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Un hecho elocuente. El presidente Juan Manuel Santos saluda al expresidente Belisario Betancur durante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se ocupó del fallo del Tribunal Superior de Bogotá en el que pidió a la CPI intervenir por el caso del Palacio de Justicia. Los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper testigos del momento. | Foto: SIG

PALACIO DE JUSTICIA

Tribunal "se excedió" al pedir intervención de la CPI: Expresidentes

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores considera que el Tribunal Superior de Bogotá carece de competencias al pedir a la justicia internacional investigar al expresidente Belisario Betancur por el caso del Palacio de Justicia. Explicaron las razones.

14 de febrero de 2012

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá sobre los hechos del Palacio de Justicia sigue dando debate, tres semanas después.

Este martes ocupó la mayor parte de las discusiones que sostuvieron expresidentes de la República y excancilleres en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín.

Los expresidentes controvirtieron la decisión del Tribunal de pedir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar presuntas responsabilidades del expresidente Belisario Betancur y sacaron una conclusión: "El Tribunal Superior de Bogotá “no tiene competencia para enviar un caso a la CPI".

La conclusión fue pronunciada por el vocero de esta instancia, el expresidente César Gaviria, quien aclaró que este es un concepto que no pretende controvertir fallos judiciales, sino que sólo hace referencia a la "dimensión internacional" de los alcances de la decisión.

"A juicio de nosotros (la Comisión), ese no es un tema de la Corte Penal Internacional", dijo Gaviria haciendo referencia a la petición del Tribunal de pedir investigar al expresidente Betancur por los hechos de la retoma del Ejército al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, luego de haber sido capturado tras un operativo guerrillero del M-19.

Para la Comisión, según Gaviria, "en este caso" el Tribunal "se ha excedido en las competencias que tiene para un tema de esta naturaleza" por dos razones: primero, que el caso del Palacio ya ha sido juzgado en Colombia; segundo, por la forma como Colombia se acogió al Estatuto de Roma.

El expresidente Gaviria aclaró que si el Tribunal considera que hay personas que omitieron el cumplimiento de sus funciones, "puede actuar o proceder en consecuencia", es decir, pidiendo la intervención de la justicia internacional. Pero aclaró que este caso "ya ha sido juzgado en Colombia".

El excanciller Guillermo Fernández de Soto explicó que el Estatuto de Roma fue ratificado en el año 2002 y que el propio texto de ese tratado establece que los hechos que serán de conocimiento de la CPI deberán ser posteriores a la fecha en que un determinado Estado se acogió al Estatuto. "Los hechos del Palacio de Justicia ocurrieron en 1985 (...). La CPI no tiene competencia".

Fernández de Soto, miembro de la Comisión Asesora, también aclaró que la norma en el derecho internacional establece "claramente" que la remisión de un caso a la CPI sólo puede ser hecha por el poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República y por su canciller, pero "un Tribunal no puede dejar de lado lo que el derecho internacional en esa materia establece".

Juan Manuel Santos había convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para examinar temas que tiene Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, y asuntos de naturaleza comercial como el reciente acuerdo con Venezuela y el acuerdo comercial que avanza con la Unión Europea.

También se abordaron algunos temas de carácter ambiental como los que serán llevados a la Cumbre de los Pueblos Río+20, y se examinó cómo todos pueden contribuir para la elección del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según informó la Casa de Nariño.

Pero el fallo del Tribunal Superior de Bogotá ocupó la mayor atención y los miembros de la Comisión consideraron que era pertinente, tres semanas después de dicha sentencia, pronunciarse frente a sus alcances.