Crisis en el TLC?

Sin que el país sepa, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos está pendiendo de un hilo. En una semana se inicia la penúltima ronda de negociaciones y puede que Colombia no asista. A pesar de que el tema del TLC ha seguido 'mojando' prensa y todo el mundo piense que ha ido avanzando lentamente, lo cierto es que la situación es crítica. En los últimos días las discusiones entre Bogotá y Washington han subido de tono, las propuestas que se envían no se contestan y los silencios son cada vez más prolongados.

Por otro lado, los gremios agrícolas colombianos han amenazado con salir de un portazo de la negociación. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, en una durísima carta al gobierno dijo que se estaban subyugando los intereses colombianos a los del Tío Sam y que no iba a ir a la ronda de Guayaquil. Fedepalma también dijo en tono enérgico que el gobierno ha cedido sin recibir nada a cambio. El gremio de los cereales ha dicho que el afán del equipo colombiano ha llevado a renunciar a los intereses nacionales frente a las posturas "abusivas de Estados Unidos".

Si en el mundo de los gremios llueve, por el lado de los mosqueteros de la prensa no escampa. El D'Artagnan de las plumas económicas, Rudolf Hommes, se fue lanza en ristre contra gremios, gobierno y medios. Hommes dijo que era una "verdadera vergüenza" que un país esté todas las semanas a punto de cerrar la principal puerta de acceso al mayor mercado del mundo, por "consideraciones mezquinas de riquitos que no piensan sino con el bolsillo, con unos medios que no entienden lo que está en juego y con un ejecutivo que asume el papel de Hamlet -¿TLC o no TLC - cuando debería mostrar firmeza y defender la decisión política que ya hizo". Otro mosquetero, Juan Manuel Santos, desenvainó su espada para defender el TLC de la tenaza de unas minorías poderosas que hacen mucho ruido frente a unas mayorías silenciosas que se verían beneficiadas.

El ambiente se puede cortar con cuchillo. A tal punto que el gobierno ha dicho que está contemplando la posibilidad de no ir a la próxima ronda y solidarizarse con los gremios colombianos. Lo que está en juego es trascendental para el futuro del país. En lo político, en lo económico y en lo social. En lo político porque Colombia tiene que tener un aliado estratégico y poderoso frente a un vecindario cada vez más hostil e inestable. En lo económico porque el único camino para que el campo se desarrolle es conquistar nuevos mercados y Estados Unidos es el más atractivo del mundo. Y en lo social porque el campo es el sistema sanguíneo de la economía rural y un TLC mal negociado podría exacerbar el conflicto armado a niveles insospechados.

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegó a un punto muerto la negociación agrícola? ¿Qué pasa si no hay TLC? ¿Qué significa para el campo un TLC mal negociado? ¿Qué busca Estados Unidos con este tratado? ¿Está preparado el agro para el TLC? Y, finalmente, si no hay TLC, ¿tiene Colombia un plan B?

De un hilo

Lo que ha sucedido en la negociación con Estados Unidos es la crónica de una crisis anunciada. Después de nueve rondas en diferentes ciudades del continente y mientras se iban evacuando los temas fáciles como el comercio electrónico, el fantasma del tema agrícola siempre estuvo gravitando en la mesa sin que nadie se atreviera a tocarlo de frente. Pero en algún momento había que coger el toro por los cuernos. Y ahí, la cornada era segura. Bien lo saben países como Australia, Panamá, Chile, Centroamérica y México, que cuando negociaron con Estados Unidos el tema agrícola vieron sangre en el ruedo.

Y es que el campo es quizás el único sector que no ha entrado en la era de la globalización. A pesar de que desde hace 15 años empezó la moda del libre comercio, de las apuestas de los yuppies en todas las bolsas del globo, y de la revolución de Internet en la forma de hacer negocios, los campesinos del mundo siguen tan protegidos como hace varios siglos. El campo es considerado un tema de seguridad nacional para todos los países. Las naciones más ricas dan subsidios millonarios a sus agricultores para que puedan vender sus productos a buenos precios. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2002 los 30 países más ricos del mundo gastaron 230.000 millones de dólares en la protección de sus sectores agropecuarios. Se estima que esas distorsiones reducen las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo en 37.000 millones de dólares por año.

