Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/10/29 00:00

"Si Uribe quiere un proceso público, que venga y nos lo pida": Pdte. Comisión de Acusación

El representante Héctor Vergara responde a varias críticas a la Comisión. Aclara por qué no hay un miembro de la oposición y explica que el reparto del proceso contra Uribe no fue amañado.

Héctor Javier Vergara (la U) es el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, encargada de investigar a las grandes dignidades del Estado. Foto: Daniel Reina Romero - SEMANA

El presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Héctor Javier Vergara, reconoce que tiene que cargar la pesada cruz que supone el estigma de la ‘comisión de absoluciones’.
 
Pero asegura que se debe a que, históricamente, las funciones legislativas del Congreso, para hacer sus funciones judiciales, no cuentan con las mismas herramientas que las altas Cortes.
 
Por eso anuncia que los miembros de la Comisión presentarán una reforma a la ley quinta (reglamento del Congreso) para que no haya excusas para cumplir un buen trabajo. Dice que si después de esos ajustes sigue la inoperancia, que los juzguen.
 
También dice que para cambiar la historia hay una comisión renovada. De los quince miembros, diez son “primíparos” en el Congreso.
 
Vergara habló con Semana.com del proceso que se adelanta contra el ex presidente Álvaro Uribe y reiteró que se adelantará bajo reserva.

Semana.com: Hace dos semanas decidieron de oficio investigar al ex presidente Álvaro Uribe por el escándalo de las ‘chuzadas’, pero de inmediato muchos sectores políticos dijeron que allí no iba a pasar nada. ¿Qué responde?

Héctor Vergara: Es necesario que el país sepa que la Comisión de Acusaciones, que tiene que investigar a las máximas dignidades del Estado, está en desventaja y en desequilibrio, por ejemplo, con las altas cortes. Esta Comisión no tiene ni ha tenido históricamente ni los medios ni las herramientas para producir fallos ágiles, fallos acordes a la expectativa de la opinión pública. Pero en este caso estamos tomando decisiones autónomas y serán los representantes investigadores los que determinen las responsabilidades.

Semana.com: La próxima semana entregará versión Martha Leal, que se ha convertido en pieza clave de las investigaciones, ¿qué más testigos vendrán a declarar en el proceso?

H.V.: Además de la Martha Leal ya se pidieron los expedientes de la Fiscalía y la Procuraduría. Será competencia de los representantes investigadores a quienes se repartió el proceso determinar quiénes serán llamados. Pero la Comisión decidió citar a versión libre a todas las personas que conduzcan a determinar responsabilidades y que impere la justicia.

Semana.com: ¿Qué decir a los que sostienen que la comisión “está blindada” para beneficiar al ex presidente Álvaro Uribe?

H.V.: La integración de la comisión está ajustada a la ley. El reglamento del Congreso, en su artículo 311 establece que la conformación es por el sistema de cociente electoral. Según ese sistema, los partidos que obtuvieron las máximas votaciones son los que tienen derecho a un mayor número de cupos en todas las comisiones del Congreso. La U obtuvo el mayor número de curules y tienen el derecho de tener mayor representación, lo dice la ley.

Semana.com: El Polo Democrático dice que la coalición de Gobierno los dejó sin asiento en la comisión. ¿Qué les responde?

H.V.: Respeto mucho las opiniones de los partidos que se declararon en oposición. Sugiero que sean consultados los compromisarios de esos partidos, quienes en su momento establecieron alianzas interpartidistas para lograr cocientes electorales colectivos. Que ellos revelen cómo, internamente, hicieron sus propios acuerdos para integrar las comisiones en el congreso.

Semana.com: También cuestionan que sean miembros de La U, el Partido Conservador y el PIN quienes investiguen a Uribe. ¿Por qué no hay un miembro del Partido Liberal que ejerció oposición al ex presidente?

H.V.: La ley dice que el reparto de los procesos es discrecional del presidente de la Comisión, pero teniendo en cuenta la notoriedad del proceso, y con el propósito de brindar un parte de garantía, decidimos hacer un sorteo. Metimos los nombres de todos los representantes en un sobre y al azar, con testigos, salieron elegidos los nombres de los tres investigadores para llevar la investigación de Uribe. Alfredo Bocanegra (Conservador), Augusto Posada (La U) y Heriberto Escobar (PIN). Eso fue adjuntado al expediente.

