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| 8/8/2004 12:00:00 AM

El misterioso avión

Este 'jet' privado, encontrado en un enorme complejo para la producción de cocaína, pertenece al Bloque Central Bolívar, cuyo vocero 'Ernesto Báez' fue uno de los tres paras invitados al Congreso.

Todo comenzó los últimos días de julio. A la Policía le llegó una información de que había una pista y un centro de procesamiento de coca en el sur de Bolívar. Los datos eran vagos y los investigadores tuvieron que dedicarse varios días a confirmarlos para tratar de ubicar con exactitud lo que en un comienzo pensaron que se trababa de un simple laboratorio para producir cocaína.

Poco antes de las 6 de la mañana del martes 3 de agosto, mientras realizaban un sobrevuelo de inteligencia sobre el municipio de Simití, Bolívar, los pilotos de un avión de la Policía divisaron lo que parecía ser una pista clandestina destruida. Como la pista les pareció sospechosa por lo larga, se acercaron para determinar mejor de qué se trataba. Ahí fue cuando descubrieron que estaba intacta y que la apariencia de destrucción la daban unos plásticos negros con que la habían camuflado. Pero eso no fue todo. Encontraron en la mitad del aeropuerto clandestino un sofisticado avión. En una nueva inspección hallaron además una avioneta bimotor parcialmente cubierta con matorrales.

Inmediatamente los pilotos se comunicaron con sus superiores en Bogotá, les informaron del hallazgo y les dieron las coordenadas exactas del lugar: N 070 43'00" W 0730 56'21". El sitio es un paraje rural de la vereda Santo Domingo, corregimiento La Ahuyama, jurisdicción del municipio de Simití en el sur de Bolívar. Con notable velocidad la Policía organizó un operativo de reacción. Un grupo de oficiales partió de la capital hacia Barrancabermeja y de allí, junto con un comando jungla y un fiscal, salieron en dos helicópteros Black Hawk hacia el lugar indicado. En total eran sólo 50 hombres y, como tenían que adentrarse en una región con presencia de grupos ilegales armados, decidieron que era necesario para protegerse mejor infiltrarse simultáneamente por aire y por tierra.

Los escuadrones móviles de carabineros, que iban por tierra, partieron primero pues les tomaría más de dos horas llegar al lugar. Más tarde los alcanzaron los helicópteros. Una vez asegurada la zona alrededor del aeropuerto, comenzó la etapa de asalto. Para su sorpresa, y a pesar de que sabían que cerca había varias decenas de hombres armados, no les dispararon.

Entraron y sólo cuando ya habían revisado el lugar se dieron cuenta de que eso no era un simple laboratorio, sino un enorme complejo cocalero. Era una pista de dos kilómetros de larga, y todo su alrededor estaba resguardado por trincheras, conectadas entre sí por zanjas de arrastre. Había un campamento de chozas aparentemente humildes pero que podían alojar hasta 50 personas. Descubrieron 94 bultos de fertilizantes de 50 kilos cada uno, 540 galones de gasolina y en la cabecera de la pista, escondidos en bultos, 4.700 kilos de cloruro de potasio, todos estos insumos químicos clave para procesar la base de coca. En la zona vieron múltiples cristalizaderos de la droga.

Comprobaron así mismo que en la cabecera de la pista había una avioneta bimotor, a la cual le habían removido todas las sillas. No era extraño ver este tipo de aeronave en un complejo cocalero, pues con frecuencia las usan para transportar la droga. Lo que sí los sorprendió fue la presencia de un jet en medio del monte. Era como ver un BMW atravesando una trocha. El tren delantero estaba enterrado en la pista y lo estaban reparando. Después se supo que era un Hansa Jet (HFB-320), avaluado en aproximadamente seis millones de dólares. Es un avión de lujo, con autonomía de vuelo de seis horas y una capacidad de carga que llega a las nueve toneladas. A éste le habían quitado ocho de sus 12 sillas y le habían construido una caleta en la parte trasera del fuselaje. Igualmente, la matrícula del avión estaba parcialmente cubierta con aerosol, y se encontraron números y letras recortadas para falsificarla.

SEMANA encontró que este avión venezolano de placas YV-388CP estaba siendo ofrecido en venta por Internet desde el primero de julio pasado en el aeropuerto Óscar M. Zuloaga-Charallave de Caracas. Fuentes en esa ciudad dijeron que se sabía en el medio aeronáutico local que la aeronave había sido vendida a unos colombianos que la llevaron para su país en días pasados.

Cuando las autoridades salieron de la zona en Simití dejaron a un grupo de hombres cuidando las aeronaves, mientras el gobierno definía qué hacer con ellas. Actualmente está en marcha un operativo militar para sacar la avioneta y el avión averiado del lugar.

En las chozas habían hallado además botas pantaneras, uniformes camuflados, varias carpas y dos brazaletes con la insignia BCB, que corresponde a la que identifica al Bloque Central Bolívar. Este grupo de autodefensas controla desde hace algunos años el sur de Bolívar, y aunque hay otros grupos de guerrillas del ELN y las Farc en la región, las autoridades consideran que allí el BCB domina hoy el negocio del narcotráfico.