Los países pobres no tienen plata con qué ayudar a sus campesinos y de ahí viene el gran desequilibrio del comercio mundial. Por eso una vaca en Holanda recibe más subsidios del gobierno que un campesino en Colombia. Y ahí está el meollo de la negociación con Estados Unidos.

Desde un comienzo los negociadores gringos dijeron que las ayudas a sus agricultores eran intocables. En cambio, los aranceles, que son el principal mecanismo que tiene Colombia para proteger a sus agricultores, sí debían estar sobre la mesa para su desmonte.

El gobierno de Álvaro Uribe se ha dedicado en los últimos meses a enviarles toda suerte de propuestas a los gringos para que productos agrícolas colombianos puedan entrar a Estados Unidos y productos de ese país puedan hacerlo a Colombia. Pero los norteamericanos no se han movido un centímetro: lo han pedido todo y no han cedido nada. El principal interés de los gringos es poder vender sus gigantescos excedentes de cereales, especialmente en maíz, arroz, trigo, junto con los trozos de pollo. Estos productos pueden afectar

gravemente la economía rural colombiana porque de ellos dependen más de un millón de familias campesinas y porque las zonas donde se cultivan coinciden con el mapa del conflicto armado en el país.

El principal interés de Colombia es poder vender en Estados Unidos productos estratégicos para el sector agropecuario como azúcar, frutas, palma y carne. Pero en este tema los gringos también se han puesto muy duros. O ponen cuotas limitadas a estos productos o imponen medidas sanitarias muy severas y algunas veces injustificadas. En este caso Colombia también ha mandado cartas con propuestas para resolver estas trabas como la de crear un comité que tramite las quejas en esta materia similar al que se incluyó en el tratado con Australia, a petición de los estadounidenses para resolver el tema del caucho. Pero los negociadores de Colombia se han quedado como el coronel de García Márquez: sin nadie quien les escriba.

Detrás de ese silencio intransigente hay dos explicaciones. Un problema local de Estados Unidos de defender a sus granjeros y un creciente problema global encarnado por la amenaza comercial china. La expansión del 'gran dragón' ha despertado una ola antiliberal y proteccionista no sólo en Estados Unidos sino en Europa. Y esa ola ya llegó al Congreso norteamericano, que es el que decide, en últimas, si hay o no tratado con Colombia.

La señal más clara de esta nueva tendencia es el empantanamiento del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica que ya fue firmado por los gobiernos de ambos países y que se enfrenta a una dura oposición en el Congreso estadounidense. Y lo que pase con Centroamérica puede ser la antesala de lo que suceda con Colombia.

La negociación de Estados Unidos con Colombia tiene entonces dos problemas: el lobby de los poderosos granjeros gringos en el Congreso de ese país y una nueva ola proteccionista que recorre el mundo fruto de los pasos de China, el nuevo gigante que está sacudiendo la economía mundial.

Si por allá llueve...

Si por Washington la situación está enredada, en Colombia no está menos fácil. El pulso interno que tiene que dar el gobierno con el TLC se endurece cada día más. En la medida en que se acerca la recta final hay que determinar quién gana y quién pierde. Una pela que todavía no se ha dado el gobierno. Por el contrario, da la sensación de que éste quiere darle gusto a todo el mundo. Sin embargo, en estos tratados las oportunidades que se brindan son a veces proporcionales al tamaño de sus sacrificios.

Pero el gobierno parece no estar dispuesto a asumir este costo político en aras de que el acuerdo no pierda legitimidad una vez llegue al Congreso. Hasta ahora, casi todos los pataleos de los gremios que se sienten amenazados han terminado con una palmadita en la espalda por parte del gobierno. Y gobernar no es dejar contento a todo el mundo sino que prime el interés general sobre unas minorías ruidosas y bien representadas. A pesar de que se le ha criticado abiertamente al gobierno su falta de prioridades, off the record éste dice que sí habrá varios sectores sacrificados y que los va a ayudar a reorientar y sacarlos adelante.

Todo eso suena muy bonito, pero se necesita plata. Y cada vez hay menos. Basta ver que la inversión del gobierno pasó de ser el 25 por ciento de los gastos totales en 1995 al 13 por ciento este año. Y el que más ha sentido ese reversazo es el campo. Porque si las ciudades están sentadas en una bomba social, en el campo esa bomba ya está estallando. La pobreza y la falta de oportunidades en vastas regiones del territorio es el mayor aliciente para que humildes campesinos se conviertan en feroces guerreros de los grupos armados.

