Siguen los pulsos políticos en torno a la ley de víctimas

Era lunes 27 de septiembre de 2010. El presidente Juan Manuel Santos, en un acto sin precedentes, camina hacia el Congreso a radicar el proyecto de ley de víctimas. Lo califica como el proyecto bandera de su Gobierno y advierte que la iniciativa “no tiene tinte político”, con el único propósito que su discusión no genere “confrontaciones partidistas” entre la coalición de la ‘Unidad Nacional’.
 
Cinco meses después, cuando el proyecto sólo ha superado dos de cuatro debates, las inevitables “confrontaciones partidistas” han sido piedra en el zapato para que aún no se convierta en ley de la República.
 
Este lunes, 28 de febrero de 2011, la ponencia para el tercer debate debía ser radicada. Era el ‘plazo máximo’ que el Gobierno le había dado a los ponentes, pues las sesiones extras del Congreso ya pasaron su ecuador, y la ley de víctimas nada que arrancaba.
 
Pero no hubo ponencia, porque de los seis senadores ponentes el del partido de La U, Roy Barreras, aún no había estampado su firma. Y no lo hizo con un argumento. La bancada de senadores del partido, la más numerosa del Congreso, tiene que discutirla antes de firmarla.
 
Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes y miembro del Partido Liberal (que se declara el autor del proyecto), se abstuvo de radicar la ponencia a sugerencia del Gobierno. Argumenta que lo hace para evitar “mayores pulsos políticos”.
 
El ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, de forma pública, le dio un nuevo plazo “de 24 horas” al Partido de La U para que discutiera el proyecto. Y este martes, con firma de La U o no, se radicará el texto que será la base de la recta final del proyecto.
 
Por eso, es inevitable que La U aparezca ante la opinión pública como ‘el palo en la rueda’ del proyecto. Juan Lozano, presidente de este partido, ha reiterado que respaldan la ley de víctimas pero que todos los proyectos en el Congreso los están concertando como bancada.
 
El senador Roy Barreras dice que él, como ponente, tiene la obligación de concertar el proyecto y el derecho de comunicarle a su partido las nueve modificaciones incluidas en la ley.
 
La ley de bancadas, explica Lozano, obliga a los partidos políticos a hacer debates internos sobre los proyectos y a llevar sus posturas definidas antes de las ponencias y debates. “La U ha sido el partido más disciplinado en esa dinámica”, dice.
 
Juan Fernando Cristo, aunque respeta el procedimiento interno de La U, tiene otra lectura. Y en rueda de prensa manifestó que Roy Barreras pidió aplazar la radicación de la ponencia en cuatro oportunidades. Y aclaró que ese partido suscribió un compromiso de acompañar el proyecto.
 
Pero detrás de la ley de víctimas hay algunas cosas que no comparte La U. Además de los acuerdos en torno a la restitución de tierras, la creación de una Agencia Presidencial que se encargué de la atención y reparación a las víctimas es una de las salvedades que tiene Roy Barreras.
 
Según el texto aprobado en la Cámara de Representantes sería la agencia Acción Social, cuyo programa bandera es Familias en Acción, una política que ha defendido el Partido de La U, la que se encargaría de reparar a las víctimas. Pero una modificación en la ley de víctimas le quitaría a Acción Social su competencia sobre los beneficiarios de la ley, algo en lo que insisten los liberales y a lo que se oponen en La U.
 
Este martes, La U concertará de forma interna el proyecto. A las cuatro de la tarde el Gobierno espera tener ponencia. Con la firma de La U o sin ella.