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| 6/9/2011 12:00:00 AM

Testaferros del paramilitarismo amenazan la restitución de tierras

El senador Juan Fernando Cristo, ponente de la Ley de Víctimas, advierte que en Urabá, Córdoba y la región del Catatumbo hay "enemigos" de esa política. Pide revisar esquemas de protección.

Este viernes, cuando el presidente Juan Manuel Santos sancione la Ley de Víctimas, se empezará a aplicar formalmente la política de restitución de tierras. Una iniciativa que no sólo tiene el desafío de devolver mas de dos millones de hectáreas despojadas, sino que enfrenta “enemigos agazapados”, como lo advierte el senador Juan Fernando Cristo, ponente de la ley.
 
A propósito del crimen de Ana Fabricia Córdoba en Medellín, Cristo denunció que en varias regiones del país “están apareciendo” testaferros del narcotráfico y paramilitares que tienen como propósito “evitar la aplicación de la ley a punta de fuerza y terror”.
 
Tres zonas del país en las que hay evidencias de esta situación son Urabá, Córdoba y la región de El Catatumbo en Norte de Santander.
 
Una de las recomendaciones que le hizo el senador liberal al Gobierno fue replantear los programas de seguridad y protección a quienes reclamen su derecho a la tierra a través del mecanismo de la ley.
 
“El Gobierno debe replantear a fondo el programa de seguridad sobre las víctimas, pero esa debe ser una tarea inmediata. La ley contiene los mecanismos adicionales para blindar y avanzar en los programas de protección y prevención de las víctimas”, afirmó Cristo.
 
ONU pide revisar esquemas de seguridad
 
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, coincidió en la petición al Gobierno de “revisar” los programas de protección de los defensores de los derechos humanos en el país.
 
“Es triste, preocupante y nos plantea dos preguntas: ¿Qué han hecho las autoridades para investigar las amenazas que se habían hecho antes? ¿No es tiempo de que el Estado revise los esquemas de protección para los defensores y defensoras?”, dijo Salazar al referirse al asesinato de Ana Fabricia Córdoba y que 54 líderes como ella han sido asesinados.
 
“Hay casos como el de ella que no quería aparentemente someterse a un esquema, a un análisis de seguridad, pero si ha tenido riesgos, entonces ¿qué alternativa se habría podido ofrecer?”, dijo Salazar.
 
El representante de la ONU dijo que son varios los casos en los que personas amenazadas han sido asesinadas antes de producirse los estudios de riesgo por parte del programa de protección del Ministerio del Interior, y que algunas de esas evaluaciones han arrojado “riesgo ordinario” y se han producido asesinatos. “Son pruebas para decir que es tiempo de repensar las políticas de protección”, dijo Salazar.

El debate sobre la protección de testigos ha iniciado. El miércoles, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, calificó de “engorrosos” algunos de los trámites que solicita el programa de protección a testigos.
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