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| 7/11/2011 12:00:00 AM

Siete retos que le esperan a Juan Carlos Esguerra

Según la reforma del Estado, el Ministerio de Justicia ocupará el cuarto lugar en jerarquía. Más allá de la reforma a la justicia, el nuevo ministro tendrá en sus manos objetivos trascendentales para el Estado.

Juan Carlos Esguerra, quien fue ministro de Defensa durante parte del gobierno de Ernesto Samper (1995 - 1997), fue designado nuevo ministro de Justicia. La cartera, que se separará del Ministerio del Interior en los próximos días, supone para el nuevo ministro retos numerosos y muy concretos.

Esguerra, especialista en derecho administrativo y derecho constitucional, es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socioeconómicas, y maestría en Derecho de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Dice que tiene “enormes ganas de trabajar”, especialmente en las causas que, a su juicio, más conoce: “la justicia y el derecho”.

Entre los más complacidos con su designación está el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien se liberará de varias funciones con esta designación. Otro, el jefe del liberalismo, Rafael Pardo Rueda, partido que tras 12 años de oposición, volverá a tener representación en un gabinete ministerial.

Según la reforma del Estado, el Ministerio de Justicia ocupará el cuarto lugar en la jerarquía ministerial (después del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores). Esa importancia le supone a Juan Carlos Esguerra afrontar estos siete retos.

La descongestión y el acceso a la justicia

Los ajustes al aparato judicial suponen el principal e inmediato objetivo del nuevo ministro.

Con la reforma a la justicia el Gobierno se traza dos propósitos: hacer más accesible la justicia a los ciudadanos y la descongestión de la rama.

Según la rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura, hasta diciembre del 2010, de 2.626.242 procesos, 1.040.380 no se han resuelto. Una congestión cercana al 50 por ciento.

Para afrontar estos temas, Esguerra tendrá que valerse de varios instrumentos legales, algunos hoy cursan como proyectos en el Congreso: el Código General del Proceso, la reforma a los jueces de paz, el Estatuto Arbitral que según el actual titular de la cartera, el ministro Germán Vargas Lleras, son instrumentos que ayudarán a la descongestión de los despachos en todas las jurisdicciones.

Y en cuanto al fácil acceso, el nuevo ministro deberá instrumentar la política de descentralización de la justicia, una idea que viene del gobierno anterior y que aún no se ha materializado, que consiste en dividir por centros de servicio judicial a las ciudades con más de 100.000 habitantes, según le explicó a Semana.com el exviceministro de Justicia Guillermo Reyes.

Este lunes, luego de ser designado, Esguerra también dio su propio diagnóstico de la congestión judicial y aseguró que en buena parte los abogados “hemos sido” la causa de este problema.

“Algunos abogados son también culpables de la congestión judicial porque creen que en eso, en la congestión y la dilación, está la verdadera defensa de los intereses de sus clientes”, dijo Esguerra al invitar a las facultades de Derecho a depurar a sus alumnos y al actual Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas disciplinarias.

El Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha dicho que tiene presupuesto para nombrar un gerente que ayude a descongestionar la rama.

El consenso de la reforma a la justicia

Está previsto que la reforma hará varios ajustes a la estructura de la rama y tocará temas muy controvertidos para las altas cortes, Esguerra tendrá la misión de encontrar los máximos consensos con los magistrados.

Temas neurálgicos que tendrá que negociar con ellos son la reglamentación de la tutela (que ponga fin a los frecuentes ‘choques de trenes’ por cuenta de tutelas contra sentencias judiciales); la función electoral de las altas cortes (el Gobierno propone eliminar las competencias en la elección de procurador y contralor general, y que sea la Corte Suprema la que terne al Fiscal general para que lo designe el presidente de la República); y la reforma a las investigaciones y juicios contra funcionados aforados (congresistas y magistrados).

El Gobierno ya anunció que aunque intentará los máximos consensos con las altas cortes, la reforma se tramitará “sí o sí” a partir del 20 de julio en el Congreso de la República.

Allí, el nuevo ministro también tendrá que buscar los consensos entre los partidos políticos, aunque esa función principal le corresponde al ministro del Interior.

La reforma a la justicia ha sido quizá la asignatura pendiente tras la Constitución de 1991. Desde cuando se intentaron los ajustes, en el año 2002, ningún ministro del Interior y de Justicia ha conseguido sacarla adelante en el Congreso. Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia Cossio, encargados del Interior y la Justicia, no consiguieron los mínimos consensos.

La apuesta del presidente Santos es que dos ministros por fin la consigan. A favor de Esguerra: ha sido, como asesor del Gobierno, una de las personas más empapadas en el tema.

Interlocución con la rama judicial

El nuevo ministro de Justicia será el encargado de la interlocución entre el poder ejecutivo y el judicial. Aunque el actual gobierno recompuso las relaciones con la rama judicial -maltrechas por las confrontaciones públicas del gobierno Uribe-, Juan Carlos Esguerra deberá mantener el actual ambiente, que está soportado en la no confrontación de decisiones judiciales por parte del Gobierno.

Pero en la interlocución, el reto para Esguerra, según Guillermo Reyes, es que el ministerio vuelva a ser el verdadero interlocutor de la rama, una situación que ha estado en manos del ministro del Interior de turno, pero como una de sus tantas funciones.

En este sentido, el nuevo ministro tendrá que defender las inquietudes de la rama judicial, especialmente en cuanto a su autonomía presupuestal.

