Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2004/02/15 00:00

¿Cuál cese del fuego?

Los paramilitares no están cumpliendo su compromiso con el gobierno. Lo demuestra, entre otros, el asesinato de la directora del Parque Tayrona.

El proceso de paz con las autodefensas que inició el presidente Álvaro Uribe tenía como condición que estas cesaran sus hostilidades, pero persisten en sus actos violentos, como el crimen de Marta Lucía Hernández Foto: SEMANA

El día en que la iban a matar, Marta Lucía Hernández Turriago se despertó a las 7:30 de la mañana. Su esposo Carlos Hernández se había levantado temprano para alistar el equipaje de un viaje de vacaciones al día siguiente. Le echó un vistazo a la cámara y como le faltaba poco para terminar el rollo le sacó una foto a su esposa que apenas se despertaba.

"Espera al menos me pongo las gafas", le dijo ella mientras le aseguraba que iba a quedar retratada medio dormida porque aún tenía sueño. Aunque había pasado una buena noche, arropada por la brisa fresca de Santa Marta, se sentía muy cansada. La fatiga se debía a varios años de trabajo continuo. La última faena fue manejar la temporada de diciembre en el Parque Nacional Tayrona. El estrés, sin embargo, se le había acumulado por los roces que había tenido recientemente con los paramilitares de la región.

Estos hacen parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se habían comprometido con el gobierno a cesar su fuego y las hostilidades contra la población civil desde noviembre de 2002. El presidente Álvaro Uribe, a cambio, cumpliendo su promesa de campaña, abrió un proceso de negociación con ellos, con miras a su desmovilización y desarme definitivo. No obstante en esa región su hostigamiento no había cesado.

Durante los tres años que estuvo en el cargo, con una mezcla de dulzura, verticalidad y carácter Marta Lucía había logrado manejar la tensión creciente con los hombres de Hernán Giraldo, amo y señor de la guerra en el territorio conjunto del parque y la Sierra Nevada de Santa Marta. Giraldo en la página oficial de las Autodefensas Unidas de Colombia aparece bajo las órdenes de la Dirección Política y Militar (Dipom) compuesta por Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza.

Desde el día siguiente de su nombramiento, Marta se internó en lo profundo de la sierra para hablar con Giraldo. "Lo que hizo ella lo hace todo el mundo, todos tienen que ir a rendirle cuentas porque él es quien manda", dice un dirigente político de la ciudad.

Giraldo, de gestos, ademanes y vestimenta sencilla, de entrada le hizo algunas exigencias, tal como se lo dijo a SEMANA una persona que estuvo en el encuentro y que pidió reservar su nombre. "A nosotros no nos gusta que nos jodan", le dijo este hombre de hablar escueto, toalla al hombro, campesino puro y con raíces en el departamento del Quindío.

Con la misma franqueza, ella le respondió que el parque era propiedad de todos los colombianos, que no podía ser de ningún particular y menos un lugar de concentración de las autodefensas.

Al parecer, a Giraldo le gustó su valentía, la escuchó con respeto y luego le pidió que la mano de obra que se utilizara en el parque debía de ser de la región, que no fuera a traer gente de fuera.

La pax romana que vivió esta reserva natural fue brutalmente interrumpida el año pasado, en plena vigencia del cese del fuego, cuando las jóvenes Adriana Rodríguez y Ana María Valencia fueron torturadas y asesinadas. Esta acción fue rápidamente investigada, juzgada y ejecutada por los paramilitares. Estos fueron hasta la casa de los hermanos Donato Ortiz, quienes aparentemente les habían servido a las dos jóvenes como guías, los sacaron y los mataron. Les colocaron un cartel en el que se justificaba la acción. De inmediato la Fiscalía seccional y la Policía local salieron a decir públicamente que sí, que los tres muchachos habían sido los únicos autores de la muerte de las dos turistas.

