El club de la pelea

Las guerras son la mejor manera de unir a un país. Y aunque Colombia sufre un conflicto interno -que no despierta tanta cohesión como las guerras internacionales- hay consenso sobre la necesidad de derrotar a guerrilleros y paramilitares. Este consenso se ha hecho aún más palpable en el último año, con la propuesta de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, el gobernante más popular de las últimas décadas. De ahí que se esperaría, hoy más que nunca, la unidad y coherencia de las fuerzas de seguridad en su objetivo común de derrotar a los violentos.

Pero últimamente parece estar sucediendo todo lo contrario. Los colombianos se están acostumbrando al espectáculo de las rencillas entre los altos mandos. Un día, un general de la Policía contradice a un general del Ejército que denuncia un supuesto atentado contra el Presidente. Al otro día, el director del DAS cuestiona duramente el trabajo de los militares en Neiva. Después, el Ministro de Defensa se va lanza en ristre contra la Policía ante la cumbre de gobernadores. De la perplejidad, los colombianos pasaron a la preocupación con la noticia de que miembros del Ejército y la Policía se agarraron a plomo en Nariño con un saldo dantesco de muertos. Un episodio que todavía ninguno de los altos mandos ha logrado explicar. Ante este escenario, 'Jojoy' y 'Marulanda' deben estar frotándose las manos.

Lo más grave es que estas pugnas entre Policía, Ejército y DAS desmoralizan a la mayoría de los oficiales que están arriesgando su vida y vulneran la confianza de la población civil en la fuerza pública. Y, por supuesto, envalentona a guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes que, al ver las enormes fisuras del aparato estatal de seguridad, corrompen conciencias de miembros activos de la fuerza pública a diestra y siniestra. Los casos hablan por sí solos.

Voces en contravía

Hace unos días la opinión se estremeció al ver al director del DAS, Jorge Noguera, ante las cámaras de televisión haciendo un anuncio escalofriante: "Las Farc están adiestrando jóvenes para que hagan atentados suicidas". El jefe de la inteligencia colombiana mostró como prueba de su denuncia a Luis Hipólito Ospina, un guerrillero detenido por sus hombres y que era conocido como 'El Musulmán', quien adoctrinaba adolescentes de entre 12 y 17 años para que se inmolaran. Al día siguiente, el comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño, en una rueda de prensa desestimó íntegramente la versión de Noguera: "No creo que las Farc lleguen a eso, aquí no somos fanáticos religiosos". Noguera le replicó con dureza: "Esas declaraciones irrespetuosas vienen de resentimientos por una entrevista en la que dije que a algunos comandantes les faltaba voluntad para ir a la ofensiva. Él puede estar incómodo porque la captura la hicimos nosotros". ¿El resultado de esta pirotecnia verbal? Los colombianos se quedaron sin saber si las Farc utilizarían esta nueva y terrible táctica de guerra o si el director del DAS se tragó entera una aventurada interpretación de sus funcionarios.

Unas semanas antes, el sábado 28 de febrero, ante un auditorio repleto y frente a las cámaras de televisión, el presidente Álvaro Uribe interrumpió el Consejo Comunitario del Cesar para denunciar: "Tuvimos un problemita con unos cilindros bomba. Le pido a la ciudadanía de Valledupar que nos suministren información para encontrar a los responsables de estos actos". De inmediato los canales privados de televisión transmitieron un 'extra' explicando que se había frustrado un atentado contra Uribe y su comitiva, integrada entre otros por los ministros de Agricultura, Comunicaciones, Protección Social, Minas y Energía y el director nacional de Planeación. Quien le dio la información al Presidente fue el general Mario Montoya, comandante de la I División del Ejército. "La intención de los subversivos era accionar las cargas cuando arribara el avión presidencial", agregó el general Montoya. Al día siguiente, el director operativo de la Policía, general Alberto Ruiz, desmintió a Montoya y aclaró que lo único que él había encontrado en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo eran unos tubos viejos enterrados allí desde hacía tanto tiempo que estaban cubiertos por la maleza. Si las fuerzas trabajaran en conjunto se hubiera conocido la verdad de los hechos antes de someter al Presidente a quedar tan mal en público.

