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| 12/14/2010 12:00:00 AM

Senador de Cambio Radical le salva a Vargas Lleras el estatuto anticorrupción

Bernabé Celis fue el senador que le quito un peso de encima a su antiguo jefe político. Su voto permitió que el proyecto mantuviera su trámite.

Aunque este martes la plenaria del Senado le dio trámite al estatuto anticorrupción, al aprobar en segundo debate el proyecto, esta iniciativa le siguió dando dolores de cabeza al ministro del Interior Germán Vargas Lleras.
 
A los ocho impedimentos que aprobó la plenaria, el Ministro tuvo que luchar contra la inasistencia, justificada o no, que se acercó al 50 por ciento de los congresistas. Estas dos circunstancias estuvieron a punto de entorpecer el trámite del proyecto.

Estos obstáculos sucedieron en la noche del lunes, cuando la plenaria decidió aprobar en bloque el 90 por ciento del proyecto que salvaría su trámite. Con el quórum en sus justas proporciones, Vargas Lleras tenía que sumar 51 votos para que el estatuto anticorrupción pasara a la Cámara de Representantes y su aprobación permitiera que el Senado avanzara en su dilatada agenda.

Durante el debate, la bancada del Polo Democrático (que había aprobado el proyecto en primer debate) se enfrentó con el presidente del Senado, Armando Benedetti. Todo porque el senador Luis Carlos Avellaneda quería hacer reparos al proyecto, pero Benedetti dijo que la discusión ya había sido cerrada.

Los ocho senadores del Polo, aduciendo falta de garantías por parte del presidente, se marginaron del recinto. Benedetti dijo que estaba aplicando el reglamento e insinuó que la ausencia del Polo obedecía a “otros intereses”.

Eso también ayudó a la reducción del quórum, que para la hora de la votación, se había reducido a 50 congresistas.

Vargas Lleras necesitaba la mayoría absoluta, la mitad más uno de la plenaria, es decir 51 votos. Y como le faltaba uno sólo, tuvo que coger el teléfono y junto a los asesores del ministerio pescar un solo congresista para salvar el proyecto.

Benedetti dejó abierto el registro por espacio de 50 minutos. Tiempo en el cual el semblante de Vargas Lleras no ocultaba su preocupación. En juego tenía no sólo el futuro del proyecto sino el trámite del resto de la agenda, que necesita que salga aprobada antes de este jueves.

Al cabo de ese tiempo, fue uno de los senadores de Cambio Radical el que tuvo que salvar la suerte del proyecto y de paso quitarle un peso de encima a Vargas Lleras.

El senador Benabé Celis, quien ya se encontraba en el norte de Bogotá, tuvo que devolverse al Capitolio y votar el estatuto anticorrupción. Anecdótico resultó el abrazo con que lo recibió Vargas Lleras antes de acompañarlo a su curul para que votara el proyecto.

El estatuto anticorrupción ha sido el proyecto del Gobierno que mayores dilaciones ha tenido en su trámite. A pesar de que fue el primero que radicó el Ejecutivo, tuvo que esperar mes y medio para su primer debate.

En ese entonces, el choque verbal que sostuvo Vargas Lleras con cuatro senadores conservadores, fue el mayor inconveniente. Ahora, casi a pocos días del final del periodo legislativo, mantuvo su trámite.

Los alcances del proyecto

Más allá del hecho anecdótico, el estatuto anticorrupción, además de eliminar beneficios a corruptos, obliga también a que los sectores privados interesados en los trámites de las leyes en el Congreso puedan participar de los debates, pero de forma pública y transparente.

Manuel Enríquez Rosero, senador de La U y ponente del proyecto, advirtió que “no vamos a dejar cerrada la posibilidad para que aquellos sectores que no han hecho cabildeo tradicionalmente o que eventualmente desearan intervenir ante los congresistas y las bancadas lo hagan”.

Al dar vía libre a esa posibilidad se conocerán públicamente “quiénes son los que están tramitando propuestas y solicitudes ante los congresistas”, según el senador nariñense.

El ministro Germán Vargas Lleras había defendido el cabildeo público y transparente desde que era candidato a la Presidencia. Y como funcionario del Ejecutivo reafirmó la necesidad de “reglar el lobby, para que cualquiera de estos actos frente a la administración pública o el Congreso sean públicos y abiertos”.

Esto significa que aquellas personas que a la sombra orientaban los debates legislativos, deberán acreditarse para intervenir en las discusiones, o por lo menos, para acreditar las gestiones que adelantan para defender algunos de los intereses.

Más allá de estos alcances, el proyecto fue aprobado con amplio debate, y aunque hay aspectos que al Congreso aún no le suenan, serán discutidos en las siguientes instancias del proyecto.

Probablemente esta iniciativa, que fue la primera que presentó el Gobierno de Juan Manuel Santos, pueda convertirse en ley hasta junio de 2010. La Cámara de Representantes, el próximo año, tendrá la palabra.
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