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| 2/9/2012 12:00:00 AM

Tras condena en España, cuestionan asesoría de juez Garzón en Colombia

Armando Benedetti le pide al presidente Santos “reconsiderar” la asesoría del juez español en aspectos de justicia transicional. La justicia española condenó a Garzón por haber “chuzado” comunicaciones, un asunto sensible en el país. Gobierno se desmarca.

Baltasar Garzón “no tiene ni ética ni moral y nada que hacer en Colombia”. La dura frase es del senador oficialista Armando Benedetti (la U) y se puede interpretar como uno de los primeros efectos políticos de la condena al ‘superjuez español’

Benedetti aprovechó para “sugerirle” al presidente Juan Manuel Santos “reconsiderar” su decisión de que el juez español asesore a Colombia en asuntos de justicia transicional.

Garzón fue condenado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, cuyos magistrados, de forma unánime, decidieron inhabilitar por 11 años a uno de los jueces más reconocidos en el mundo.

Aunque el fallo generó controversia y el propio Garzón anticipó que interpondrá un recurso ante el tribunal constitucional, la inhabilidad impuesta fue catalogada por los medios de comunicación españoles como el fin de su carrera judicial.

El senador Benedetti, acogiendo esa sentencia, argumenta que el juez Garzón, por razones “éticas y morales” no debe ser presentado como asesor en Colombia. Más aún, dice el congresista colombiano, por las causas que motivaron esa condena: escuchas ilegales, como dicen en España a una conducta que aquí en Colombia se ha denominado chuzadas.

Benedetti considera que ese es un delito muy sensible en nuestro país y por eso no tendría “ninguna presentación” que Garzón intervenga en Colombia con esa conducta encima.

Es cierto que Garzón, a diferencia del escándalo colombiano, no interceptó comunicaciones ilegales de magistrados o altos funcionarios de un poder público. Según el expediente, el juez español ordenó escuchas ilegales en prisión a los corruptos del llamado caso Gürtel, una trama que vinculaba a dirigentes del Partido Popular, actual partido de gobierno.

“Escuchar a un procesado es quitarle sus mínimas garantías y vulnerar los derechos de los ciudadanos a ejercer su defensa”, dice Benedetti.
 
Gobierno se desmarca
 
El juez español Baltasar Garzón "no tiene ni ha tenido contrato con Colombia". Fue la aclaración del Gobierno a través del ministro del Interior,  Germán Vargas Lleras. 

Las tareas que "él cumplió en Colombia, y que ya terminaron", dijo, eran por una vinculación del juez Garzón con la Organización de Estados Americanos (OEA).
 
"Esta es una precisión importante porque los honorarios del juez nunca fueron pagados por el gobierno colombiano, sino por la OEA", explicó Vargas Lleras al responder a la pregunta de uno de los periodistas asistentes a la rendición de cuentas de su cartera.

La asesoría de Garzón

El 11 de abril del año pasado, en una visita diplomática de Juan Manuel Santos a España, se anunció la colaboración de Garzón en Colombia. Una colaboración que se adelanta a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo nombró asesor externo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP).

Santos, en su momento, defendió la asesoría de Garzón en que permitió validar internacionalmente el desarme de los grupos paramilitares, así como los principios de verdad, justicia y reparación del marco jurídico que sustentó el proceso.

Las primeras labores de Garzón en Colombia fueron entrevistas con exjefes paramilitares recluidos en Itagüí y entrevistas con las víctimas del paramilitarismo, y luego el ‘superjuez’ español entregó sugerencias para fortalecer el proceso de justicia y paz, que tras seis años de aplicación se desarrolla con múltiples obstáculos y con sólo cuatro condenas a exjefes paramilitares.

Críticas no son nuevas

No es la primera vez que se cuestiona la presencia de Garzón. El procurador Alejandro Ordóñez fue el primero en rechazar la presencia del ‘superjuez’ en el país, con los mismos argumentos. Estar cuestionado judicialmente por una conducta con “la cual se ha estigmatizado al Estado colombiano y que ha causado conmoción en la institucionalidad”, al referirse al escándalo de las chuzadas del DAS a magistrados, miembros de oposición y periodistas.

Ordóñez asemejó la presencia de Garzón en el país como “designar a uno de los investigados del DAS como asesor de inteligencia en el Estado colombiano o en otro país”.

De momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado sobre el estado de la asesoría de Garzón en el país ni si su inhabilidad impuesta por el Supremo español modificará en algo esa labor, como lo empezaron a reclamar voces del propio oficialismo.

 
 

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