Peleas y protagonismo

Otro motivo frecuente de enfrentamientos es el afán de protagonismo y la ambición de algunos funcionarios por mostrar que lo que ellos hacen es mejor que lo que hacen sus colegas en otras entidades. El más elocuente de los episodios ocurrió cuando el martes 24 de febrero en una acción rápida, 60 guerrilleros de las Farc atravesaron el sector de Ipanema, oriente de Neiva, donde secuestraron a cuatro ciudadanos y produjeron un cisma en las fuerzas de seguridad en el departamento. El presidente Álvaro Uribe destituyó al comandante de la IX Brigada, al director seccional del DAS y puso bajo investigación a la Policía local. Todos los responsables de seguridad de este departamento que ya habían sido golpeados por un ataque similar en el edificio Miraflores trataron de explicar lo sucedido.

El director del DAS, Jorge Noguera, se quejó públicamente de la "falta de voluntad de la Policía y del Ejército" en la lucha contra la guerrilla y dijo que estas dos instituciones tenían información de inteligencia sobre una importante acción de las Farc en esa ciudad. "Estamos dedicados a cuidar pueblos, carreteras, a llenarnos de batallones de alta montaña. Estamos casi quietos y eventualmente salimos a patrullar, y es ahí donde nos hacen las emboscadas y nos matan soldados y policías", agregó. Sus declaraciones provocaron malestar en la Policía, en el Ejército y también en el Ministerio de Defensa porque con ellas cuestionaba uno de los ejes centrales de la política de seguridad democrática que es darle mayor protección a la población. El episodio dejó el sabor entre la opinión de que no había respaldo de todas las entidades a la política oficial de seguridad, y que aquello no parecía preocuparle al director de orquesta, el presidente Uribe.

El afán de ganarse los créditos de cada operativo que se hace es también permanente. Cada jefe quiere robar así sea un minuto de pantalla para mostrar sus logros, como si los triunfos de la Policía o del Ejército no fueran de todos. Un caso grave de esta pelea por la figuración ocurrió el 10 de marzo pasado. Tras un trabajo de inteligencia conjunto entre la Policía y el Ejército se produjo la captura de 13 integrantes de la peligrosa banda 'Los Yiyos', entre ellos su máximo jefe. La operación fue un gran éxito pues se trataba del brazo armado del presunto narcotraficante Diego Montoya, alias 'Don Diego'. La captura se produjo en Cali y la Policía trasladó a los detenidos a Bogotá. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el avión tuvo que regresar a Cali, pues los oficiales del Ejército en el Valle del Cauca querían mostrar este éxito para ganarse también los aplausos de la ciudadanía.

Algo similar sucedió con la captura de 'Simón Trinidad' en Quito en enero pasado. La Policía, con el apoyo de inteligencia extranjera, venía haciendo un trabajo de rastreo a los movimientos del guerrillero desde hacía meses hasta que tuvieron lista la captura. Paralelamente el Ejército también había hecho su propio trabajo de inteligencia. En un intento por coordinar los dos trabajos y que todas las fuerzas cobraran el golpe, el Ministerio de Defensa le puso un jefe al operativo que finalmente culminó con éxito. Pero a la hora de cobrar el logro, tanto la Policía como el Ejército empezaron a filtrar información a los medios para reivindicar que su respectiva fuerza había aportado más que la otra en la captura.

Lo que empezó como simples datos anecdóticos terminó con la filtración a los medios de los videos de seguimiento a 'Simón Trinidad', lo que puso en aprietos la cooperación ecuatoriana y contra la pared al presidente Lucio Gutiérrez, a quien la oposición le cuestiona el haber permitido el ingreso de agentes secretos colombianos al territorio. Además, se reveló el modus operandi de los organismos de inteligencia para rastrear a sus hombres más buscados. Los jefes de la Farc o de las AUC no necesitan robarse los videos en los búnkeres de la Policía o el Ejército, se los filtran por televisión en horario infantil.

La pelea por el protagonismo es tal que hace un tiempo se trató de instaurar en el Ministerio de Defensa la figura del portavoz que hablaría en nombre de todas las fuerzas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército). Así se evitaban los codazos a la hora de buscar los créditos. Sin embargo, fue tal la presión de los generales de cada una de las fuerzas que esta figura quedó en salmuera. ¿Hora de revivirla?

