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| 5/9/2004 12:00:00 AM

Amarga lección

La operación Dólar Blanco, que involucró a miembros prestantes de la sociedad colombiana, reveló que de ahora en adelante cualquier transacción de dólares negros puede terminar en una extradición.

José Douer Ambar es uno de los empresarios más conocidos de Colombia. Ha sido desde hace medio siglo pionero y promotor de la industria de las confecciones en el país, con marcas tan tradicionales como Pat Primo. Igualmente ha participado en importantes proyectos en el campo de las comunicaciones como el noticiero CM&. Es un industrial exitoso y discreto que siempre se ha caracterizado por contar con el afecto y el respeto de quienes lo conocen, incluidas todas las personas que trabajan en sus empresas. Es en la actualidad uno de los colombianos más activos del sector empresarial en hacer llegar alivio a los desplazados. Cariñosamente todo el mundo lo llama Don Pepe. Hace un año y ocho meses, José Douer conoció en Bogotá a un hombre que se hacía pasar como comisionista de bolsa y quien había logrado relacionarse con reconocidos empresarios e industriales de Colombia. Por ser una persona muy recomendada, Douer le compró 190.000 dólares con el compromiso de transferirlos a su cuenta en el Barclay's Bank en Londres. Los dólares llegaron a la cuenta el 28 de agosto de 2002 y habían sido transferidos desde una cuenta del Citibank de Nueva York. Ese dinero resultó tener como origen una transacción de lavado de dólares. Había sido el resultado de una operación encubierta de la DEA en Montreal, Canadá, con el propósito de descubrir cuáles de los vendedores de dólares en Colombia compraban conscientemente dólares contaminados. El cambista que le vendió los dólares a José Douer era en realidad un agente encubierto de la DEA que hizo la transacción a través de un "peso broker" de una organización desconocida por Douer, quien nunca sospechó que podían provenir de un lavado de dinero. Sin embargo, fue a su cuenta a donde llegaron. Esa circunstancia, que le puede suceder a cualquier persona en Colombia que esté transando en dólares por fuera del sistema bancario, puso al empresario en la mira de las autoridades norteamericanas. Durante los últimos dos años ha vivido un calvario que no solo lo ha afectado personalmente sino que de la noche a la mañana ha prendido las alarmas sobre lo que puede llegar a ocurrir al comprar dólares en el mercado negro. Cuando el cheque entró en la cuenta de Douer, las autoridades norteamericanas, con la colaboración de la justicia británica, la congelaron y procedieron a hacer una investigación detallada sobre todas las finanzas del empresario. Como se trataba de un industrial cuyo patrimonio podía ser totalmente justificado en términos legales, se pensó inicialmente que con las aclaraciones del caso se podría dar por terminado el asunto. No fue así. Aun cuando se estableció que ninguna de las actividades empresariales de Douer tenía la más remota conexión con el narcotráfico, la justicia de Estados Unidos consideró sin embargo que sus transacciones en divisas podían ser judicializadas por haber sido realizadas por fuera de los canales oficiales. Cambio de reglas El gobierno de Estados Unidos en los últimos dos años ha endurecido varios aspectos de su legislación para combatir el terrorismo. El Patriot Act, promulgado después de los ataques del 11 de septiembre, es un paquete de normas destinadas a este propósito que incluyen controles severos a las transacciones financieras. Desde ahí la justicia norteamericana le da una interpretación cada vez más amplia al concepto de lavado de dólares y se ha llegado al extremo que toda transacción de divisas que no se haga por los canales oficiales o con las licencias requeridas puede ser objeto de una presunción de este delito. Antes era necesario demostrar que una persona tenía conocimiento del origen ilícito del dinero para caer en la categoría de lavador. Ahora cada vez más se está aplicando un concepto que en inglés se denomina "conscious avoidance", cuya traducción literal es "ignorancia a conciencia". En la práctica esto significa que cuando una persona mira hacia el otro lado y no tiene pruebas contundentes de dónde vienen los dólares, inconscientemente está aceptando que pueden provenir del narcotráfico. En otras palabras, se puede llegar a ser considerado lavador de dólares no sólo por acción sino por omisión. De ahí que personas que no tienen ningún nexo con actividades ilegales pero que hacen transacciones sin tener claridad total de su origen pueden llegar a ser consideradas lavadores de dólares. En el caso de Douer, después de más de un año y medio de tratar de demostrar su inocencia, optó finalmente por negociar con la justicia estadounidense. Aunque fueron 190.000 dólares 'sucios' que ingresaron a su cuenta, reconoció ante un fiscal de Nueva York que en los últimos años había comprado en el mercado negro 20 millones de dólares y optó por devolverlos. Así quedó consignado en