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Más preocupante que la demora en la entrega de los resultados en la votación de la consulta conservadora en las elecciones del pasado domingo, es la notoria ausencia de un sistema electoral serio y acorde con las evidentes necesidades de una democracia obligada a robustecerse cada vez más.
El hecho de que más del 10 por ciento de los votos del Congreso hayan sido anulados (1.403.913), según registró el último boletín de la Registraduría, o que más de dos millones de personas no marcaran la elección de Parlamento Andino o que cerca de un millón y medio de personas votaran en blanco esa elección (más por desconocimiento que por convicción, dicen los expertos), es evidencia de que buena parte de los electores no sabían cómo marcar los tarjetones.
Según Gabriel Bustamante, asesor jurídico de la corporación Viva la Ciudadanía, “nuestro sistema es uno de los más complicados del mundo”.
Pero el problema no es reciente. Una y otra vez las elecciones del Congreso registran deficiencias del sistema electoral, que si bien ha sufrido cambios no parecen ser los suficientes para solucionar el tema de fondo.
Por ejemplo, en la elección de 2006, la cifra de votos anulados en el Congreso fue de un millón doscientos mil. Comparada con la de este año, la cifra guarda la proporción con la del número de votos anulados este año.
Según analistas, la lección más importante de las pasadas elecciones debería llevar a las autoridades electorales, al Gobierno entrante y al nuevo Congreso a considerar una gran reforma al sistema electoral, a la altura de las necesidades de nuestra democracia.
Hay quienes piden la cabeza del Registrador, Carlos Ariel Sánchez, por las fallas en el sistema de divulgación de este domingo. El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, lanzó un dardo venenoso al decir que no había garantías para el proceso de elección presidencial que se avecina.
Sin embargo, la sugerencia ha sido considerada como irresponsable, no solo porque fue expresada en medio del conteo de votos de la jornada electoral del domingo pasado, sino porque estamos a las puertas de la elección presidencial. El Ministro sabe de sobra que el proceso de escrutinio, que se hace con peritos acreditados, con una comisión escrutadora y representantes de los partidos es garantía suficiente para evitar fraudes y eso es lo que verdaderamente cuenta como registro público.
Esta semana también se conoció la versión sobre un presunto consumo de licor en Corferias. Nadie sabe a ciencia cierta si había funcionarios de la Registraduría tomando whisky, ni quiénes eran las personas que estaban departiendo en una de las salas a la entrada de Corferias.
A propósito de eso, para el consultor internacional para la democracia, Juan Fernando Londoño, “el Gobierno está tomando represalias por el hecho de que el Registrador no certificó la financiación del referendo. Esto es una revancha política por su independencia”.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral, MOE, también rechazaron el hecho de que se intente desacreditar la tarea del Registrador, cuando el foco del debate debería ser el sistema electoral.
¿Qué hace falta para mejorar el proceso electoral?
Diferentes organizaciones, entre ellas la Registraduría, sectores de opinión, analistas, ex magistrados del Consejo Nacional Electoral han propuesto reformas integrales al sistema electoral, en aras de su modernización, en diferentes momentos. Sin embargo, estas mejoras se han quedado en buenas intenciones, a pesar de que reformas al sistema político, como la de 2003 y de 2009 sí han prosperado y han terminado por incidir en el sistema electoral.
Por ejemplo, la de 2003 aumentó el umbral como requisito para que los partidos pudieran constituirse jurídicamente. Eso desembocó en menos partidos, aunque no necesariamente más fuertes. La de 2009 le dio más facultades al CNE para vigilar el proceso electoral, pero no estableció las sanciones para organizaciones políticas que no cumplan con aspectos tan importantes como transparencia y democratización.
Por esta razón, para el ex magistrado del CNE Antonio Lizarazo, “la reforma al sistema electoral debe ser completa. No parcial. Y debería estar en primero orden del día de la agenda del Congreso”.
