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Tomás y Jerónimo Uribe dijeron este martes que las ganancias de la zona franca las invertirían en obras sociales.

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Senado debate si los negocios de los hijos del Presidente fueron éticos

La oposición acusó a integrantes del gobierno de cambiar el uso del suelo, aprobar una zona franca y ampliar una vía para favorecer un negocio de Tomás y Jerónimo Uribe. Con documentos en mano, los funcionarios del gobierno dijeron que todas las decisiones del caso fueron legales y normales.

César Paredes
13 de mayo de 2009

Seis horas duró el debate de control ético citado por la oposición, que buscaba que funcionarios del gobierno explicaran si con sus decisiones favorecieron negocios de los hijos del presidente Álvaro Uribe. El debate, que terminó a la media noche de este martes, se surtió en la plenaria del Senado.
 
Los hijos del Presidente, quienes no se presentaron al debate, han sido cuestionados porque unos territorios de su propiedad, ubicados en el municipio de Mosquera, se valorizaron grandemente luego de que los funcionarios de gobierno los declararan zona franca. Obras de infraestructura como la ampliación de una calzada aledaña a la zona franca -la vía a Facatativa-, y el paso del tren de cercanías también incrementan el valor de estos predios.

La oposición se concentró en demostrar que los funcionarios del gobierno tomaron decisiones para favorecer el incremento de los precios del lote que compraron los hijos del Presidente, al declararlos zona franca y realizar varias obras´públicas que los favorecían.

En su argumentación los senadores de la oposición denunciaron que los hijos del Presidente, Tomás y Jerónimo Uribe y los integrantes del gobierno presuntamente incurrieron en los delitos de cohecho, prevaricato y tráfico de influencias.

Los funcionarios del gobierno citados eran el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; el Ministro de Comercio Exterior, Luis Guillermo Plata; el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego y Néstor Díaz, director de la DIAN.

El senador del Polo, Jorge Robledo, quien fue uno de los citantes, comenzó diciendo “este es un debate ético y moral. Pero también hay un debate legal”. Robledo denunció que el enriquecimiento de los hijos del Presidente, Tomás y Jerónimo no se debió a su actividad comercial sino a las decisiones de los funcionarios del gobierno encargados de aprobar la solicitud de declarar una zona franca.

Dentro de su argumentación Robledo reiteró lo que ha denunciado el columnista Daniel Coronell: que la Zona Franca de Occidente, nombre que adquirió la sociedad, no había sido constituida legalmente cuando se radicó la solicitud para que los territorios fueran declarados zona franca. “La Fiscalía tendrá qué investigar si hubo o no una violación a la Ley”, por parte de los funcionarios del gobierno dijo.

El senador del Polo también calificó de curioso el hecho de que en las escrituras del predio adquirido por los hijos de Uribe decía que media 34 hectáreas, pero que en realidad media 59, lo cual cambia la valoración del metro cuadrado.

En otro de sus apartes Robledo dijo que el aumento del precio del suelo, que según Coronell pasó de 34 millones de pesos a 3 mil millones, era producto de “la actividad especulativa del suelo”.

También dijo que era muy diciente el hecho de que los hijos del Presidente hubieran decidido dedicar las utilidades de la zona franca a obras de inversión social. Según Robledo, si fuera tan transparente el trámite los hijos del Presidente no debían renunciar a las ganancias de un negocio legítimo.

Al final, el senador del Polo leyó un derecho de petición en el que le solicitó al Presidente que respondiera dos preguntas: si sabía que sus hijos hacían parte de la sociedad que solicitó la creación de la zona franca y si les pidió a los funcionarios de su gobierno que se declararan impedidos para estudiar esta solicitud. Según la comunicación el Presidente respondió que el asunto era competencia de sus hijos.

“No señor Presidente, esto no es el Ubérrimo, esta es la República de Colombia”, dijo Robledo.

En el mismo sentido la senadora Cecilia López, del Partido Liberal, dijo que el debate era de ética pública. La senadora dijo que los hijos del Presidente han sido “empresarios de la política”. Al cierre de su intervención adujo que los hijos del Presidente sí tenían derecho de hacer negocios, pero que lo que no podían hacer era enriquecerse con las decisiones de los funcionarios del gobierno. “El negocio de los hijos del Presidente no puede seguir adelante”, concluyó.

El primero en defender la actuación de los funcionarios del gobierno fue el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Comenzó diciendo que el debate era político y que tenía la intención de desprestigiar a los familiares del Presidente y a los funcionarios de su gobierno.

“La Ley es el único standard para decir si el funcionario público cumple con lo que le designó la sociedad”, dijo Zuluaga. Luego arremetió contra la oposición y le inquirió si era la dueña de la interpretación de lo que era ético o no. “La ética es la Ley”, dijo Zuluaga, con lo que pasó a argumentar que las infracciones eran el único rasero para decir si hubo o no una falta ética. “Un funcionario no está para interpretar la Ley sino para cumplirla”, sentenció. Y reiteró: “no son socios los hijos del Presidente de la Zona Franca de Occidente”.
 
La declaración sorprendió a los asistentes pues el objetivo del debate era que quedara claro el vínculo de los hijos de Uribe con la Zona Franca de Occidente. 

El Ministro Luis Guillermo Plata explicó los beneficios de la creación de las zonas francas. Dijo que en Colombia se habían creado 48 zonas francas que están comprometidas a crear 42 mil empleos y que su objetivo era atraer la inversión extranjera. Adujo que la inversión extranjera según Fedesarrollo ha impactado en el 1 por ciento el PIB.

Asimismo, el director de la DIAN, Néstor Díaz, expuso cuales eran los requisitos para la aprobación de una zona franca y argumentó que la Zona Franca de Occidente se creó cumpliendo con todos. El Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, dijo que la ampliación de la doble calzada Bogotá-Facatativá era una obra planeada desde mucho tiempo atrás, que hacía parte del plan para asegurar que todas las entradas a Bogotá tuvieran doble calzada. Como evidencia mostró documentos con los compromisos adquiridos desde mucho antes de que existiera la petición de la ZFO. En el mismo sentido defendió todos los proyectos de infraestructura que ejecuta el gobierno.

“Solo mentes retorcidas pueden encontrar intereses oscuros en la ampliación de la calzada”, dijo Gallego.

El senador Gustavo Petro del Polo, quien habló al final del debate, explicó por qué la ampliación de la calzada, que fue una decisión pública que según él fue tomada después de que los jóvenes Uribe compraron el terreno, valorizó el lote en el que está la zona franca. Sintetizó, “tres decisiones públicas valorizaron el terreno: Cambiar el uso del suelo, crear la zona franca y ampliar la calzada”.

Petro advirtió que los hijos de Uribe debían pagar un impuesto de plusvalía por el valor que adquirió el lote por las decisiones de los funcionarios del gobierno. Y denunció que la Alcaldía de Mosquera no ha cobrado ese impuesto que le pertenece a los habitantes de ese municipio.