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Uribe a Santos: "No descarte la consulta ciudadana" para desacatar fallo de la CIJ

El expresidente Uribe explicó a la Cámara de Representantes las actuaciones de su gobierno frente al litigio con Nicaragua.

12 de diciembre de 2012

Aunque la Cámara de Representantes canceló el debate al que invitó a cinco expresidentes para conocer las actuaciones de los recientes gobiernos frente al diferendo con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, el expresidente Álvaro Uribe apareció en el Capitolio para dar sus propias explicaciones.

Por eso dejó un documento de 12 páginas en las que dio respuesta a las 73 preguntas que le habían formulado los congresistas en el momento de aprobar la invitación a los exmandatarios.

En el documento Uribe no sólo defiende la labor de todos los gobiernos colombianos, también insiste en que la actuación que debe asumir el Gobierno es la de “desconocer el fallo”.

"El fallo de la Corte de La Haya es un despojo, inconsistente, contrario a derecho, con un subjetivo criterio de equidad totalmente inequitativo con Colombia. Introduce anarquía jurídica en el Caribe. El fallo despoja a Colombia de aproximadamente 73.907 kilómetros cuadrados de zona marítima de uso económico exclusivo, despojo que ningún país aceptaría, menos en un pequeño mar como es el Caribe".

En el documento Uribe explica que durante su gobierno ya estaba vencido el plazo legal para retirar a Colombia del pacto de Bogotá y no admitir la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para definir los límites del territorio nacional.

Dice el expresidente que "en su momento", y de acuerdo con la tradición jurídica de la Nación, "expresé no en una, sino en dos ocasiones, la voluntad de acatar el fallo", pero dice que hoy "los supuestos cambiaron sustancialmente" y el fallo de La Haya "es un fallo violatorio de la soberanía de Colombia".

En el documento Uribe le pide al gobierno de Juan Manuel Santos que si sus intenciones son interponer recursos contra el fallo, "sería saludable que no generara expectativas de acatamiento del fallo".

También sugiere que un "eventual acuerdo entre las partes, Colombia y Nicaragua" no debería someter los derechos de los colombianos de San Andrés al gobierno de Managua.

Finalmente, le pide al gobierno Santos "no descartar la consulta ciudadana antes de tomar decisiones que introduzcan un cambio en el mapa marítimo de Colombia".