El episodio le creó a la directora del parque una zozobra espantosa. Hernández Turriago exigió presencia de la Policía porque en su concepto el Estado era el único que podía imponer la ley en el lugar. Su petición fue aceptada para disgusto de los paramilitares. Además de tener que compartir territorio con otra autoridad armada, era un problema porque por ubicación el parque es una ruta obligada para la salida de droga y la entrada de armas. "En dos ocasiones que fui con estudiantes a analizar la fauna y la flora del parque vimos entre los manglares los paquetes de droga camuflados", le dijo a SEMANA un profesor universitario. Y un amigo de Marta recuerda que "una vez la directora del parque en un recorrido se encontró con más de 300 hombres de las AUC que estaban allí acampando. Eso la disgustó profundamente".

La presencia de la droga y de las AUC no es una casualidad. El Parque Tayrona tiene 3,5 kilómetros de ancho por 35 kilómetros de largo. Forma una línea vegetal que separa al mar Caribe de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus nueve ensenadas además de estar entre las más bellas del país sirven de puente de embarque clandestino para los actores armados.

La llegada de la Policía pedida por la directora del parque le provocó algunos dolores de cabeza. Según testimonio de una persona con la que conversó, un día llegó muy preocupada porque ella le había negado una solicitud de Giraldo para retirar por días a los agentes y hacer una especie de despejes periódicos y breves.

La tensión pasó a un segundo plano con la llegada de la temporada. Los turistas, como hacía una década no ocurría, llegaron masivamente al parque. Entraron pagando boleta 35.000 personas. Uno de los jefes paramilitares la buscó y le dijo que el dinero por los ingresos debería ser para ellos porque, según su argumento, la tranquilidad de la que gozaba el parque se debía al orden que ellos habían impuesto. "La gente se siente tranquila y por eso viajó hasta aquí", le explicó. Ella se negó tajantemente. No sólo porque el dinero por los ingresos al parque se debe consignar en una cuenta de la Dirección de Parques en Bogotá cada día sino porque ella debía rendirle cuentas al Estado y a nadie más. "Era una convencida de las instituciones democráticas, del fortalecimiento del Estado. En eso no cedía", cuenta un amigo personal.

Luego se produjo el cierre del parque por la fiebre amarilla. Los paramilitares le dijeron que esa medida era demasiado drástica, que vendrían menos turistas y muchos trabajadores se quedarían cesantes. Ella les explicó que la orden le había llegado de Bogotá.

Las relaciones, pues, estaban bastante tensas. "Para los paramilitares ella simbolizaba una de las pocas personas en la región que no les agachaba la cabeza", dijo un político.

La situación para Hernández Turriago se volvió insostenible, según le dijo a sus familiares y amigos cercanos. Algunos le aconsejaron que se retirara y ella dijo que mejor se tomaría unas vacaciones mientras las aguas se calmaban.

Por eso el día que la iban a matar, aunque se sentía cansada, le regaló una mirada de amor a su esposo, Carlos Hernández. La retrató a sus 47 años recién cumplidos y con los rasgos de tranquilidad de una persona que dedicó 27 años de su vida a la defensa de la naturaleza. Luego desayunaron, se fueron a comprar algunas cosas para el viaje y revelaron el rollo con la foto que ilustra esta historia. A las 7 de la noche ella iba a servir la comida mientras él apagaba el computador. El timbre sonó y ella abrió la puerta sin ninguna prevención. Dos hombres le hicieron a quemarropa siete disparos. Uno de ellos en la boca y otro en la frente. Al día siguiente en el entierro una personalidad de Santa Marta se acercó, en el sepelio, les dio el pésame y preguntó qué sabían. "¿Usted qué cree?", preguntó uno de los presentes. "Ustedes ya saben. Aquí nadie acciona un gatillo sin que los jefes se enteren".