el acuerdo firmado con el fiscal David Kelley. Se comprometió además a colaborar con las autoridades para enviar un mensaje a la comunidad empresarial colombiana de que las prácticas de compra y venta de divisas que eran socialmente aceptadas en el pasado han dejado de serlo. "Estos hechos demuestran la importancia de que todos los colombianos y las empresas nacionales se abstengan de adquirir moneda extranjera de agentes no licenciados y utilizar exclusivamente las instituciones financieras para sus transacciones", dijo Douer en un comunicado que emitió la semana pasada. Se espera que en un plazo de dos años, su caso sea archivado sin formularle cargos de ninguna naturaleza. Alerta roja El caso de Douer ilustra otro peligro que acecha ahora a los empresarios colombianos: que los patrimonios producidos legítimamente en pesos pueden llegar a ser considerados ilegales al convertirse en dólares por fuera de los canales oficiales. Por eso tuvo que devolver los 20 millones de dólares. Se podría pensar que si le decomisaron este monto era porque era producto de alguna actividad ilícita. La realidad es que se trataba de dineros legítimos producto de sus actividades empresariales en el país. Sin embargo la historia que empezó con los 190.000 dólares contaminados terminó en que un patrimonio legítimo acumulado durante años podía ser confiscado en su totalidad. Los amigos Por cuenta de esa negociación, a José Douer se le suspendió una orden de captura con fines de extradición y no ha sido acusado formalmente de ninguna irregularidad por las autoridades norteamericanas. Pero su caso ha tenido bastantes arandelas que han involucrado a terceros. En las investigaciones que se hicieron de sus finanzas salieron a flote algunas personas que le habían vendido dólares. Se trata de Salomón Eilemberg Druckman, Clemencia Pinzón Barco y Jaime Trujillo Dávila. Durante los últimos cuatro años, ellos le vendieron dólares a José Douer en algunas ocasiones. En el pliego de cargos de la justicia norteamericana se mencionan dos giros de Salomón Eilemberg-Druckman por 200.000 dólares y por 130.000 dólares, uno de Clemencia Pinzón Barco por 130.000 dólares y uno de Jaime Trujillo Dávila por 50.000 dólares. Estas cifras son parciales pues además de estos giros hay otros realizados por ellos durante ese período. Cuando las autoridades norteamericanas investigaron esas transacciones señalaron que no cumplían con los requisitos legales porque no tenían la licencia requerida. El problema inicialmente parecía menor pues los recursos no tenían nexos con el narcotráfico e históricamente la realización de giros sin licencia en el estado de la Florida era una contravención que tenía una multa de 5.000 dólares. Lamentablemente para los implicados las cosas habían cambiado mucho como consecuencia del 11 de septiembre. Después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, el gobierno norteamericano decidió ejercer una mayor vigilancia sobre las transacciones financieras que se hicieran dentro de su territorio, para poder así detectar los flujos que alimentaban a las organizaciones terroristas a escala mundial. Se promulgó entonces la sección 1960 del Código Penal de Estados Unidos, por medio de la cual se le daría prioridad a controlar las transferencias financieras sin licencia. El principal objetivo en ese momento era detectar la financiación del terrorismo tipo Al Qaeda, que se hacía utilizando fundaciones sin ánimo de lucro como fachada. Como en ese momento la guerra contra el terrorismo se convirtió en la prioridad para el gobierno de George W. Bush, la conexión entre narcotráfico y terrorismo hizo que las nuevas disposiciones sobre transferencias financieras fueran aplicadas con mayor rigor a los giros originados en Colombia. A partir de enero de 2002, como consecuencia de esa nueva norma, la sanción por efectuar giros sin licencia en la Florida pasó de una multa de 5.000 dólares a penas de cárcel hasta de cinco años y a la posibilidad de decomiso del monto total de la transacción. Este era un cambio radical que pasó relativamente inadvertido en Colombia y que volvía delito penal lo que hasta hace dos años no era más que una contravención. La informalidad con que se manejaban los giros en divisas en el pasado se había convertido en un riesgo enorme cuya gravedad solo salió a flote en el caso Douer. No era discutible que las tres personas que le vendieron algunos dólares a José Douer lo habían hecho sin licencia en la Florida y por lo tanto podían enfrentar un problema jurídico por este hecho. Lo que no se entiende es cómo pudieron ser acusados de lavado de dólares, por lo que tienen órdenes de captura y están solicitados en extradición. Sobre todo si no se ha podido demostrar que los giros que realizaron tuvieron su origen en actividades ilícitas. La explicación radica en que dentro de las nuevas interpretaciones que le está dando la justicia norteamericana al lavado de activos ya no se requiere la prueba reina. El hecho de que las transacciones se hagan sin