Semana.com recogió los temas que debería tener una reforma integral del sistema electoral:
1. Listas cerradas al Congreso
Una de las razones por las cuales los electores anulan sus votos es porque el manejo de los tarjetones es engorroso. Dentro de las propuestas para hacer más expedita la elección una de ellas es disminuir las opciones a la cuales se tiene que enfrentar un elector. “Eso conlleva cerrar las listas que los partidos presentan”, explicó Londoño.
De esta manera los partidos tendrían que dirimir sus disputas por el poder internamente y presentar listas al Congreso de personas probas, con buena reputación tras un proceso de selección que los fortalecería. Y el elector solo tendría que marcar el logo del partido el día de la elección y no tener que buscar el logo y el número de su candidato entre más de ochocientas opciones, como sucede.
“Sería un paso adelante en el intento de fortalecer los partidos”, dijo Bustamante, de la ONG Viva la Ciudadanía.
Para Londoño, el proceso de cierre de las listas debe ser gradual. Por ejemplo, que comience en Senado y posteriormente se aplique en Cámara. “De esta manera serán los partidos y no los individuos los protagonistas de las campañas. Consecuentemente serían más importantes los programas que los caciques electorales”, explicó Londoño.
Lizarazo propone reducir el número de circunscripciones electorales para que así el elector no tenga que enfrentar tantas opciones. Actualmente hay dos circunscripciones en Senado y tres en Cámara.
El ex magistrado argumenta que el problema de la cantidad de circunscripciones es que si el elector no sabe que no puede participar en la elección de congresistas en varias circunscripciones al mismo tiempo, puede anular su voto.
2. Despolitizar el Consejo Nacional Electoral
Una de las críticas más frecuentes al CNE es que sus integrantes son elegidos por el Congreso de ternas propuestas por los mismos partidos políticos. Los partidos que más representación política alcanzan en las elecciones tienen derecho a nombrar más magistrados que los partidos pequeños.
Así, la veeduría y control de las campañas de las organizaciones políticas queda en manos de integrantes de los mismos partidos, restándole imparcialidad e independencia al CNE.
Por esta razón Lizarazo dijo que era urgente “crear reglas para despolitizar el sistema. No importa quien elija a los magistrados del CNE, lo importante es que éstos no provengan de los agentes políticos”, explicó el ex magistrado.
Un ejemplo de la urgencia de despolitizar el CNE es que el organismo duró más de un año investigando las irregularidades de la financiación del referendo reeleccionista, y al final, a pesar de la sobrada evidencia, no se sancionó a los responsables.
3. Reformar el Código Electoral
El código electoral vigente obedece al sistema electoral en el que las personas no marcaban tarjetones, sino que introducían su dedo índice en tinta. Cada vez es más inminente la implementación del voto electrónico. Por esta razón, el sistema de escrutinio debe modernizarse.
En este punto es necesario que la reforma incluya la precisión de las facultades del CNE. Con la pasada reforma política (2009) se le endilgaron más facultades a este organismo, como la de vigilar y controlar el proceso electoral. Sin embargo, la interpretación de esas facultades es ambigua.
Amparado en las nuevas facultades, por ejemplo, el organismo impidió al movimiento Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, hacer campaña en televisión, con el argumento de que ese espacio estaba restringido a los partidos jurídicamente constituidos.
El organismo también ordenó el retiro de publicidad de candidatos como a la consulta conservadora como Andrés Felipe Arias, porque atacaba otras campañas. Sin embargo, no ordenó el retiro de la publicidad que atacaba al Alcalde Samuel Moreno, porque en su criterio, éste no estaba en campaña.
“No se sabe con base en qué criterios el CNE tomo esas decisiones. Necesitamos un nuevo código que haga las reglas más simples y acordes con las necesidades actuales”, sentenció Londoño.
De lo contrario, el país podría verse abocado, dentro de cuatro años, a una situación similar a la que vive hoy.