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Este miércoles, los 15 integrantes de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes renunciaron a la célula legislativa. La razón, según explicó a Semana.com el representante liberal Germán Olano, quien pertenecía a la comisión, fue porque “no tenemos garantías para cumplir con el trabajo”.
Esta Comisión tiene la función de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura.
Este año el número de denuncias contra algunos de estos altos funcionarios del Estado aumentó a más de mil. El año pasado eran más de 700. En algunos casos los congresistas tienen 60 procesos, en otros 90.
Desde hace varios meses, algunos integrantes de la célula legislativa denunciaron que la Comisión no cuenta con los recursos suficientes para poder cumplir con sus funciones, que son semejantes a las de los altos tribunales.
En una coyuntura de constante tensión entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia han aumentado las denuncias de un lado y del otro. En ambos casos la comisión queda en el medio. La célula legislativa no se puede negar a investigar una denuncia por trivial que parezca, pues la regulación vigente no le permite descartar ninguna de estas.
No obstante, frente a los recursos y condiciones de los magistrados, del Fiscal y del Presidente, la comisión se ve enana.
Mientras un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene varios auxiliares, y el Presidente cuenta con un ramillete de abogados expertos, los congresistas –que en la mayoría de los casos no cuenta con conocimientos en derecho- solo pueden contratar un asesor al que solo le pueden pagar 3 millones de pesos.
Además, según indicó Olano, a los investigadores les toca cumplir con su tarea legislativa lo que les aumenta el trabajo.
Por estas razones, el representante Olano había propuesto un proyecto de Ley para definir cuáles son las competencias de la Comisión y para regular los procedimientos de investigación. Sin embargo, este proyecto, que fue aprobado en la Cámara, no fue avocado por el Senado. También se habían radicado otros dos para facultarla con recursos, pero ninguno cuajó.
“La Comisión ni siquiera cuenta con equipos de grabación ni una persona para desgrabar. No tenemos un abogado para sustanciar. Tenemos una secretaria para 15 investigadores, y si tenemos que copiar un expediente nos toca sacar plata de nuestro propio bolsillo para comprar el papel”, denunció Olano.
Por esta razón, los investigadores decidieron renunciar masivamente. En su criterio, hay que llamar la atención del gobierno para que aporte el presupuesto necesario, del poder judicial para que preste la colaboración suficiente y del legislativo para que haga las reformas necesarias para que la comisión funcione.
De lo contrario, dijo Olano, “es mejor que se cierre, porque no puede seguir siendo un colchón de impunidad”.
Ante la decisión de la comisión, investigaciones como la del Presidente por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho en la llamada 'yidispolítica, o como la de la presunta responsabilidad del magistrado César Julio Valencia Copete en el delito de injuria y calumnia contra Uribe seguirán en el congelador.
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