Actualmente el 70 por ciento de la población rural vive en la pobreza y casi el 30 por ciento en la indigencia; el desempleo en el campo llega al 15 por ciento, superior al promedio nacional; y en los últimos 15 años se han perdido más de un millón de hectáreas de agricultura lícita por cultivos ilícitos, una cuarta parte del total del área cultivada en el país.

Pero lo peor de todo es que la pobreza rural en Colombia tiene el rostro de la violencia. La geografía de la guerra está estrechamente ligada a la falta de la presencia del Estado y especialmente a la pobreza en el campo. No es que la pobreza genere violencia -como lo demuestran la mayoría de los estudios- sino que la poderosa estructura criminal de la guerrilla, los paramilitares y los carteles de la droga, capitalizan la miseria y el desempleo para engrosar sus filas, mejorar sus tropas y aceitar su temible máquina de guerra (ver recuadro).

Además del ingrediente social, está el obstáculo político. Se acercan las elecciones y el TLC es cada vez más impopular. Según la última encuesta de Invamer Gallup la imagen del tratado con Estados Unidos ha caído de 70 por ciento a 53 por ciento en los últimos ocho meses. El TLC es visto cada vez más como un instrumento del imperialismo comercial del Tío Sam y, por lo tanto, muchos candidatos están enarbolando la bandera patriótica de la soberanía nacional. Mientras que para algunos economistas y empresarios el Tratado de Libre Comercio es una oportunidad única para el progreso del país, para muchos políticos es la oportunidad para hacer populismo y sumar votos.

Los primeros que pueden cerrar filas contra el tratado son los congresistas ya que en sus regiones el coletazo del TLC puede afectar a sus electores. Teniendo en cuenta la alta representación del campo en la elección de los congresistas y que el tratado tiene que ser aprobado por el Congreso, ese tránsito por el legislativo va a ser tan lento como tortuoso.

Pero no sólo los congresistas están en campaña. El presidente Uribe también lo está. Y la reelección ha puesto a su gobierno en una encrucijada frente a este tema. La intención de aprobar el tratado torpedea su intención de hacerse reelegir. Es bueno recordar que todos los gobiernos latinoamericanos que han firmado un TLC han bajado en popularidad.

Pero como si los obstáculos del Congreso y las ambiciones reeleccionistas fueran pocos, el tratado tiene un último obstáculo que superar: la Corte Constitucional. En el curubito de la justicia la cosa tampoco está fácil. La Corte no solo ha mostrado su independencia sino que sus fallos en materia económica han ido, para algunos, más allá de su función constitucional. Cada vez con más fuerza se empiezan a oír voces que dicen que este tratado puede ser inconstitucional en un país bajo la égida del 'Estado Social de Derecho'.

Nadie esperaba que el TLC iba a ser fácil, pero tampoco que el ajedrez se fuera a complicar tanto.

Ni mucho que queme al santo...

Más allá de la humareda que produce el alboroto político hay un hecho cierto y es que el TLC tiene unos beneficios económicos innegables.

En primer lugar, vuelve permanentes una serie de preferencias para entrar al mercado gringo a productos que hoy están cobijados por el Atpdea, que se vence en diciembre de 2006. Sin el tratado y sin Atpdea, la fuerza exportadora que se ha ganado en los últimos años con productos como las flores, las confecciones, el calzado, las artesanías, entre muchos otros, se vendría al piso y serían reemplazados por productos de otros países. En segundo lugar, el TLC le abriría las puertas a productos agrícolas donde Colombia tiene un gran potencial exportador y que son fundamentales para que la economía rural crezca, pues el consumo interno desde hace años se estancó. En tercer lugar, se abren posibilidades para aumentar la inversión en el campo. Y, en cuarto lugar, cuando hay competencia los precios caen y se benefician todos los consumidores.

Pero todas las grandes decisiones tienen dos caras. Y el TLC tiene también su lado oscuro. Un TLC mal negociado puede ser fatal para la economía del país. Colombia ya vivió en carne propia cómo la euforia de una apertura económica terminó arruinando a millones de familias campesinas, fortaleciendo a los actores armados y multiplicando los cultivos ilícitos. Y ese es un error que el país no puede volver a cometer.

