Senado no amplía fuero militar para combatir a las 'bacrim'

La reforma para regular el fuero militar le llegó a la Comisión Primera del Senado en un contexto complejo. Las más recientes noticias sobre el conflicto han dado cuenta de secuestros (como el del periodista francés Roméo Langlois), actos terroristas (la bomba contra un exministro, cuya autoría el Gobierno aún no descarta que sea de las FARC) e incursiones y hostigamientos guerrilleros (12 soldados muertos en La Guajira).
 
Un día antes de la aprobación del tercer debate del proyecto, el presidente Juan Manuel Santos les ordenó a las Fuerzas Armadas redoblar su ofensiva contra la subversión.

Precisamente, las Fuerzas Militares le han venido reclamando al Gobierno mayor seguridad jurídica para adelantar una ofensiva contra los grupos ilegales, y por eso el ministro de Defensa le ha pedido al Congreso "ajustes" a la Constitución para generarle "mayor tranquilidad" al accionar de los uniformados.

Pero durante el tercer debate de la iniciativa, el Senado abrió otra discusión. Para varios congresistas el proyecto sobre el fuero militar (o la reforma a la justicia penal militar) sólo permitiría regular la estrategia armada contra las guerrillas, pero sin ocuparse de otro tipo de "amenazas".

En el debate, el senador Juan Carlos Vélez Uribe (La U) no quiso ocultar una preocupación: hoy las llamadas bandas criminales "están ejerciendo control territorial en algunas regiones", y la capacidad del Estado para enfrentarlas "se aprecia insuficiente".

Por eso, Vélez propuso que la Constitución colombiana incorporara un "marco jurídico" para que las Fuerzas Armadas enfrentaran a las 'bacrim' "con la misma contundencia" que lo hacen contra las FARC.

Ese marco no es otro que aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no sólo para los actores ilegales del conflicto, sino ampliarlo hasta para el crimen organizado.

Según Vélez, hoy las bandas criminales sólo pueden ser combatidas como delincuentes comunes, "como si se tratara de apartamenteros". Por ejemplo, no pueden ser blanco de ataques militares, ni bombardeos. Son objetivo policial, pero la fuerza pública, dice el senador, "carece de la capacidad para enfrentarlas".

Como la reforma al fuero militar busca que la justicia ordinaria no conozca de violaciones al DIH, el marco en el que se concentra la acción militar contra la guerrilla, se pretendía aplicar la misma legislación para combatir al crimen organizado.

Vélez argumentó que hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja, y los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, no se oponen a que se combatan fuerzas ilegales "organizadas y de alta peligrosidad". Las 'bacrim', dijo el congresista, reúnen esas dos condiciones.

Aunque el autor de esa propuesta había advertido que su iniciativa "recogía un reclamo de las Fuerzas Militares", fue el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien se opuso a que su reforma a la justicia penal militar incluyera este capítulo que ampliara el fuero militar para facilitar una estrategia contra las bandas criminales.

Pinzón les pidió a los parlamentarios que no aprobaran esa proposición y, como argumento, dijo que el Estado ya cuenta con normas que permiten combatir a las 'bacrim'. Entre ellas, mencionó el ministro las recientes reformas al código penal y al Sistema Penal Acusatorio.

El año pasado, y por reclamo del Gobierno, el Congreso aprobó un conjunto de normas que aumentaban las sanciones y hasta el procedimiento judicial contra delitos típicos de los integrantes de las bandas criminales. Normas que están contenidas en la ley de seguridad ciudadana, que precisamente fue tramitada en el Congreso con el objetivo específico de combatir a los miembros de estas organizaciones.

La Comisión Primera del Senado decidió acoger la posición del Gobierno y rechazar la propuesta. El senador Roberto Gerlein (P. Conservador) dijo que si el gobierno no lo está pidiendo, para que le vamos a entregar ese instrumento.

En una cerrada votación, ocho senadores rechazaron la propuesta de Vélez y sólo cinco la respaldaron.

¿Por qué las FF.MM. no pueden combatir a las ‘bacrim’?

La ley de víctimas, aprobada por el Congreso el año pasado, fue la primera ley colombiana que reconoció la existencia de un conflicto armado interno.

Esta ley, al definir el universo de víctimas, reconoció como actores ilegales de ese conflicto a las guerrillas de las FARC y el ELN. Excluyó a las bandas criminales, pese a que tienen una estructura armada, con el argumento de que su origen no tenía carácter político.

Eso llevó a que la ofensiva del Estado contra esta modalidad criminal se circunscribiera al código penal, pero sin la misma ofensiva que la legislación sí le permite enfrentar a las guerrillas.

Fuero militar supera tercer debate

El proyecto de reforma a la justicia penal militar superó el tercero de los ocho debates que necesita para su promulgación. La iniciativa pretende definir cuáles conductas cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas serán de conocimiento de la justicia penal militar y cuáles de la justicia ordinaria.

Según lo aprobado este martes por la Comisión Primera del Senado, la justicia penal militar sólo conocerá las infracciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras tanto, la justicia ordinaria conocerá de las conductas de los militares que constituyan crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, y reclutamiento o uso de menores.

La Comisión Primera del Senado también decidió crear una comisión mixta, integrada por magistrados de la justicia ordinaria y fiscales de la justicia militar, que se encargará, de forma excepcional, de conceptuar cuando se produzcan conflictos de competencia entre ambas jurisdicciones.

La Comisión Primera también decidió elevar a rango constitucional la disposición de que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en este tipo de delitos paguen sus condenas en cárceles especiales. Y si no las hay, en las unidades militares a las que estuvieron adscritos.