Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2010/01/19 00:00

¿Sin trasmisión de consejos comunitarios, hay garantías electorales?

La decisión de no trasmitir los actos de gobierno es un simple formalismo del presidente Uribe para poder participar en las elecciones. Pero falta ver si la Corte Constitucional avala el referendo reeleccionista.

El Presidente Uribe decidió no trasmitir más los consejos comunitarios, pero esta decisión no es suficiente garantía para la participación política de otros candidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño.

Hasta el próximo sábado se transmitirán los consejos comunales del gobierno. Así lo decidió el presidente Álvaro Uribe como una muestra de que acata las recomendaciones del Procurador General, Alejandro Ordóñez , quien tras emitir su concepto favorable al referendo reeleccionista le pidió que se “acoja a las restricciones y prohibiciones de la Ley de Garantías”.

Aunque para algunos la decisión del gobierno es muestra del compromiso de Uribe con la democracia, para los candidatos es insuficiente a la hora de garantizar la justa competencia por el arribo a la Casa de Nariño. Para los analistas se trata solo de un formalismo.

La Ley de Garantías fue creada en 2005, luego de que el Congreso aprobara la modificación de la Constitución para permitir una segunda reelección. Esta Ley tenía el propósito de garantizar unas condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral, entre quienes gozan del poder del Estado y quienes aspiran desde el asfalto.

La decisión del gobierno de no trasmitir los consejos comunitarios es inocua por varias razones. Lo primero es que ese estatuto no cobija al Presidente, porque aún él no es candidato presidencial. Para que él pueda ser candidato, todavía falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista y la aprobación del mismo en las urnas, -en caso de que el Alto Tribunal diga que la Ley de referendo sí es exequible-.
“Es una lástima que los colombianos no puedan ver a su Presidente los sábados, más, si esa es ha sido su manera de relacionarse con los ciudadanos”, dijo la precandidata conservadora, Noemí Sanín, a Semana.com.

Para la precandidata, la voluntad de Uribe de acogerse a la Ley de Garantías es “inconsecuente, pues la Ley ya no regirá las elecciones de 2010”.

Otra razón que demuestra que la decisión de no trasmitir los consejos comunitarios no tiene ninguna relevancia, es que el anuncio del gobierno se da más de un mes después del plazo que fija la Ley de Garantías para su cumplimiento. Es decir, si el Presidente hubiera querido acogerse estrictamente a la norma, sin estar obligado a hacerlo, debía haber interrumpido la trasmisión de los consejos comunitarios, desde el pasado 30 de noviembre. Pero no lo hizo.

En diciembre Uribe siguió trasmitiendo sus consejos comunitarios, a pesar de que el Procurador Ordóñez ya le había recomendado que no lo hiciera. Sin embargo, fue el propio Ordóñez quien le insistió a Uribe que acatara la Ley. El hecho de que el Procurador vuelva a instar al Primer Mandatario a cumplir con esa norma prevé que Uribe no será ni investigado, ni sancionado por no haberlo hecho antes. Es decir, todo ha sido un mero formalismo.

Sin embargo, la decisión del gobierno envía el mensaje de que Uribe sí quiere su reelección. Así lo cree el analista constitucionalista Juan Carlos Lancheros. “Lo que hace el Presidente es intentar cumplir con la Ley de Garantías, como si ya pudiera ser un candidato. Esto supone una voluntad inequívoca de entrar en las elecciones”, dijo Lancheros a Semana.com.

Para el analista, Uribe se está anticipando al fallo de la Corte Constitucional con el objetivo de que, si este tribunal dice que el referendo reeleccionista es exequible, él pueda demostrar que es apto para participar en la contienda electoral.

Así, en caso de que los candidatos quieran denunciar a Uribe por el incumplimiento de la Ley de Garantías él se cura en salud y las cumple sin tener la obligación.

Además, la trasmisión de los consejos comunitarios es solo uno de los requisitos del cumplimiento de la Ley de Garantías. Para que haya un mínimo de igualdad entre los competidores, el Jefe de Estado debería renunciar a la contratación pública, a aparecer en otros medios de comunicación, entre otros privilegios.

El gesto de Uribe no es suficiente a la hora de medir el impacto en la audiencia. Así lo cree el analista constitucionalista, Nicolás Montoya, de la Misión de Observación Electoral. “Las condiciones entre un candidato normal y un candidato-presidente, nunca serán iguales. Lo que se necesita para que el ejercicio democrático sea más garantista, es mucho más que la simple renuncia a la trasmisión de los consejos comunitarios”, dijo Montoya.

Una de las razones que esgrime el analista es que el rating de estos actos de gobierno es insignificante. La gente, que es la que finalmente toma las decisiones en las urnas, no percibirá la ausencia de Uribe en la programación institucional de los sábados.

“No servirá de nada, por ejemplo, si Uribe sigue llamando a los medios de comunicación locales a dar declaraciones, como acostumbre a hacerlo”, dijo Montoya. De hecho, en las últimas, Uribe ha dado notica en diferentes emisoras locales que terminan siendo citadas por medios nacionales: cuando fue asesinado el gobernador del Caquetá, repudió primero el hecho en una radio local; hace unas semanas, en una emisora de Pasto, dijo que su decisión de relanzarse a la Presidencia dependía de Dios, el pueblo y al Corte; y la semana pasada se pronunció sobre el concepto del Procurador en torno al referendo reeleccionista en una emisora del Magdalena.

Para el candidato del Polo Democrático, el senador Gustavo Petro, “en Colombia no hay garantías electorales”. El candidato explicó a Semana.com que su campaña asumió que Uribe ya hacía parte de la baraja de candidatos.

“Las garantías democráticas, no las puede establecer un competidor por la Presidencia”, advirtió el candidato del Polo.

Para Petro, el hecho de que Uribe anuncie medidas como ésta, no blinda la democracia. En su criterio lo único que puede garantizar condiciones de igualdad para los competidores en una campaña “es el cumplimiento de la Constitución”. En otras palabras, el hecho de que el Presidente quiera cambiar la Carta para reelegirse ya es un embate a las garantías de los candidatos.

La Ley de Garantías fue creada solo para la primera reelección. En caso de que la Corte Constitucional apruebe el referendo reeleccionista y se permita así una tercera reelección, el Alto Tribunal deberá pronunciarse sobre las garantías electorales en un nuevo escenario: tras la expresión de la “voluntad popular” a través de la consulta popular.

En ese caso se supone que tendrá que revisar temas como cuánto dinero aportará el Estado a las campañas presidenciales, cuáles son los requisitos para poder acceder a esos aportes, cuáles son las prohibiciones para los presidentes que aspiren a ser elegidos, en qué momento se deben inscribir los candidatos y cómo será su acceso a los medios de comunicación, entre otros temas. Debido al tiempo transcurrido, le quedará muy difícil al Tribunal abrir la puerta a una nueva reelección y a la vez garantizar reglas de juego justas.

Por esta razón, en días pasados el precandidato del Partido Verde Opción Centro, Luis Eduardo Garzón, dijo que “hablar de garantías, en este momento, es como un chiste de esos crueles”.

 
 
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