El cáncer

A veces los aparentes roces entre autoridades no son choques institucionales sino pugnas entre individuos que aunque portan el uniforme oficial, hace rato dejaron de trabajar para el país y se han convertido en pistoleros a sueldo del narcotráfico.

La cuestión es más grave si los cabezas de los cuerpos de seguridad en lugar de salir a rechazar pública y tajantemente estas actuaciones, se solidarizan en un espíritu de cuerpo mal entendido.

Algo así sucedió en el caso de Guaitarilla en Nariño, donde siete agentes del Gaula y cuatro civiles murieron por los disparos de 20 militares. Mientras el general Daniel Castro, comandante de la Policía, insinuó que los cuerpos de sus hombres habían sido manipulados por el Ejército después de muertos, este emitía un comunicado en el que daba a entender que los miembros del Gaula estaban en actividades ilícitas. Este es un episodio oscuro en el cual hasta ahora sólo está claro que miembros de una u otra fuerza, o de ambas, estaban involucrados en tareas poco santas.

Este tipo de choques generalmente han sido producto de esa corrupción de algunos miembros y no de una falta de coordinación operativa. Así sucedió en Cali el 6 de febrero del año pasado cuando el constructor José Roldán logró librarse de un secuestro en el que participaron varios miembros corruptos de la Policía de Cali, pero fue la Policía 'buena', la de verdad, la que logró rescatarlo y poner en la cárcel a los secuestradores uniformados.

Manejar los casos de corrupción con transparencia es la mejor defensa de las instituciones. No obstante, a veces cuando se generaliza y se señala a toda la institución, puede hacerse más daño. Por eso no cayó bien la intervención hace dos semanas del ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, en la primera cumbre de gobernadores y comandantes de la Policía en Bogotá cuando dijo que la institución estaba muy permeada por el narcotráfico.

Lo que revela la situación actual es que hace falta una política abierta y congruente que dé a las diferentes instituciones y a sus jefes unos lineamientos claros de cómo manejar los casos de corrupción que se presenten entre algunos de sus miembros. Así no quedará al libre albedrío de cada quien tapar unas veces y debilitar a la institución por proteger las manzanas podridas, otras atacar a la entidad en su conjunto por lo que hacen unos pocos, y otras salir con un informe gaseoso y ambiguo, como sucedió en el caso de Guaitarilla en Nariño.

La unión hace la fuerza

Todos estos episodios, algunos como sacados del teatro del absurdo, deben poner a reflexionar a las más altas esferas del gobierno para tomar los correctivos necesarios. Es explicable que entre los organismos de seguridad del Estado exista cierta competencia o que la adrenalina que destila el fragor del conflicto eleve los celos institucionales. Pero de ahí a que haya codazos entre el DAS y la Policía, zancadillas entre la Policía y el Ejército y pugilatos verbales entre los máximos exponentes del DAS y el Ejército, la cosa pasa a color de hormiga.

Sobre todo cuando se sabe que las guerras contrainsurgentes y contraterroristas dependen del manejo de la información. Y esa información depende a su vez de los vasos comunicantes que se tengan con la población civil y de la coordinación entre los distintos organismos de seguridad. En este punto es clave la colaboración entre Policía y Ejército. Porque la Policía, por su cobertura y naturaleza civil, está más cerca a la gente y puede tramitar más fácilmente información que le interesa al Ejército para montar operativos contra guerrillas o paramilitares. Pero la falta de una inteligencia coordinada entre las distintas fuerzas está llevando a que se capture a personas con base en rumores y no en indicios serios. La información no es fiable y por lo tanto se cometen grandes injusticias.

Es el caso de las capturas masivas que se han convertido en gigantescas redadas rurales y no en sofisticadas operaciones de inteligencia, donde se termina capturando a muchos inocentes y soltando a muchos culpables.

Los ejemplos abundan. En Cartagena del Chairá (Caquetá), el DAS arrestó en septiembre del año pasado a 67 personas sospechosas de pertenecer a las Farc. Al cabo de varias semanas las autoridades se dieron cuenta de que no había más de 10 sospechosos y les precluyeron investigación a 61 personas. ¿Qué pasó con esas 60 personas? ¿Qué van a pensar de un Estado que nunca ha hecho presencia en su pueblo y, cuando llega, los estigmatiza de guerrilleros, les ponen esposas y se los llevan?

