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Termina una semana de ‘alta tensión’ entre el Gobierno y el Congreso por cuenta de las llamadas reformas prioritarias. Fue un pulso político entre ambos poderes, que tuvo en permanente exposición al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por cuenta de las exigencias de los presidentes de Senado y Cámara por la demora del Ejecutivo en tramitar los proyectos.
En el saldo del Gobierno, esta semana termina con la radicación de uno más de los proyectos prioritarios: la controvertida reforma al régimen de regalías.
Pero el conflicto entre el Congreso y el Gobierno, que tuvo su escenario en los medios de comunicación y en las plenarias de ambas cámaras, deberá dirimirse a partir del próximo lunes, cuando la cuenta regresiva para los proyectos empiece a correr.
Tanto Armando Benedetti, presidente del Senado, como Carlos Alberto Zuluaga, presidente de la Cámara, cuestionaron al ministro Vargas, el encargado de sacar adelante la agenda legislativa, no radicar proyectos, de concertarlos fuera del Congreso y reducir al legislativo al papel de “notarios” de las principales iniciativas.
Benedetti exigió al gobierno radicar cuanto antes las iniciativas, pues según sus cuentas, las prioridades “no están en el campo del Congreso”. Mientras que Zuluaga reclamó una “mejor relación” del Ministro de Interior con los congresistas y especialmente con los ponentes de los proyectos.
Mientras tanto Vargas Lleras continuó con su esquema de concertar las reformas en las mesas de diálogo con partidos políticos y se fijó unos nuevos plazos para radicar los proyectos en el Congreso. Anunció que en menos de tres semanas la ley de víctimas, la ley de tierras, las reformas política y a la justicia, ya estarán listas para su discusión parlamentaria.
El trámite
Pero el Partido de la U, que en días pasados anunció su respaldo irrestricto al presidente Juan Manuel Santos pero una “actitud crítica” frente a los ministros del gabinete, prendió las alarmas sobre el tiempo con el que cuenta el Gobierno para sacar su agenda de reformas prioritarias.
Según la U el cronograma ya está apretado y el Gobierno cuenta con el tiempo justo para impulsar las reformas.
El problema lo concentran aquellas iniciativas que significan reformas constitucionales, según le explicó a Semana.com el vocero de la U en el Senado, Roy Barreras, al advertir que, para su trámite, la Ley Quinta (reglamento del Congreso) exige periodos de quince días entre un debate y el otro entre comisiones y plenarias. “En términos prácticos son dos meses entre debate que tomarían octubre y noviembre y la legislatura por mandato legal sólo va hasta el 16 de diciembre”.
Según la Ley Quinta, las reformas constitucionales requieren ocho debates que tienen que cursarse en un mismo periodo legislativo. Cada periodo está compuesto de dos semestres, y la ley establece que los actos legislativos deben surtir cuatro debates en cada semestre.
Esto significa que si una reforma constitucional no cumple sus cuatro primeros debates en el primer semestre se hundirá, y sólo puede ser radicada hasta el siguiente periodo, es decir, un año después.
Para el estudio de los proyectos de reforma constitucional también es necesaria la realización de audiencias públicas previas a cada debate, luego la tramitación de las ponencias. Estos trámites también tienen como término una semana entre cada uno de ellos.
Además, la Ley también prohíbe que las reformas constitucionales se tramiten en sesiones extraordinarias (ese fue uno de los vicios de trámite del referendo reeleccionista).
Fecha límite
El vocero del Partido de la U en el Senado, al referirse a la reforma a la justicia, le recordó al Gobierno que si el próximo 15 de septiembre no se tramita esta iniciativa, probablemente no podrá cumplir su trámite. Y aclaró que lo mismo les sucederá a otros proyectos.
El Ministro del Interior admitió que el Gobierno conoce y está pendiente de los términos de la legislatura y que espera que en el nuevo plazo que se trazó los proyectos lleguen concertados.
Por eso, Vargas Lleras les pidió a las Altas Cortes, en el caso de la reforma a la justicia, y a los partidos políticos “pronunciarse oficialmente” sobre las iniciativas.
Al hecho de que el gobierno tramitará cuatro reformas a la Constitución (ordenamiento territorial, reforma política, reforma a la justicia, reelección de alcaldes y gobernadores y eliminación de la Comisión Nacional de Televisión) se suma que todas ellas se concentran en la comisión primera de Senado y Cámara, que tendrá que discutir el proyecto de reparación a las víctimas, que ya genera un intenso debate entre los propios partidos de la coalición de Gobierno.
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