licencia constituye hoy en día, de por sí, un indicio grave de alguna posible actividad delictiva. A esto se suma la teoría del "conscious avoidance", según la cual cuando una persona no sabe exactamente de dónde viene el dinero es porque reconoce que hay una alta probabilidad de que proviene del narcotráfico. La combinación de estos dos factores ha llevado a que Salomón Eilemberg-Druckman, Clemencia Pinzón Barco y Jaime Trujillo Dávila hayan sido vinculados a una red de lavadores de dólares a la cual es muy dudoso que pertenezcan. Es más, aunque las autoridades estadounidenses le dieron un gran despliegue a esta operación Dólar Blanco y anunciaron que estaban vinculadas a ésta 34 personas, entre ellas las del caso Douer, la investigación original que hicieron la DEA y el DAS desde 2002 con el nombre de Dólar Blanco no aparece conectada a la del caso Douer. Los investigadores con los que habló SEMANA aseguran que los nombres de estas cuatro personas nunca aparecieron en las pruebas, conversaciones o documentos encontrados en su trabajo de investigación de dos años. De todos modos la situación jurídica que enfrentan es muy delicada. Paradójicamente, el cargo del cual aparentemente son culpables, el de la falta de licencia para realizar transferencias financieras, no representa el problema mayor. La realización de giros sin licencia no es delito en Colombia y una persona sólo puede ser extraditada cuando se le acusa de una actividad considerada delito en los dos países. El problema grave es la acusación -que aparentemente no tiene mayor sustento- de lavado de dólares. Además de la amenaza de penas de cárcel enfrentan posibles multas o decomisos que, según la acusación, en conjunto pueden llegar a los 100 millones de dólares, calculados supuestamente con base en el monto de las transacciones efectuadas. La jurisprudencia sobre el tema establece que las autoridades colombianas no tienen por qué evaluar las pruebas, sino simplemente garantizar que las solicitudes de extradición se ajusten a los requisitos formales de la legislación colombiana. El proceso exige que la Corte Suprema de Justicia recomiende si la extradición debe o no llevarse a cabo. Si el concepto es negativo, su cumplimiento es obligatorio. Si por el contrario la recomendación es favorable a la extradición, la decisión final es discrecional y está en manos del Presidente. Aunque Colombia hoy tiene poco margen de maniobra frente a las exigencias jurídicas de Estados Unidos, hay de por medio en este caso una decisión política de fondo: si la extradición, que es un mecanismo revivido para combatir el narcotráfico, se va ahora a utilizar para enviar a Estados Unidos a infractores del régimen cambiario. En todo caso no es muy probable que se llegue hasta esta etapa. Estados Unidos a veces aprieta duro con el objeto de obligar a las personas a negociar, como sucedió en el caso de José Douer. Así que es muy posible que antes de cárcel en Estados Unidos o multas multimillonarias, las otras tres personas involucradas negocien. El mercado informal de divisas ha sido una realidad de la economía colombiana aceptada durante mucho tiempo. Al dólar negro recurren desde los viajeros que van de vacaciones a Miami hasta los empresarios que requieren liquidez de divisas para sus importaciones. Muchos empresarios en Colombia sacan dinero al extranjero no solo para evadir impuestos sino por seguridad. Sin embargo, siempre se había reconocido una diferencia entre el mercado negro 'legal', que supuestamente se deriva de dinero 'limpio', y el mercado negro 'ilegal', que se deriva de narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que la frontera entre estos dos mercados es difícil de establecer. Como la gran mayoría de los dólares negros tiene su origen en narcotráfico, la existencia de un mercado paralelo informal supuestamente no contaminado les parece a los norteamericanos más una ficción de la clase dirigente que una realidad económica. Para el Tío Sam, mercado negro es mercado negro y directa o indirectamente contribuye al sostenimiento del negocio del narcotráfico. Ese es el verdadero origen del terremoto que se presentó entre la clase dirigente colombiana la semana pasada con motivo de la vinculación de los señores Eilemberg-Druckman, Trujillo, y la señora Pinzón Barco a la operación Dólar Blanco. Si el propósito de esas medidas era acabar con el tradicional mercado negro de dólares, el mensaje quedó claro y contundente. Son muchos los colombianos que toda la vida habían comprado sus divisas en el mercado negro que ahora comenzarán a hacer cola en el Banco de la República cada vez que quieran hacer un giro al exterior. Esto es conveniente, y sin duda alguna tendrá un impacto importante en la guerra contra el narcotráfico y el lavado de dólares. Sin embargo, hay algo de injusticia en sancionar en forma tan drástica de la noche a la mañana a unas pocas personas por prácticas financieras que habían sido toleradas durante décadas.
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