Un escolta para proteger a las víctimas

Desde cuando el actual gobierno apostó por su política de restitución de tierras y reparación a las víctimas del conflicto, han sido 17 los líderes campesinos asesinados (según cifras oficiales) por reclamar sus derechos sobre los predios por los que reclaman su legítima propiedad.

Manuel Ruiz, líder de tierras de las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), fue asesinado y su cuerpo apareció con visos de tortura el pasado martes. En ese departamento, uno de los más emblemáticos para el Gobierno en la política de restitución, han sido asesinados otros dos líderes desde agosto del 2010. Germán Marmolejo y Argénito Díaz, fueron asesinados en el segundo semestre de ese año.

Pero varias ONG, como ‘Somos Defensores’, dicen que son 49 los líderes asesinados desde el 2010. Más allá de las cifras, la mayor inquietud que ha generado es que a pesar de su situación de vulnerabilidad, estos líderes han muerto sin tener esquemas de seguridad acordes con su estado de riesgo.

Uno de los hechos más emblemáticos fue el asesinato (en junio del 2008) de Ana Fabricia Códoba, líder campesina en Antioquia, quien pese a haber reclamado al programa de protección del Ministerio del Interior un esquema de seguridad, este no le fue entregado. Y eso que la Ley de Víctimas (1448 de 2011) garantiza medidas de protección a quienes estén vinculados con el proceso de restitución de tierras, pero el Gobierno también se ha visto limitado por los numerosos requerimientos de seguridad que en ocasiones desbordan la capacidad del Estado.

Es por eso que el representante a la Cámara Guillermo Rivera (Partido Liberal) sugirió que los funcionarios que hoy cuentan con ampliados esquemas de seguridad renuncien a uno de sus escoltas para que el Gobierno pueda encargarles la seguridad de estas víctimas y líderes campesinos.

Según Rivera, cerca de 9.000 funcionarios del Estado tienen esquemas de seguridad con más de dos escoltas, y actualmente son 175 los líderes campesinos que hoy no cuentan con protección.

Por eso Rivera propuso a los servidores públicos renunciar a al menos a uno de los integrantes de sus respectivos esquemas de protección para que este pueda ser destinado a la protección de las víctimas. Y le envió una carta al director de la Policía, general Óscar Naranjo, en la que el congresista renunciaba a uno de los miembros de su esquema.

Dice el congresista que los funcionarios viven en zonas urbanas y que, relativamente, se les puede garantizar seguridad, a diferencia de los líderes que viven en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Las cuentas del congresista son que si por ejemplo el parlamento tomara esta decisión, quedarían disponibles más de 200 agentes de seguridad que podrían ser reubicados en esquemas de protección a las víctimas.

La seguridad de los beneficiarios de la política de restitución ha sido una de las mayores preocupaciones de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos. El Gobierno ha advertido sobre la presencia de “enemigos agazapados” que intentan afectar el desarrollo de su política de reconciliación con las víctimas por el desplazamiento.