“Uno no se siente mejor si sabe que su victimario es un agente de Estado”

Hoy martes la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reunirá para discutir el proyecto de Ley que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto en Colombia. La discusión se dará luego de varios intentos frustrados, debido a la operación tortuga, estrategia de la Cámara para represar la discusión de los proyectos.

El proyecto de Ley cuenta con el respaldo de la mayoría de los representantes. Sin embargo, el gobierno ha expresado su oposición a varios puntos que incluye la Ley, entre ellos al que incluye a las víctimas de agentes del Estado en el proceso de reparación, la restitución de bienes e inmuebles y la responsabilidad del Estado con las víctimas, por omisión de sus funciones.

A propósito de la discusión del proyecto, Semana.com habló con Patricia Buriticá, quien es miembro de la Comisión Nacional de Reparación (CNR), y gestora de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) en la que están vinculadas más de 20 organizaciones que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las minorías.

Buriticá padeció en carne propia el conflicto cuando en 2001 las Farc asesinó en la masacre de Puracé a su sobrino, Pablo Julio Montes de 23 años quien estaba de excursión con un grupo de amigos. El Estado Mayor de las Farc reconoció la responsabilidad del hecho y pesa una condena en su contra.

La comisionada Buriticá controvirtió las opiniones de Eduardo Pizarro, actual presidente de la CNR, quien en reiteradas ocasiones ha objetado varios puntos del proyecto de la Ley de Víctimas. También urgió a los congresistas a aprobar el proyecto y opinó favor de la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos.

Semana.com: ¿Cómo ha visto la actuación del presidente de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro?

Patricia Buriticá: Estoy muy molesta con él. Él es una de las personas que se ha opuesto al proyecto con sus recientes declaraciones infortunadas. Es una contradicción que el presidente de la CNR, quien más tiene que estar del lado de las víctimas, sea quien abogue por la exclusión de las víctimas de agentes del Estado del proyecto, argumentando que deben certificarse en un proceso judicial.

Semana.com: Otra cosa que ha dicho Pizarro es que en los documentos internacionales no hay ninguna definición de víctima. ¿Usted qué opina?

P.B.: Que no es cierto. Puedo citar, por lo menos tres definiciones de víctima de distintos documentos. La resolución número 60-147 de 2006 de la ONU dice que víctimas es “toda persona que ha sufrido daños como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación de sus derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario”. Es más, este documento suscrito por este gobierno, dice que la víctima será considerada como tal, independientemente de quién es el victimario y de si ha sido capturado, juzgado o condenado.

Semana.com: ¿Entonces qué pasa con la CNR?

P.B.: Me parece que en el debate público la Comisión tiene que garantizar los derechos de las víctimas, no de una, sino de todas. Y si esa es la primera función de la CNR y no la está cumpliendo, ésta pasa por una crisis de legitimidad. Las otras personas que integramos la Comisión tenemos visiones muy diferentes. Pizarro ha hablado en nombre propio, pero él no se puede desligar de su función como presidente de la Comisión. Sería mejor que no hablara, o que la CNR tuviera otro presidente.

Semana.com: ¿Cuáles son las bondades de la Ley de Víctimas que se debatirá en la Comisión Primera de la Cámara?

La ponencia mayoritaria ha tenido un proceso de concertación como ningún otro proyecto. Más de 4 mil víctimas han participado en el proceso de construcción, varias organizaciones sociales y las Naciones Unidas. Es muy importante el proyecto por varias razones:
La primera es que el universo de víctimas vincula a todas las personas que han sufrido la vulneración de sus derechos por causa del conflicto. No discrimina si las víctimas lo fueron por causa de agentes del Estado, paramilitares o guerrilleros. Este punto ha sido el de mayor discrepacncia con el gobierno. Otro factor importante es que diferencia entre lo que es la ayuda humanitaria y la reparación.

Un aspecto medular que tiene el proyecto es que establece mecanismos ágiles para la restitución de los bienes de las víctimas. Por ejemplo: en las salas civiles en las jurisdicciones de Justicia y Paz las personas podrían acudir para presentar sus demandas. También crea una comisión de Verdad para acompañar el proceso de restitución de los bienes de las víctimas. Hasta ahora el gobierno ha expresado su rechazo a la restitución de bienes, ha dicho que solo restituye inmuebles.

Semana.com: El gobierno aceptó esta semana incluir en el proyecto a las víctimas de agentes de Estado, pero dijo que debían acreditarse con una sentencia judicial. ¿Cómo le parece la propuesta?