Semana.com: El ex presidente Uribe, primero por ‘twitter’ y ahora a través de declaraciones de su abogado, ha pedido investigación pública. ¿Se levantará la reserva?

H.V.: Si quiere que sea pública que venga a la comisión y lo diga. El articulo 332 de la Ley Quinta establece que las investigaciones son públicas para los presidentes en ejercicio. Esta investigación es a un ex presidente, así que debemos obedecer la ley y debemos adelantar la investigación bajo reserva.

Esa es la única alternativa. Que Uribe venga y lo pida, pero de manera formal, a través de un memorial dirigido a la comisión donde él expresamente renuncie a la reserva. Una vez se produzca eso no tendríamos inconveniente de que las investigaciones sean públicas. Pero que no lo diga en twitter, y lo haga bajo la gravedad de juramento.

Semana.com: Se habla de la posible apertura de expediente contra el magistrado José Alfredo Escobar Araújo por presuntas relaciones con Giorgio Sale. ¿Por qué ese proceso no avanza y no se ha escuchado la versión de Sale en Italia?

H.V.: Teniendo en cuenta que debe existir celeridad es nuestro deber adelantar las diligencias judiciales correspondientes. Pero la Ley Quinta dice que la plenaria de la Cámara debe aprobar los viajes para adelantar asuntos legislativos en el exterior. La Comisión le ha pedido a la mesa directiva de la Cámara que autorice los recursos para adelantar las diligencias, sin que esto tenga que pasar por votación de plenaria. Se trata de asuntos judiciales. Al existir este vacío en la Ley nosotros vamos a acogernos a lo que establece el Código Penal. Antes de producir una sentencia debemos practicar las pruebas y que se rindan los testimonios que haya lugar.

Semana.com: ¿Qué necesita la Comisión para quitarse el lastre de ser la 'comisión de absoluciones'?

H.V.: Repito, la Comisión de Acusaciones está en desventaja frente a las altas Cortes. No tenemos una estructura organizativa, administrativa y judicial como sí la tienen otras Cortes del país. Necesitamos de un apoyo jurídico, ¿Cómo es posible que antes del primero de octubre los investigadores no teníamos ni siquiera un abogado de apoyo, un abogado auxiliar, para adelantar las diligencias y las gestiones pertinentes para cada proceso? Los actuales miembros encontramos un acumulado de mil procesos, correspondientes a años anteriores.

Semana.com: ¿El problema se reduce a presupuesto?

H.V.: El problema es de la Ley Quinta, insisto. La ley que dice cómo funciona el Congreso no nos da herramientas para hacer lo que nos obliga la Constitución.

Semana.com: ¿A qué herramientas se refiere?

H.V.: Reclamamos una estructura similar, pero menos robusta, que la Sala Penal de la Corte. Es que no estamos investigando a cualquier ciudadano del común, investigamos a los más granado del derecho que son los magistrados, al Fiscal general, al Presidente. Los representantes no tenemos cómo salir con una decisión igual o superior a la de los altos magistrados. Y mientras ellos tienen tres magistrados auxiliares nosotros tenemos un asesor para todos los 15 representantes.

Necesitamos asesores de las mismas calidades de magistrado auxiliar, que tenga la idoneidad. Los magistrados se reúnen con sus auxiliares y sus fallos son jurisprudencia. Acá debemos sacar fallos de esa trascendencia, pero con abogados de tres o cuatro millones no podemos brindar la proyección constitucional, penal, jurídica para producir un fallo del derecho que nos permita evaluar la prueba. Necesitamos expertos y nuestro presupuesto solo alcanza para practicantes de Derecho.

Semana.com: ¿Cómo van a pedir las herramientas?

H.V.: Vamos a presentar un proyecto de ley que reforme la ley quinta y esperamos que el Congreso la respalde. La calidad de la administración de justicia por parte del Congreso depende en gran medida de ese proyecto porque partirá en dos la historia del ejercicio judicial. Si la Comisión de Acusaciones, luego que se le asignen las herramientas, no es capaz de hacer un buen trabajo, entonces apague y vámonos.

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