Han sido reiterados los llamados de atención de los presidentes de las altas cortes sobre que los verdaderos problemas de la justicia no sólo pasan por su falta de presupuesto, también por la autonomía en la materia. Una inquietud que han reiterado las cortes en sus recientes encuentros con el presidente Santos.

Por eso, Esguerra tendrá que defender un aumento de presupuesto que tenga que ser incluido por el Ministro de Hacienda en los proyectos presupuestales que cada año le corresponde presentar al Gobierno, así como los proyectos y leyes vigentes que a través de impuestos (caso del arancel judicial) permitan recaudar fondos exclusivos y autónomos para la rama judicial.

Justicia transicional y fortalecimiento de la Fiscalía

Juan Carlos Esguerra también tendrá que ocuparse del proceso de justicia y paz que permitió la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales y que, en cinco años de aplicación, aún tiene fallas estructurales como lo ha alertado, recientemente, la Comisión de Paz del Congreso de la República.

Una reforma a la ley de justicia y paz, especialmente en los términos de su vigencia, para que no sean excarcelados algunos de los desmovilizados cobijados con esa ley antes de cumplir con sus compromisos de verdad y reparación.

También, la reforma a este mecanismo de justicia transicional se deberá adaptar para que miembros de grupos ilegales puedan acogerse y desmovilizarse, pues actualmente la ley señala que no se beneficiarán quienes dejen las armas después del 2005.

El ministerio de Justicia tendrá, en su nueva estructura, precisamente un viceministerio de justicia transicional.

El exviceministro Guillermo Reyes también advierte que Esguerra deberá ocuparse del fortalecimiento de la Fiscalía, y no sólo para este proceso. Son retos el aumento de personal de algunas unidades especiales de la Fiscalía que tienen acumuladas numerosas investigaciones, una de ellas la de Justicia y Paz, que de casi 3.000 investigados, sólo ha conseguido la condena de cuatro desmovilizados.

Diseño de la Política Criminal

El Gobierno, según la Constitución, es el encargado de liderar y diseñar, junto con las demás entidades del Estado, la política criminal. Está será una misión encomendada de forma exclusiva al ministerio de Justicia.

Se trata del diseño de las estrategias legales, como política de Estado, para enfrentar el crimen y el delito.

Según el senador Jesús Ignacio García (liberal), una de las peores consecuencias de la fusión de los ministerios en el 2002 fue que el diseño de esta estrategia careció de líder y doliente.

Por eso, dice el congresista, Colombia hoy no tiene clara su política criminal, pues, décadas atrás, en el país se había privilegiado un derecho penal laxo, en donde primaban mecanismos jurídicos como la rebaja de penas, el principio de oportunidad, a cambio de la confesión y la colaboración con la justicia.

Esa política facilitó procesos de desmovilización con paramilitares o la lucha contra los carteles del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90.

Pero la falta de una política criminal coherente, dice García, permitió que hoy se privilegie el camino del endurecimiento de las penas, en una especie de “populismo punitivo”, para cualquier caso de delito. Casos como los proyectos de elevar penas a conductores ebrios, o hasta imponer cadenas perpetuas a violadores, son iniciativas que demuestran que no hay política criminal clara.

El nuevo ministro de Justicia será el encargado de orientar este tema y definir si el Estado escoge la vía del derecho penal laxo o los sustituye por uno más drástico. “El ministerio de Justicia deberá recuperar ese papel protagónico del Gobierno en la política criminal del Estado”, dice Guillermo Reyes.

Fin a la corrupción

Algunas instituciones que han atravesado por irregularidades y corrupción y adscritas al Ministerio del Interior pasarán a la jurisdicción de la cartera de justicia.

Luego de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el ministerio de Justicia asumirá las funciones del diseño de la política contra las drogas.

Esguerra tendrá que impulsar en el Congreso el nuevo código de estupefacientes, un proyecto que pretende actualizar la Ley 30 de 1986, y que, según lo anunció el ministro Germán Vargas Lleras, también será presentada después del 20 de julio.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que también será objeto de reformas, pasará a la jurisdicción de la justicia. Por eso, Esguerra deberá impulsar no sólo la reforma administrativa de esta institución, también el nuevo código penitenciario y carcelario, un proyecto de ley que también será abordado por el Congreso.

Defensa de la Nación

Y de no menos trascendencia, Juan Carlos Esguerra deberá a orientar la estrategia del Gobierno para la defensa jurídica de la Nación.

Un reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia señala que las pretensiones económicas en las demandas contra el Estado han oscilado entre 63 billones y 129 billones de pesos durante los últimos cuatro años, siendo el 2007 en el que alcanzaron su monto inferior y el 2009 cuando llegaron al punto máximo.

Este estudio se hizo excluyendo un proceso que cursa actualmente contra el Ministerio de Agricultura (iniciado antes del año 2006), cuyas pretensiones alcanzan los 594 billones de pesos, cifra que incluso supera la totalidad de los activos del Estado colombiano, calculados en 320 billones de pesos para junio del 2010, según le explicó a Semana.com el exviceministro de Justicia Guillermo Reyes.

El Gobierno, en la reforma al Estado, creará la Agencia de defensa Jurídica de la Nación, que estará bajo la orientación del ministro de Justicia. Reyes dice que Esguerra será el encargado de crear este equipo que debe tener a abogados litigantes de altas capacidades, muy bien remunerados y que logren cambiar la idea de que las demandas contra la Nación son causa perdida para el Estado.
 
Lo que tiene por delante Juan Carlos Esguerra es trabajo. Muchos expertos advierten que las funciones que tendrá el nuevo ministerio de la Justicia demuestra que fue un error haber fusionado sus competencias con la cartera del Interior. 
 
 
 
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