'Ventilador' de desmovilizados perderá su alcance

Este martes el Gobierno espera que el Congreso le entregue las herramientas jurídicas para resolver la compleja situación de casi 30.000 excombatientes de las autodefensas y las guerrillas que, por no haber incurrido en delitos de lesa humanidad, aún esperan que se cumpla el compromiso de que sus procesos penales se suspendan por el solo hecho de haber abandonado las armas.

Todos ellos habían sido acogidos por el programa de reintegración a la vida civil implantado por el gobierno anterior y quedaron fuera del proceso de justicia y paz, lo cual significa que no tenían el compromiso de rendir versiones libres para colaborar con la reconstrucción de la verdad.

Estaban a la espera de que la justicia los cobijara con el principio de oportunidad, pero la Corte Constitucional declaró inexequible la aplicación de esta figura para los desmovilizados, con el argumento de que esta fórmula afectaba los derechos que tienen las víctimas de verdad, justicia y reparación.

Por eso el gobierno de Juan Manuel Santos se vio obligado a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para acoger el pronunciamiento del máximo tribunal constitucional.

Y la fórmula para que los desmovilizados no sean judicializados por concierto para delinquir agravado es que, además de haber dejado las armas, ahora colaboren con la reconstrucción de la verdad.

Según el proyecto, los desmovilizados tendrán que contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica, mediante el esclarecimiento del contexto en el que cada uno participó, la conformación del grupo organizado al margen de la ley al que perteneció y en general sobre todos los hechos o actuaciones de que tenga conocimiento en relación con su participación en el grupo.

Dicha información será recogida por una instancia no judicial y mientras se crea (habrá facultades al Gobierno para ello), será la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación la encargada de esta tarea.

Así quedó establecido en las comisiones primeras de Senado y Cámara, donde, de forma conjunta, le dieron trámite a la iniciativa hace un par de semanas.

En ese debate hubo alguna preocupación entre algunos parlamentarios por los alcances de la información que rindieran estos desmovilizados, pues había antecedentes en los que algunas versiones eran más una manera de “extorsionar a terceros”, como se comprobó en casos como los de la senadora Dilian Francisca Toro y Luis Fernando Velasco.

En la ponencia para último debate, que será estudiada este martes por las plenarias de Senado y Cámara, se incluyeron algunas modificaciones y en una de ellas se estableció que la información de estos desmovilizados que no hacen parte de justicia y paz no podrá ser tenida como prueba judicial en procesos penales.

Así lo señala la ponencia: “La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial contra el desmovilizado ni en contra de terceros”.

Según los ponentes del proyecto –el senador Roy Barreras y el representante Carlos Edward Osorio, ambos de la U-, el motivo de esta especie de cláusula es que se trata de mecanismos no judiciales “que no pretende otra cosa que hacer efectivos los procesos de reconciliación nacional, los cuales no son obstáculo para la recepción de la verdad dentro de los procesos judiciales”.

En pocas palabras, los desmovilizados no podrán convertirse en una especie de ‘ventiladores’ contra quienes promovieron estos grupos o quienes patrullaron con ellos. Solo serán prueba los testimonios de aquellos desmovilizados que están en el proceso de justicia y paz.

El senador Jorge Enrique Robledo (Polo) mostró su desacuerdo con esta modificación. Aseguró que todo lo que se conozca no solo debe servir para contribuir a la verdad, sino a la sanción a quienes promovieron los grupos ilegales. “La verdad también tiene fines judiciales, y una verdad que no sirva para procesos penales poco contribuiría al proceso de reconciliación”.

Esta modificación no deja de ser controvertida. Aunque el senador Roy Barreras explica que no pretende limitar el derecho del desmovilizado de que voluntariamente acuda a la justicia para entregar dicha información.

La polémica está servida, y será el martes cuando el Congreso aborde los alcances de esta modificación.