PUBLICIDAD
Un tribunal ecuatoriano ordenó la detención preventiva del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, "por presunto delito contra la vida" y como parte del proceso de investigación del operativo militar contra un campamento de las Farc en la región de Sucumbíos, en Ecuador, el 1 de marzo del año pasado.
El magistrado Daniel Méndez, juez primero de garantías penales de la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, provincia amazónica donde se adelanta el proceso, dictó la orden de captura por considerar a Santos sospechoso de coordinar y disponer el ataque militar donde murieron 25 personas, entre ellas Frank Aisalla un ecuatoriano.
Según un peritazgo de la fiscalía ecuatoriana, con veedores extranjeros, Aisalla fue ejecutado y no murió en el combate, como aseguraron las autoridades colombianas.
El primero en pronunciarse por la decisión del juez fue el presidente Álvaro Uribe, quien al conocer la noticia desde Washington dijo que no permitirá que “toquen” al ex ministro, quien renunció el pasado 18 de mayo a su cargo. “He recibido la noticia de un juez del extranjero, la decisión en contra del ministro Santos”, dijo en la noche de este lunes. “El gobierno de Colombia no permitirá que toquen al ministro Santos”, agregó Uribe.
Enseguida, en la mañana de este martes, Santos dio a conocer un comunicado de prensa en el que dijo que la decisión judicial ecuatoriana era “una agresión más de las tantas que ciertas autoridades del Ecuador vienen haciendo, no contra Juan Manuel Santos, sino contra Colombia”.
Aunque no dio más detalles, es probable que se refiere a las decisiones que ha tomado el presidente del Ecuador Rafael Correa, quien desde la fecha de la operación Fénix rompió relaciones diplomáticas con Colombia y éstas no se han vuelto a reestablecer.
Desde ese entonces, el gobierno de Correa le ha reprochado a Colombia el hecho de haber violado su soberanía al cruzar la frontera, sin autorización, para bombardear el campamento de las Farc en el que se encontraba ‘Raúl Reyes’, uno de los principales jefes de esta organización guerrillera. Colombia se ha defendido diciendo que este fue un acto de legítima defensa, pues consideran a las Farc como un grupo terrorista.
“No he creído necesario ni conveniente responder esas agresiones que ya se han vuelto pan de cada día para los colombianos, y esta vez menos por lo grotesco y absurdo de semejante acción -dijo Santos- Reitero mi aprecio y respeto por el pueblo ecuatoriano y mi eterna gratitud con el presidente Uribe por su respaldo y solidaridad", puntualizó.
Juan Manuel Santos, reconocido como uno de los titulares de Defensa que obtuvo algunos logros importantes en seguridad en el país, renunció al Ministerio de Defensa para lanzar su precandidatura presidencial, la cual condicionó a si Uribe decide o no optar por un tercer mandato. Tras su renuncia, Santos aseguró que se tomaría un tiempo de descanso con su familia en el exterior.
Así mismo, el canciller Jaime Bermúdez, quien también se encuentra con Uribe en Washington, aseguró que Colombia llevaría el caso de la decisión ecuatoriana a la consideración de instancias internacionales, pero que aún se estudiaba cuál podría ser esa instancia. Lo que sí esta claro, según dijo a Caracol Radio, es que el pronunciamiento del juzgado de Ecuador fue una “extralimitación”.
"Lo que Colombia considera ilegal e ilegítimo son las acciones terroristas, nosotros consideramos que hay una extralimitación de la decisión del juez (ecuatoriano) y vamos a poner en conocimiento a las instancias internacionales este caso", dijo el canciller.
No es claro si esta orden judicial puede trascender y hacerse efectiva en Londres, donde actualmente permanece Juan Manuel Santos con su familia. Sin embargo, puede verse como un paso menos en el camino para restablecer las relaciones entre Colombia y Ecuador.
(Con información de AP)
Este es un espacio de participación de los usuarios. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los internautas y no reflejan la opinión o posición de Publicaciones Semana S.A..
Publicaciones Semana S.A. se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que considere innecesarios para la sana participación de los internautas.