Sin comentarios

¿La mataron las autodefensas a conciencia de que violaban el cese del fuego al que se comprometieron? No se sabe a ciencia cierta, pero el gobierno, a pesar de que ha reiterado hasta el cansancio que sólo negocia con quien tenga la voluntad de cesar su violencia contra la población civil, no exigió a las AUC públicamente explicación, ni investigación alguna. Como tampoco la ha pedido en los casos también gravísimos y sucedidos en la última semana de los asesinatos de la dirigente política que colaboraba con acción humanitaria de la ONU, María Lucero Henao y su hijo, Yamid Daniel, en El Castillo, Meta, y de José Mendivil, arquitecto que trabajaba en programas de derechos humanos y de reinserción en Barranquilla. Ni en los otros cientos de violaciones sucedidas en los últimos 14 meses, y de las cuales los paramilitares son los principales sospechosos.

En negociaciones anteriores, por ejemplo con las Farc, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, o con las Farc y ELN, bajo el de César Gaviria, crímenes similares atribuidos a las guerrillas llevaron a los gobiernos a reaccionar con vehemencia, en demanda de que se suspendieran esos actos atroces. Cuando voló en pedazos la señora Elvia Cortés por un collar bomba, y se creyó que eran las Farc, el comisionado de Paz de entonces suspendió temporalmente las negociaciones hasta tanto no se aclararan los hechos; y el secuestro del congresista Jorge Gechen Turbay en una operación comando que incluyó una acción de piratería aérea se convirtió en la gota que rebosó la copa del gobierno y acabó con el proceso de paz con las Farc.

En los casos anteriores, la guerrilla no se había comprometido a cesar el fuego, ni el gobierno había impuesto esta condición para el diálogo. Sin embargo los actos atroces merecieron, con razón, el repudio público del Presidente y del país porque ponían gravemente en duda la voluntad política de la guerrilla para hacer la paz.

En términos más realistas, todo el país sabe que detener una máquina de guerra, como la de los paramilitares, no es fácil. Y aunque haya voluntad de los jefes de parar la violencia, no siempre lo pueden lograr y menos de un día para otro. No obstante, si el cese de hostilidades se incumple permanentemente y el gobierno calla, no sólo da la impresión de debilidad frente al grupo armado ilegal, sino que no contribuye a subir la presión pública sobre estos grupos para que, en efecto, paren el desangre.

Consultado por SEMANA, el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, explicó su silencio. "Mi estilo no es salir histéricamente a los medios de comunicación a reaccionar ante cada episodio en el que puedan estar involucradas las autodefensas. Mi trabajo es producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos grupos se desmovilicen". Reconoció que sí ha habido violaciones al cese del fuego y hostilidades por parte de las autodefensas y anunció que esta semana va a presentar un detallado informe de evaluación de dicho compromiso en audiencia pública ante el Congreso. En este presentará progresos y problemas.

Los compromisos

Las autodefensas, organizadas en cuatro grandes grupos, se comprometieron con el gobierno nacional a cesar el fuego y hostilidades. Los primeros fueron los jefes de las AUC, quienes anunciaron su decisión unilateral de parar los ataques a la población civil en noviembre 29 de 2002, y luego en el acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de junio de 2003 "ratificaron su compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades, como expresión de buena voluntad, y continuar con sus esfuerzos para lograr que sea totalmente efectivo". En noviembre y diciembre de 2003, los otros tres grupos, el Bloque Central Bolívar de 'Ernesto Báez', la Alianza de Oriente que lidera 'Martín Llanos' y las Autodefensas del Magdalena Medio de Ramón Isaza y 'Botalón' acordaron públicamente seguir las recomendaciones de la Comisión Exploratoria de Paz, entre ellas "perfeccionar el cese de hostilidades y el abandono total de las actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y robo de combustibles". El único grupo que no está dentro de las negociaciones es una disidencia de las AUC, llamado el bloque Élmer Cárdenas, comandado por 'El Alemán', que se encuentran en Chocó y el occidente antioqueño.




El gobierno ha hecho notar que como prueba de su voluntad de cumplir estos compromisos, las autodefensas han cometido en 2003 muchas menos masacres (33 por ciento menos casos con 38 por ciento menos víctimas que en 2002, según el Observatorio de Derechos Humanos del gobierno), y han causado muchos menos desplazamientos forzados que en los años anteriores (53 por ciento menos, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de Paz). Los críticos, aun los más agudos, reconocen que la disminución de estos crímenes, asociados más a los paramilitares que a la guerrilla, reflejan un esfuerzo de aminorar sus acciones contra la población civil.

