consorcio que arrendarían los vehículos por un tiempo de 43 meses.
 
Los tres oferentes, dijo Jaramillo, vienen siendo evaluados “en el cumplimiento de los requisitos y en sus propuestas, que van desde 64.622 millones, la menor, hasta 69.319 millones la mayor.
 
El director administrativo de la Cámara dijo que el ganador de la licitación tendrá un plazo de cuatro meses para entregar los vehículos.
 
Para la mesa directiva de la Cámara entre comprar vehículos para los representantes y alquilarlos hay un ahorro de aproximadamente 4.000 millones de pesos durante los mencionados 43 meses.
 
Las advertencias de la Contraloría

La decisión adoptada por la Cámara de Representantes fue sorpresiva. Sobre todo porque la Contraloría, que acompañó el proceso en el marco de un convenio con el presidente del Congreso, senador Armando Benedetti, envió varias notificaciones en las que advertía sobre presuntas irregularidades.

La Contraloría primero cuestionó que “los posibles oferentes fueran los mismos para las dos licitaciones”, tanto de Senado como Cámara, lo que hace que exista “el riesgo de que la propuesta ganadora sea la misma en las dos corporaciones y que se habilite teniendo en cuenta la misma capacidad de contratación”.

La contraloría también explica que no existe entre la documentación un análisis histórico de los costos de mantenimiento y demás gastos de los vehículos blindados, con los cuales cuestionó el monto y la calidad de los vehículos que el Congreso alquilaría: “No se evidencia análisis cuidadoso en la justificación del costo y alcance de la interventoria que se va a contratar”.
 
¿Por qué Senado revocó el proceso?

Aunque la semana pasada el presidente del Senado había suspendido el proceso, en la tarde del lunes 24 de enero decidió revocarlo definitivamente. El senador Armando Benedetti le explicó a Semana.com en qué sustentó su decisión.
 
Primero aclaró que son diferentes los procesos, en Senado y en Cámara, y por eso las decisiones opuestas.

Para Benedetti, el proceso que se adelantaba en el Senado era “falto de transparencia”. “No quiere decir corrupto, pero a veces la falta de transparencia puede desencadenar en corrupción”.
 
El presidente del senado dijo que según el proceso que se adelantaba en el Senado, se establecía que el ganador debería entregar en un lapso de 60 días los 110 vehículos blindados. “Pareciera que esa condición dirigía el proceso de licitación”

Benedetti dijo que si bien rentar los carros sería más económico para el Senado, el actual momento por el que atraviesa el país “es inconveniente” para un contrato de 70 mil millones de pesos.
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