¿Pero qué es un TLC mal negociado? Fundamentalmente tres cosas: que los cultivos agrícolas que son estratégicos socialmente para el país terminen en una situación de clara desventaja frente a los productos subsidiados gringos. Que los sectores sacrificados no tengan el suficiente tiempo ni el apoyo estatal necesarios para reconvertirse. Y, finalmente, que las prometedoras oportunidades de exportación se queden en el papel, por cuenta de unas medidas sanitarias kafkianas que pueden ser una grave barrera para el comercio entre ambos países.

El otro escenario es no tener TLC. Y este tampoco pinta bien. Colombia puede quedarse sola en un hemisferio donde todo el mundo está aliándose. México, Canadá y Estados Unidos tienen el Nafta. Estados Unidos y Chile tienen su propio TLC. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay tienen Mercosur. Venezuela, aunque sola, nada en petróleo. China está empezando a coquetearles a Argentina, Chile, Brasil y Cuba. ¿Y Colombia qué?

Aunque muchos sueñan todavía con una integración andina eso es como hacer negocios con una persona pobre, incumplida e inestable. En Ecuador, por ejemplo, se han caído tres presidentes en los últimos ocho años. Con Venezuela se firman tratados en el papel y les hacen pistola a los camiones colombianos en la frontera.

Muchos dicen, entonces, que hay que mirar al Viejo Continente. Pero los europeos tienen una apariencia cariñosa pero comercialmente tienen mano de hierro. Exigen, por ejemplo, que los países andinos tengan una unión aduanera antes de negociar con ellos, lo cual es casi imposible.

Dentro de este contexto regional, Colombia no puede quedar como un 'cuzumbosolo' pateando una lata en un callejón.

La paja en el ojo ajeno

Pero así como no hay plan B si no hay TLC, tampoco hay plan A si hay el TLC. Y, duele decirlo, pero la infraestructura de Colombia no está preparada para un tratado de libre comercio. Y, peor aún, el gobierno parece más preocupado en repartir los pocos recursos con fines electorales que en desarrollar una infraestructura para enfrentar la competencia que se avecina.

Actualmente Colombia tiene una red vial peor que la de muchos países africanos. El 90 por ciento de las carreteras no están pavimentadas, los puertos no tienen la profundidad para recibir barcos de gran calado y los aeropuertos son dignos de una república bananera de mediados del siglo XX. El Dorado, por ejemplo, que tiene uno de los mayores flujos de pasajeros y de carga de América Latina, no le llega ni a los tobillos a cualquier aeropuerto de Chile o México.

No hay una visión de largo plazo en materia de infraestructura. El célebre plan de los 2.500 kilómetros de carreteras se volvió una colcha de retazos que se han repartido según la ambición de los políticos regionales. Se está planeando, por ejemplo, pavimentar las calles de Marinilla en Antioquia, mientras que vías fundamentales para el comercio exterior como la Troncal del Magdalena Medio o la doble calzada entre Buga y Buenaventura apenas son buenas intenciones.

Pero si bien el gobierno colombiano ha dado bandazos frente a este tema, el gobierno de Estados Unidos ha asumido una posición totalmente contradictoria en su política antidrogas con Colombia. No se entiende cómo Washington quiere dar zanahoria en lo militar y garrote en lo comercial. La problemática del campo está íntimamente ligada a los cultivos ilícitos. Donar helicópteros y armas sin ayudar a que el campo colombiano tenga acceso a los mercados extranjeros sólo va a exacerbar los niveles de violencia. El mejor Plan Colombia que puede hacer Estados Unidos es un buen TLC. Las posiciones intransigentes de los negociadores frente a varios productos agrícolas estratégicos colombianos son el mejor aliado de los actores armados y del narcotráfico.

Es claro que en esta negociación Estados Unidos tiene la sartén por el mango. Para ellos, Colombia representa el 0,01 por ciento de sus exportaciones totales. Pero a pesar de los problemas y de que se vislumbre un difícil panorama en la negociación, si el gobierno logra defender ciertos productos clave para el campo, queda una sola cosa clara: es mejor una Colombia con TLC que sin TLC.