No obstante, las violaciones siguen siendo demasiado reiteradas en muchos lugares del país y algunas son muy graves. Además no se ve una disminución paulatina, a medida que han avanzado las negociaciones. La Comisión Colombiana de Juristas documentó, con tres fuentes diferentes, cada uno de 1.300 muertos y desaparecidos entre diciembre primero de 2002 y 31 de diciembre de 2003 en los que los presuntos autores fueron grupos de autodefensas o paramilitares.

Además de los asesinatos políticos ya mencionados, en junio del año pasado fue asesinado el candidato a la gobernación de Norte de Santander, Tirso Vélez, y según la prensa local, los autores materiales fueron identificados como de las AUC. Su familia está en el exilio y no han podido regresar por amenazas. Además ha habido varios casos de hostilidades permanentes, por meses, a poblaciones campesinas. Por ejemplo, en Viotá, Cundinamarca, desde marzo hasta junio, miembros de los paramilitares desaparecieron 11 personas, mataron 10 y generaron un desplazamiento de 1.710, según ha informado la Defensoría del Pueblo. También a lo largo del año 2003 en los caseríos de Betoyes y Corosito y alrededores, en Tame, Arauca, la población ha acusado a grupos paramilitares de asesinar a cuatro personas, desaparecer seis, saquear y amedrentar a los pobladores, de aislar a una comunidad indígena impidiéndole salir de su territorio ni siquiera para comprar comida y medicinas, y con todo este terror, de forzar el desplazamiento de 500 personas. Por último está el caso de la vereda Potosí, en Cajamarca, Tolima, en donde un grupo de seis o siete hombres con brazaletes de las AUC se llevaron en noviembre pasado a cinco personas, entre ellos al presidente de la junta de acción comunal y hace unas semanas fueron encontrados sus cadáveres descuartizados. Según la prensa local, en el pueblo se rumora que hay por lo menos 15 personas desaparecidas aunque nadie quiere hablar por temor.

Sólo en el mes de febrero de este año, la prensa ha reportado que las autodefensas han causado un desplazamiento forzado de 30 personas en Micoahumado en Morales, Bolívar; una masacre de cinco personas en Puerto Libertador, Córdoba; amenazas masivas en Luruaco, Atlántico; el amedrentamiento y saqueo de varios hogares, el asesinato de un agricultor en la vereda La Pradera, en Gigante, Huila, y el terror entre sus habitantes por la llegada al municipio de 100 paramilitares; amenazas en el barrio Las Palmas de Neiva; asesinaron a un hombre en Santuario, Antioquia, y a otros tres en Buenaventura. En Barrancabermeja la situación de los últimos días se ha tornado verdaderamente grave. El 29 de enero dos paramilitares secuestraron a Inés Peña, de 22 años, periodista y líder cívica de la Organización Femenina Popular, a quien le raparon la cabeza, le quemaron las plantas de los pies y la conminaron a dejar su oficio. Dos días antes otros paramilitares habían atacado a la presidenta de la OFP, Yolanda Becerra, mientras navegaba por el río Magdalena acompañada por una comisión humanitaria del Consejo Noruego para los Refugiados y las Brigadas de Paz. El pasado 16 de octubre habían asesinado a otra dirigente de la OFP, Esperanza Amarís. Y en informe de El Tiempo de la semana pasada, se reportó que varios pescadores de la ciénaga de San Silvestre, a 15 minutos de Barrancabermeja, había sido obligados a dejar sus tramallos.

El obispo de Barrancabermeja, Jaime Prieto, dijo hace unos días que tenían amenazas permanentes y hostigamientos. "Antes era la guerrilla y ahora las autodefensas, no sólo en Barranca sino en todo el Magdalena Medio. Mientras no cumplan con ciertos requisitos de civilidad, de derecho, de justicia y de cese de hostilidades, creo que va a ser muy difícil el diálogo con estos grupos".

¿Por qué no cumplen?

