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El proyecto bandera del Partido Liberal en la legislatura anterior fue la Ley de Víctimas. Para su entrada en la Unidad Nacional del nuevo Gobierno, ese partido puso como condición la inclusión de ese proyecto en los temas de la agenda legislativa que comenzó su período el 20 de julio.
Esta iniciativa, que busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, se hundió en el proceso de conciliación durante la legislatura pasada, por decisión del gobierno anterior. El proyecto de Ley alcanzó a ser aprobado en las dos cámaras, pero, al final, el gobierno argumentó que no había plata para la reparación en la proporción planteada. Otro de los puntos que no le gustó al gobierno de entonces, fue la reparación a las víctimas de agentes de la Fuerza Pública. En su criterio, las víctimas no merecían un tratamiento igualitario en razón de su victimario.
La propuesta recoge, en varios capítulos, las discusiones que sostuvo el Partido Liberal con organizaciones de derechos humanos y víctimas. Los puntos centrales son la devolución de tierras, programas de memoria histórica, diferenciación entre asistencia humanitaria y resarcimiento de los derechos, entre otros.
Este martes, los voceros del Partido Liberal se reunieron con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para discutir si este proyecto debería sacar el capítulo de reparación de bienes y dejar ese punto en la Ley de Tierras que propone el Gobierno, o si debería permanecer tal como se ha formulado. En criterio de los voceros liberales, la restitución de bienes debe estar incluída en el proyecto para las víctimas.
A la reunión también asistieron los voceros de los demás partidos de la coalición oficialista.
Previo al encuentro, el senador Juan Fernando Cristo, quien fue uno de los creadores del proyecto, adujo que el ambiente era favorable para construir una iniciativa consensuada, pues “la ley de víctimas hace parte de los proyectos incluidos en la unidad nacional”.
También indicó que el tema fiscal, que fue el argumento por el cual se hundió en la legislatura pasada, “está relativamente superado”. Cristo indicó que en el pasado el proyecto se hundió por falta de voluntad del Gobierno, pero no de las bancadas. “Si avanzamos un 90 por ciento en el texto durante el Gobierno de Uribe, yo creo que con un clima político distinto saldrá adelante”, dijo.
A propósito de la discusión de la iniciativa. Semana.com habló con el representante Guillermo Rivera, quien explicó en qué se ha avanzado y por qué es tan importante la aprobación de este proyecto.
Semana.com: ¿Cómo van las conversaciones con el Gobierno para radicar ese proyecto?
Guillermo Rivera: Van bien, el sábado pasado nos reunimos con el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el director de Acción Social, Diego Molano, para exponer el proyecto que se hundió en el gobierno anterior. Los representantes del Gobierno nos escucharon y vamos a continuar conversando. Este martes la reunión con los otros partidos y con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y el del Interior, Germán Vargas, avanzamos en una concertación.
El próximo viernes vamos a presentar el texto del proyecto al presidente, Juan Manuel Santos para después radicarlo.
Semana.com: ¿Las víctimas de agentes del Estado también serán reparadas?
G.R.: Sí, aunque ha habido objeciones a la reparación administrativa de algunos sectores, el Gobierno está persuadido de que la reparación debe incluir el universo amplio de víctimas.
Semana.com: El Gobierno anterior estimó que se podrían gastar 88 billones de pesos, razón por la cual ordenó hundir el proyecto. ¿Ustedes han hecho un cálculo de los recursos que se podrían gastar en reparaciones?
G.R.: Nosotros no hemos hecho ningún cálculo. El cálculo lo hizo el director de Acción Social, Diego Molano, y su equipo. Ellos lo presentaron este sábado. Según indicó él, se gastarían 44 billones, pero diferidos a 10 años. Es decir, ese sería el costo de la implementación de las medidas que contiene el proyecto de Ley. Pero este es un cálculo del actual Gobierno y nos parece razonable. Nosotros hemos propuesto que la indemnización debe ser gradual y el Gobierno, a través de Acción Social, adujo que esos serían los recursos y que se podría hacer un documento Conpes para eso.
Semana.com: ¿Cuál es la importancia de que un proyecto como este se apruebe?
G.R.: ¡Imagínese!, hay más de 4 millones de colombianos y colombianas viviendo en una situación muy difícil. Este es un proyecto que busca construir un instrumento legislativo para una política masiva de reparaciones.
Semana.com: ¿Cuáles son los capítulos centrales de la iniciativa?
G.R.: Este proyecto consagra unos principios generales para una política de reparaciones que se recogen de la legislación internacional. Se está planteando la reparación desde una perspectiva internacional, con indemnización, con restitución de bienes, con garantías de no repetición, con un capítulo de recuperación de la memoria histórica, con medidas de asistencia para las víctimas, entre otros puntos.
Acción Social ha propuesto que este proyecto tenga un capítulo especial para los desplazados, con el fin de darle cumplimiento a los autos que en esa materia ha expedido la Corte Constitucional.
Semana.com: ¿De dónde saldrían los recursos para la indemnización?
G.R.: Yo creo que eso habría que preguntárselo al Gobierno que es el que ha planteado la cifra y el horizonte de tiempo. Yo no me quiero arriesgar a polemizar en cuestiones fiscales. Lo importante aquí es que hay voluntad.
Semana.com: El sector uribista en el Congreso podría no estar de acuerdo con este proyecto, pues fue el que hundió la iniciativa en el Gobierno anterior…
G.R.: No, no he conocido ninguna posición radical de ninguna bancada. Sin la presencia del ex Presidente Uribe no existirá polarización y seguramente el proyecto podrá ser concertado.
Semana.com: ¿En este momento, hay alguna iniciativa de reparación en el Congreso?
G.R.: El Partido Conservador había radicado una iniciativa en la legislatura anterior, que recogía el texto que había propuesto el Gobierno de Uribe. Pero el Presidente de la Cámara, Carlos Zuluaga, me dijo que el partido estaría dispuesto a retirarla y a concertar con nosotros un texto unificado que permita un tránsito fluido en el Congreso.
Semana.com: En la legislatura pasada, el Partido Liberal trabajó de la mano de las organizaciones sociales, hicieron 10 encuentros de víctimas en el país. ¿Esta vez será necesario repetir el acompañamiento de las organizaciones?
G.R.: Este tipo de proyectos siempre requieren de legitimidad de la sociedad civil, y sobre todo de las organizaciones de derechos humanos. Ya hay un terreno recorrido en la medida que hemos construido un texto base, resultado de las diez audiencias que hicimos por todo el país. Eso no quiere decir que no se requiera el acompañamiento de la sociedad civil, pero ya hay un terreno avanzado.