P.B.: Eso es invertir el principio de la buena fe en la víctima. Este principio, que es acogido internacionalmente, consiste en que la víctima no tiene que ponerse a recabar pruebas para demostrar su condición. Eso es contraproducente. Es el Estado, el que recibe los datos y el que debe corroborar que sean verdad. Hay miles de formas de corroborarlo.

Imagínese que una de las madres de Soacha, tenga que ponerse a demostrar judicialmente que efectivamente su hijo fue asesinado por un militar; que tenga que contratar un abogado y esperar un juicio para poder tener derecho a la reparación.
Yo he hablado con muchas de las madres de víctimas de agentes de Estado. La mayoría es gente pobre, y sería muy injusto que el Estado no reconozca su responsabilidad siendo quien debería proteger sus derechos. Estas víctimas han sido excluidas de la reparación que ordenó el gobierno por vía decreto, también de la Ley de Justicia y Paz. Otra exclusión sería muy lastimosa para ellas.

Semana.com: Pero es que al aceptar que hay víctimas del Estado es equiparar su actuación con la de los grupos ilegales.

Lo primero que han hecho todos los estados del mundo en los procesos de reparación es el reconocimiento de su responsabilidad por no haber garantizado la protección de los derechos de la gente. Han pedido perdón porque por omisión o comisión vulneró a la población.

No incluir estas víctimas en el proyecto de Ley es inconstitucional. Si el proyecto llega a la Corte Constitucional sin la inclusión de todo el universo, esta de todas maneras lo va a tener que corregir. No reconocer el deber de garantía del Estado es pura terquedad de Uribe.

Una víctima es una víctima, no importa quién sea su victimario. Uno no se siente mejor o peor si sabe que su victimario fue un agente de Estado, un paramilitar o un guerrillero.

Semana.com: ¿Por qué cree que se debe aprobar el proyecto, que está estancado en su tercer debate?

P.B.: Personalmente creo que es un deber ético y político de los parlamentarios aprobarlo. En principio beneficiaría a 155 mil víctimas que están inscritas en las unidades de Justicia y Paz de la Fiscalía. Ayudaría a recuperar, en parte, la vida normal de quienes han sufrido por el conflicto. También sería un mensaje que abriría el camino hacia la no repetición.

Esta semana, las víctimas que estábamos en el Congreso fuimos afrentadas otra vez. Se volvió a levantar la sesión por la ausencia de los representantes de la Comisión Primera de la Cámara. Ya han pasado tres semanas en las que se programa el debate y se cancela. Aprobar este proyecto enviaría un mensaje de paz, porque ha sido un proyecto de consenso. Hay bancadas de la coalición del gobierno que están de acuerdo con el proyecto.

Semana.com: ¿entonces, quién es el responsable de su retraso?

El gobierno.

Semana.com: Pero, el propio Presidente esta semana se reunió con congresistas de la coalición y dejó ver su preocupación porque la agenda de la Cámara no avanza y porque el proyecto no se ha aprobado.

Sí, pero el gobierno es el que ha demostrado no estar de acuerdo con el proyecto y ha puesto los puntos de divergencia. El gobierno no acepta que haya víctimas del Estado, no acepta que el Estado es responsable y tampoco está de acuerdo con la restitución. Y quiere que estos puntos se voten por separado de la propuesta mayoritaria. Si se hace así, las mayorías podrían derrotar estos puntos que son los más importantes de la Ley.

Semana.com: ¿No cree que este un proyecto puede usarse como revancha política de la oposición?

Ese argumento es un sofisma de distracción. Del Senado salió con la aprobación de todas las bancadas, porque este proyecto se ha trabajado con todos los sectores. Hoy el proyecto es un 90 porciento distinto de lo que en un principio presentó Juan Fernando Cristo. Porque entre todos lo hemos discutido. El proyecto debe ser considerado un acuerdo de paz y ningún partido puede arrogárselo, porque tiene varias paternidades y maternidades, incluso la ONU ha participado activamente.

Semana.com: Finalmente, ¿Cómo le pareció la elección de Barack Obama, quien ostenta una reputación de defensor de los derechos civiles? ¿Será de ayuda a las víctimas en Colombia?

La defensa de los sindicalistas, de las minorías fue bandera de la campaña de Obama. Los demócratas que han venido a Colombia, también, han expresado que para ellos es primordial la defensa de los derechos humanos en el Congreso, dijeron: ‘no aprobamos ninguna Ley que no pase por un examen minucioso en la protección a los derechos humanos’.

Por eso estoy satisfecha con la elección de Obama. Yo creo que sí va a cumplir porque él es símbolo de la lucha contra la discriminación. Obama es favorable a los que han sido excluídos, y en Colombia ese es el punto nodal de la discusión sobre las víctimas.