O el caso de Arauca, donde luego de una operación combinada hecha en agosto del año pasado entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y el DAS se tenían serias sospechas de que 26 capturados eran colaboradores del ELN y, sin embargo, no se encontraron las pruebas suficientes y varios fueron dejados en libertad. ¿Se habrá dejado en libertad a peligrosos guerrilleros? ¿Fueron inocentes civiles señalados de terribles crímenes? Cualquiera de los dos escenarios produce escalofrío.

La situación de las capturas masivas que carecen de buena inteligencia se ha agravado con la presión por resultados que viene ejerciendo, con justa razón, el propio Presidente. Todos quieren mostrar positivos. La falta de coordinación, combinada con una mala información, ha generado un peligroso desbalance entre la guerra judicial y la guerra mediática contra los actores armados. Son muchos los capturados que se muestran en los medios en horario triple A con los logros de su la respectiva institución (DAS, Policía, Ejército, etc.), pero son pocos los que terminan tras las rejas. De las capturas masivas de Cartagena del Chairá, Arauca y Sincelejo, donde cogieron a 250 sospechosos de pertenecer a la guerrilla, hoy está judicializado menos del 10 por ciento. Las otras 200 personas fueron dejadas en libertad por falta de pruebas. "Los resultados judiciales están bastante disminuidos con relación a los resultados operacionales que se muestran a la prensa. Eso tiene origen en la falta de coordinación de las agencias y de judicialización de la inteligencia", dijo un ex director del DAS.

Estos casos demuestran la poca efectividad de los organismos del Estado y el riesgo de estar alienando a la población civil, que es el factor más importante para ganar la guerra en un conflicto interno. Por un lado, mostrando a las personas en televisión como terroristas cuando ni siquiera tienen un abogado, mancillándoles la honra a cientos que terminan siendo inocentes. Y, por el otro, deslegitimando al Estado en varias regiones donde su única presencia es el fusil y éste termina encañonando al que no toca.

Muchos oficiales han acudido a los medios para mostrar a sus superiores resultados efectistas que no siempre reflejan la realidad en el terreno táctico o judicial. Por esta razón los conflictos entre los distintos organismos de seguridad se agudizan a medida que se sube en la jerarquía de mando. "Mientras más baja uno, mejor es la coordinación. Porque las tropas y agentes están operando en el terreno y tienen los mismos objetivos. Cuando uno sube en el escalafón de mando se entra a jugar el prestigio institucional y todo el mundo quiere quedarse con el crédito", dijo un alto ex funcionario del Ministerio de Defensa.

Otro factor perturbador entre el DAS, la Policía y el Ejército es el de muchos traficantes de información que se cobijan bajo la figura del informante para sacar plata o confundir a las autoridades con siniestros intereses. "Hay muchos tipos que hacen su agosto. Se pasan de agencia en agencia. Hoy tumban al Ejército y mañana el mismo tipo lo hace con la Policía", dijo a SEMANA un capitán de la Policía que trabaja en inteligencia.

Tirar más línea

Es claro que en cualquier parte del mundo coordinar inteligencia es muy difícil. Nadie quiere soltar su as. Nadie quiere regalar sus resultados. Y siempre hay miedo a fugas de información. Más aún cuando los tentáculos de los grupos armados pueden haber penetrado las distintas estructuras de los organismos de seguridad. Pero cuando se tiene un Estado sin recursos es necesario una estrecha colaboración entre las diferentes fuerzas.

Por eso es tan importante darles más jerarquía y poder de decisión a espacios como la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), una instancia que hoy es casi decorativa, donde todos los organismos de inteligencia se hablan y deberían compartir cierta información para tomar mejores decisiones desde el punto de vista estratégico. Se trata, en el fondo, de que el gobierno reciba mejor información de inteligencia para que tome decisiones más acertadas.

Los celos y las fricciones no son de hoy pero se han exacerbado por la presión que ejerce el propio Presidente para obtener resultados. Dado el tamaño de los problemas que aquejan al país, el poder militar de quienes quieren socavar la democracia y el poder corruptor del narcotráfico, el aparato de seguridad del Estado tiene que estar más cohesionado que nunca. De lo contrario, el esfuerzo que ha significado construir una política de seguridad, la agresiva campaña para financiar la guerra y el sacrificio de toda la Nación en aras de derrotar a los grupos ilegales se vendrán al traste por la vanidad de un puñado de hombres.