Tres reclamos de las víctimas al fiscal Montealegre

La conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del conflicto se ha visto empañado por una situación de orden público que, aunque estaba prevista por los autores de la Ley de Víctimas, es más alarmante y desbordante de lo que se presumía: el asesinato de los líderes que reclaman reparación y restitución de sus tierras.

Desde el 2010, según datos contrastados por el congresista Guillermo Rivera (coautor de la Ley de Víctimas), 17 líderes campesinos que reclamaban sus tierras han sido asesinados.

La Defensoría del Pueblo asegura que entre 2006 y 2011 ocurrieron “al menos 71 asesinatos de líderes de procesos de restitución en 14 departamentos”, entre ellos Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira, Antioquia, Meta y Tolima.

Más allá de las cifras, la vulnerabilidad de las víctimas se ha hecho evidente. Y por eso, este 9 de abril, varios líderes y ONG nacionales le han pedido al Estado, pero sobretodo a la Fiscalía, “mayor efectividad” para que el proceso de reparación y restitución no genere una nueva oleada de violencia.

“Se desconocen las investigaciones judiciales contra los asesinos de los líderes”, dice Carmen Palencia, líder de víctimas en Antioquia y representante de la organización ‘Asociación, Tierra y Vida’.

Juan Fernando Cristo, senador y autor de la Ley de Víctimas, le pide al fiscal general Eduardo Montealegre “determinar quién está detrás de los asesinatos” en Antioquia, Córdoba y Chocó, los departamentos más vulnerables.

Cristo considera que el Ministerio del Interior está haciendo los esfuerzos para garantizar la protección a las víctimas, pero que si la justicia ofrece resultados, como aperturas de investigación, órdenes de captura, contra quienes están detrás de estos asesinatos, será un logro superior que llenar de escoltas a todos los líderes de las zonas rurales.

No son las únicas exigencias a la Fiscalía. Guillermo Rivera también le pide al fiscal Montealegre que oriente a los fiscales de Justicia y Paz y otros funcionarios para que se agilice el proceso de establecer quiénes financiaron a los grupos ilegales.

Según la Ley de Víctimas, dice Rivera, las empresas nacionales y extranjeras que contribuyeron a financiar a grupos armados al margen de la ley, “están en la obligación de reparar a las víctimas, en las misma proporción con que financiaron a los ilegales”.

Hasta el momento la Fiscalía no ha dictado decisiones, dice Gerrado Vega, representantes de la fundación ‘Forjando Futuros’, que también lidera procesos con las víctimas en las regiones. Es más, dice Vega, cuestiona la decisión de la Fiscalía 33 de Medellín que exoneró a la multinacional bananera Chiquita Brands de su responsabilidad en la financiación de paramilitares, pese a que una Corte de Estados Unidos sí condenó a la multinacional (Ver artículo ‘Esto no huele bien...’).

“Hay una contradicción. Que en Estados Unidos se condene a pagar 25 millones de dólares a Chiquita por sus relaciones con los ‘paras’ y aquí en Colombia la justicia se pronuncie en el sentido contrario”, dice Vega.

Guillermo Rivera también considera que para que para el éxito de la política del Estado para reparar a las víctimas del conflicto, es necesario que el aparato judicial desvele toda la verdad del conflicto.

Dice el congresista que el capítulo de la ‘paraeconomía’ debe tener más celeridad, pues contribuirá no sólo para el establecimiento de la verdad, sino para el propio proceso de reparación a las víctimas.

“Raúl Hasbún confesó en una entrevista (Ver ‘El cerebro de la paraeconomía) que le daban tres centavos de dólar por cada caja de banano y que le generaban a las Autiodefensas 400 millones al mes”, dice Rivera al recordar que según la Ley de Víctimas, y de producirse una sentencia judicial, los bananeros estarían en la obligación de entregar tres centavos de dólar al fondo de reparación a las víctimas.