Las autodefensas no están haciendo el esfuerzo suficiente para cumplir el cese de fuego y hostilidades al que se comprometieron con el gobierno. El volumen de casos hace de esta una afirmación irrefutable. Las razones pueden ser varias: la primera es simple y llana, falta de control sobre sus propios hombres. Esta es una organización horizontal de alianzas (y no vertical militar al estilo de la guerrilla) en la que no se cumplen órdenes tan fácilmente. La segunda es que tienen muchos enfrentamientos entre ellos; el más prominente y que ha dejado una estela de muertos, muchos de ellos civiles, es el que libran las autodefensas de 'Martín Llanos' con las del Bloque Centauros, pertenecientes a las AUC. La tercera, que muchos están metidos hasta el cuello en actividades criminales, como narcotráfico, robo de gasolina y petróleo, extorsión e incluso secuestro, que por su propia naturaleza ilegal conllevan violencia. Pero otra razón del incumplimiento paramilitar que aducen los críticos dentro del gobierno (que por obvias razones no quieren ser citados) y los de fuera es que el Presidente y el Comisionado de Paz no le han puesto toda la presión que debieran.

El comisionado Restrepo respondió a este reclamo argumentando que sí los presiona, y duro, pero en la mesa de negociaciones y no en público. "Nos gusta con el Presidente usar la metáfora de que las autodefensas son como la tractomula que va a 80 kilómetros por hora bajando La Línea. Si tratamos de frenarla en seco, se va al precipicio. Es mejor pararla bajándole los cambios con cautela". Su meta, explicó, es frenar la 'tractomula' paramilitar hasta llevarla a concentrarse en zonas para verificar efectivamente que han cesado las hostilidades.

Aunque la exigencia del gobierno de que los grupos armados cesen las hostilidades es un requisito sano para empezar una negociación con pie derecho, esta condición no puede ser un mero acto protocolario. Si así lo fuera cualquier grupo armado ilegal podría sentarse a negociar declarando un cese del fuego, mientras en la práctica sigue echando bala.

En su viaje a Europa, Uribe explicó una y otra vez que sí negociaba con los paramilitares porque cumplían este requisito, pero no lo hacía con las Farc o el ELN porque estos no lo habían declarado. Entonces el gobierno, si quiere darle mayor legitimidad al proceso con las autodefensas, está obligado a exigir con mucha mayor energía y decisión un cese de hostigamientos. Su único argumento para probar la voluntad paramilitar de paz no pueden ser solo unas estadísticas más favorables en materia de baja de masacres y desplazamientos. Y menos cuando se sabe que parte de estas mejorías se deben, no a la inacción de las autodefensas, sino a la mayor eficacia de las Fuerzas Armadas.

El otro argumento del gobierno es militar. No ponen presiones retóricas en la arena política, sino fuerza militar real. En efecto, los reportes de bajas y capturas a miembros de las autodefensas son notables, las han doblado en un año. En esto, sin embargo, hay una polémica. Los críticos aseguran que si bien la persecución a los combatientes rasos es ardua, no lo es tanto contra los jefes.

Exigirles a los paramilitares pública y radicalmente un cumplimiento de sus compromisos tendría además un efecto práctico benéfico: les pondrían una enorme presión ciudadana que los lleve a cumplir con mayor celeridad y voluntad. Además sólo así llegarán a aceptar -pues hoy están francamente reacios- concentrarse para que la OEA, una entidad con la distancia y la credibilidad necesaria, haga una verificación. Sin la concentración de tropas en zonas definidas, la verificación y el cumplimiento será un imposible.

El país quiere que cese el fuego. Los miles de personas que viven hoy bajo el terror paramilitar lo están clamando, y más cuando en los últimos años esta 'tractomula' de guerra se ha descarriado por casi todo el territorio nacional, montando un poder paralelo al Estado. Si no se detiene pronto, quedarían pocos en el país que se atrevan a pensar, como la directora del Parque Tayrona, Marta Lucía Hernandez, que el Estado democrático en efecto está por encima del dominio paramilitar.

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