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| 3/8/2012 12:00:00 AM

Violencia sexual en el conflicto armado, delito con 98% de impunidad

La representante Ángela Robledo presentó un proyecto de ley en el Congreso que pretende garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y que las sanciones a los victimarios sean más efectivas.

La mayoría de delitos en el conflicto armado, especialmente los cometidos contra las mujeres, terminan reducidos a números. Y las cifras pueden advertir escandalosas. En la última década, según la representante Ángela María Robledo (Partido Verde), cerca de 400.000 mujeres han sido abusadas sexualmente, en el marco del conflicto armado.

Por lo general, dice la representante, las mujeres agredidas no denuncian por miedo a sus victimarios o porque desconfían del sistema judicial. El riesgo de que acceder a la justicia termine por victimizarlas de nuevo es alto, dice, por eso considera que la violencia sexual es, entre todos los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, quizás el único que permanece “invisible”.

Parte de responsabilidad es de las falencias del sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en el 2008 la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía investigar 183 casos específicos de violencia sexual perpetrada por miembros de las Autodefensas. Cuatro años después de la sentencia, no se conoce una sola condena.

Otro ejemplo alarmante está en el proceso de justicia y paz, que permitió la desmovilización de 31.000 paramilitares sindicados de haber cometido crímenes de guerra. En los seis años de aplicación de esta ley, de los 57.000 crímenes que han confesado los desmovilizados, solo 86 corresponden a violencia sexual.

Tales antecedentes han llevado a que Amnistía Internacional haya advertido “el permanente silencio” de las autoridades del Estado colombiano y la ausencia de acciones de justicia efectivas, que se pueden convertir en mensajes de tolerancia y hasta de fomento de este delito.

Hoy, la violencia sexual contra la mujer en Colombia, dice Aministía, “exhibe el 98% de impunidad”.

La radiografía

Según estadísticas generales del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia las mujeres son aproximadamente el 85% de las sobrevivientes del conflicto armado. El 80% termina en situación de desplazamiento, de las cuales, el 16% han sido víctimas de violencia sexual, causa directa de su respectivo desplazamiento.

El estudio ‘Primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado’ (apoyada por ONG internacionales como OXFAM), realizado en el 2010, en 407 municipios colombianos con presencia de actores del conflicto, revela que, entre el 2001 y el 2009, 489.687 mujeres declararon haber sido víctimas de violencia sexual. 74.698 de ellas responsabilizaron a actores ilegales (guerrillas y paramilitares), mientras 21.036 a la fuerza pública.

Son estadísticas de una organización no gubernamental, porque, dice Robledo, la información en instituciones del Estado no es confiable porque ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni la Fiscalía hay información sistematizada.

La respuesta del Estado

Y aunque hay voluntad política del Estado para combatir la violencia sexual, reconoce la representante, las acciones no son las más efectivas.

En la reciente década se han promulgado tres leyes que enmarcan la acción del Estado para responder a los desafíos que supone el delito de violencia sexual contra las mujeres.
La ley 1257 de 2008, que reformó el código penal para sancionar las violencia sexual; el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011) en la que el Gobierno se compromete a adoptar una política pública nacional para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres; y la Ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, y que incorpora medidas de prelación a favor de las mujeres víctimas.

También se han dictado tres sentencias de la Corte Constitucional que obligan a las instituciones del Estado a prevenir la violencia contra la mujer, fortalecer el programa de protección de personas, e implementar políticas en salud para las mujeres víctimas del conflicto.

Mientras el Gobierno instaló mediante el Decreto 164 de 2010 la Mesa Interinstitucional para erradicar la violencia contra la mujer; y desarrolló un documento Conpes para diseño y desarrollo del un observatorio nacional de violencia contra la mujer como mecanismo para logra equidad de género.

Disposiciones que muestran voluntad política del Estado colombiano, pero que aún no resultan efectivas.

Coincidiendo con el día internacional de la mujer, Ángela Robledo reveló en el Congreso la radiografía de un delito que califica de “invisible” y radicó un proyecto de ley que pretende garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, y tipificar sanciones específicas para todas las conductas o delitos de violencia sexual.
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