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| 6/29/2011 12:00:00 AM

Vicepresidente, sin funciones en ley de desmovilizados

La Comisión de Reparación, actualmente en manos de Angelino Garzón, ya no será la encargada de vigilar los acuerdos con cerca de 25.000 desmovilizados rasos que deberán contribuir con la verdad a cambio de la suspensión de procesos judiciales en su contra.

El gobierno expidió el decreto que reglamenta la ley que le permite a cerca de 25.000 desmovilizados de grupos irregulares la suspensión de órdenes de captura y condenas vigentes en su contra, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
 
Los desmovilizados deberán, a cambio, contribuir con la construcción de la verdad, en un mecanismo que no tendrá consecuencias jurídicas ni penales, y suscribir compromisos con los programas de reintegración ofrecidos por el Estado.
 
Sin embargo, lo particular del decreto es que la entidad encargada de recoger y sistematizar la información que entreguen los desmovilizados será el Centro de Memoria Histórica, precisamente el mismo que crea la recién sancionada Ley de Víctimas.
 
En consecuencia, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que el próximo año será eliminada, no tendrá competencia para la aplicación de esta ley de desmovilizados, tal como lo establecía en principio el texto de la norma, aprobada por el Congreso en diciembre de 2010.
 
Esto significa que el vicepresidente Angelino Garzón, quien estaba a cargo de la CNRR, le fueron retiradas las competencias en la aplicación de esta ley.
 
Según el decreto que reglamenta la norma, las competencias serán trasladadas a la Alta Consejería para la Reintegración, actualmente a cargo de Alejandro Éder.
 
Garzón se había enfrascado en una controversia conceptual con el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a causa de esta ley. El vicepresidente había manifestado que se trataba de indulto a miembros de grupos ilegales, mientras que el Ministro insistía en que no se trataba de una ley de perdón y olvido.
 
Aunque hay suspicacia porque esta controversia haya sido la causa del cambio de institucionalidad de la norma, el gobierno señala que sólo obedece a que la Ley de Víctimas reemplaza las funciones de la CNRR. Un argumento que busca alejar cualquier tipo de controversia.
 
Así lo manifestó Alejandro Éder, el funcionario sobre quien recae la aplicación de esta norma. “Del compromiso con el proceso de reintegración, con la sociedad y con la paz depende la libertad de cada una de las personas desmovilizadas, la verdad contada por ellos será compilada en el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Victimas, contribuyendo así a la construcción de una visión integral de la historia del país”.
 
Tras la expedición de este decreto, los desmovilizados tendrán como plazo el 28 de diciembre de 2011 para suscribir los compromisos y solucionar el llamado limbo jurídico en el que se encontraban, debido a su sola militancia en grupos ilegales.
 
Los alcances de la ley
 
Obligaciones de desmovilizados rasos
 
- Estar activos o culminar formalmente el proceso de reintegración que lidera la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR). 
 
- No haber incurrido en delitos con posterioridad a su desmovilización. 
 
- Firmar un formato en el que se compromete a contribuir con la Verdad Histórica y la Reparación. El plazo para presentar la solicitud vence el 28 de diciembre de este año. De no hacerlo, perderán la posibilidad de acceder a los beneficios de esta Ley. 
 
-  Participar de las actividades de servicio social y reparación que establezca la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. 
 
-  Firmar el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparación ante el Alto Consejero Presidencial Para la Reintegración.
 
- Presentarse ante el Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, en donde deberán facilitar el esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley, el contexto general de su participación y garantizar la no repetición de hechos violentos.
 
Las nuevas funciones del centro de Memoria Histórica
 
- Serán funciones del Centro de Memoria Histórica, en relación con el mecanismo no judicial de contribución a la verdad:
 
- Recolectar, clasificar, sistematizar, analizar y preservar la información que surja de los Acuerdos de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación de que trata la Ley, así como de la información que se reciba, de forma individual y colectiva, de los desmovilizados con quienes se haya suscrito el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación y de aquellas personas que voluntariamente deseen hacer manifestaciones sobre asuntos que guarden relación o sean de interés para el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica.
 
- Suscribir convenios, contratos y cualquier otro acto jurídico que se requiera para la ejecución de sus funciones y el desarrollo de su mandato.
 
- Producir informes periódicos con carácter general que den a conocer a la sociedad colombiana los avances en el desarrollo de sus funciones. Estos informes serán publicados y difundidos por los medios que se consideren más conducentes para que su contenido sea conocido por toda la sociedad colombiana.
 
Proceso no judicial y exento de sanciones
 
- El Centro de Memoria Histórica no podrá asumir funciones jurisdiccionales, ni interferir en procesos en curso ante fiscales, jueces o autoridades disciplinarias. En consecuencia, el Centro de Memoria Histórica no podrá atribuir, determinar, publicar, ni mencionar responsabilidades penales individuales.
 
- Para garantizar el adecuado funcionamiento del Centro de Memoria Histórica, los funcionarios y contratistas que tengan conocimiento de la comisión de hechos delictivos, estarán exentos del deber de denuncia, siempre y cuando el conocimiento de tales hechos haya sido en desarrollo de las funciones relacionadas con la Ley 1424 de 2010.
 
- El Centro de Memoria Histórica tomará las medidas necesarias para velar por que los procedimientos que adelante en cumplimiento del presente decreto no pongan en riesgo la vida y la integridad personal de los entrevistados.
 
Acceso a la información
 
- Todas las entidades del Estado, en virtud del principio de coordinación, prestarán su colaboración al Centro de Memoria Histórica para el cumplimiento de sus funciones y le brindarán toda la información que tengan a su disposición en lo relacionado con el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación de que trata la Ley, salvo que se trate de información amparada bajo reserva.
 
- El Centro de Memoria Histórica podrá solicitar a la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, de la Fiscalía General de la Nación, la documentación e información que se encuentre en fase judicial, con el propósito de contribuir a la construcción progresiva de la memoria histórica que garantice el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición.
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