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La sombra de los falsos positivos, uno de los mayores escándalos que afrontó el anterior gobierno, sigue tendida. Luego de que los medios de comunicación revelaran ejecuciones extrajudiciales en Soacha, en 2008, la aparición de un cementerio en el departamento del Meta, con más de 400 cuerpos sin identificar, sigue sembrando dudas.
El pasado mes de mayo, el relator de la ONU para los derechos humanos advirtió en su informe anual sobre Colombia que los falsos positivos han sido una “práctica sistemática de algunos agentes del Estado”, afirmación polémica que fue controvertida por el gobierno y por el entonces candidato Juan Manuel Santos.
Cuando parecía que el país superaba ese debate, el pasado mes de julio, en una audiencia pública de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, habitantes de La Macarena denunciaron que centenares de cadáveres fueron entregados por el Ejército al cementerio del municipio, que, entre otras, colinda con algunas bases militares.
Defensores de Derechos Humanos advirtieron estar ante un posible caso de fosas comunes donde terminaban enterrados civiles inocentes que podría constituir una nueva prueba de falsos positivos entre el 2002 y el 2010.
Por esos días la Cancillería, a nombre del gobierno, rechazó esa hipótesis al señalar que una misión enviada por la Fiscalía a recopilar datos sobre estas denuncias de vecinos de La Macarena no encontró "signos de remoción de tierra, ni tampoco cualquier otra señal de la existencia de una fosa común".
"En el cementerio del municipio de La Macarena sólo existen tumbas individuales excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por más de un metro de distancia. Esta circunstancia fue verificada por funcionarios del cuerpo diplomático acreditado en Colombia que visitaron el municipio", añadió la Cancillería en un comunicado.
Ese pronunciamiento no fue suficiente. Por eso este martes el Polo Democrático citó a los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, e invitó al Fiscal general y al Procurador general en busca de esas respuestas.
Según el representante Iván Cepeda, citante del debate, “la discusión es cómo se produjeron esas muertes, quiénes son las personas que están allí, qué tiene que decir el Ejército con relación a los controles que debió utilizar y los procedimientos de inhumación de esos cuerpos”.
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