Con una fuerza armada que se calcula en 5.000 hombres, este es el bloque más grande de las autodefensas en el país. Tienen presencia en 23 departamentos, pero esta región de Bolívar es su enclave principal. Así mismo es el principal grupo paramilitar en Barrancabermeja, Putumayo, Caquetá y Nariño.

Uno los jefes del BCB es Julián Bolívar, que se hizo conocido para la opinión pública cuando impulsó un levantamiento popular en contra de la propuesta de crear una zona de distensión en el fallido proceso de paz entre el ELN y el gobierno Pastrana. El otro es Lorenzo González Quinchía, más conocido como 'Javier Montañez' o 'Macaco', quien sólo se vino a conocer cuando el gobierno Uribe inició el proceso de paz con las autodefensas, pero de quien se dice es el poder militar del BCB y un conocedor del negocio del narcotráfico. 'Macaco' tiene resolución de acusación por el asesinato en febrero de 2001, del defensor del pueblo, Iván Ramírez Luciani y de cuatro personas que lo acompañaban. Y el vocero político del BCB es nada más ni nada menos que Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', negociador del proceso de Santa Fe de Ralito y uno de los tres jefes paramilitares que vinieron al Congreso hace 15 días.

El BCB y la paz

El país vio a 'Báez' dando un emocionado discurso, al mejor estilo grecoquimbaya, ante los representantes a la Cámara en el que "con el corazón expuesto al escrutinio de Dios" pidió perdón a los familiares de las víctimas de las autodefensas. Dijo igualmente que "la producción de las drogas ilícitas, desprovista de la protección de las organizaciones armadas comunistas o anticomunistas, tendrá sus días contados" y que era "un hecho que la extinción de la guerra entraña el fin del narcotráfico".

Unos días después 'Báez' le envió una carta al columnista de SEMANA Antonio Caballero en la que reconoce que "los colombianos son víctimas de la violencia fratricida que se agazapa en el protervo comercio de drogas ilícitas" que "subvenciona el terrorismo, provoca desplazamiento, concentra la propiedad", entre otras calamidades.

Que las autoridades hayan encontrado semejante complejo cocalero en el corazón de la zona de dominio del Bloque Central Bolívar, apenas días después de que su representante haya dicho estas palabras ante el Congreso, es un hecho de suma gravedad. Pone a tambalear el proceso de Santa Fe de Ralito, que de por sí ya tenía hondos problemas de credibilidad. ¿Cómo puede ser que uno de los principales integrantes del proceso de paz con el gobierno, el Bloque Central Bolívar, al tiempo que presenta excusas públicas y declara su voluntad de librar a Colombia del narcotráfico, esté inmerso en la producción y posiblemente exportación masiva de cocaína? ¿Cómo se explica que a la vez que sus voceros preparaban un discurso para ser reconocidos legítimamente como un movimiento político en el Congreso, estaban comprando un sofisticado jet para traficar con drogas?

Alguien podría pensar que el complejo cocalero y los aviones incautados no sean de este bloque, y que los enemigos de las autodefensas montaron el escenario que encontraron la Policía y la Fiscalía. Pero esta tesis es difícil de sostener debido a las pruebas que se encontraron, no sólo los brazaletes, sino que no es posible que alguien arriesgue un capital de seis millones de dólares, que es lo que cuesta el avión, para perderlos en el monte. Cabe la posibilidad de que se trate de un negocio que desconocía el estado mayor del BCB, pero esto tampoco es muy probable por el monto de las inversiones allí encontradas, y por el permanente control que tienen estos comandantes de cuanto acontece en el sur de Bolívar.

El hecho tiene un impacto a todas luces negativo sobre el proceso de Ralito. Esto quizás explica el silencio del gobierno frente a uno de los más grandes golpes que se le ha dado al narcotráfico en los últimos meses. Ni se convocó a una rueda de prensa, como suele suceder en estos casos, y al contrario, las autoridades han guardado un hermetismo inusual.

¿Contra la pared?

El hallazgo de Simití viene a sumarse al panorama de por sí complejo que está enfrentando el gobierno en el proceso con las autodefensas. El tono casi desesperado del alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en su intervención ante el Senado la semana pasada, revela que las negociaciones están llegando a un callejón sin salida.

Más allá de las puyas del Comisionado a sus antecesores por haber sido, a su juicio, demasiado débiles en los procesos con la guerrilla, o las críticas que lanzó a la comunidad internacional y a los intelectuales por no acompañar al gobierno en su esfuerzo de paz, el fondo de su lúcido discurso fue muy revelador.

En síntesis lo que el Comisionado hizo fue un llamado enérgico a las autodefensas para que se sostengan en lo que firmaron: que esta negociación tiene como objetivo la desmovilización, el desarme, el desmonte de los negocios ilegales y la reinserción a la sociedad de los paramilitares. No se trata de una negociación política en el sentido que le han venido dando cada vez más los comandantes paras, por la cual el Estado se comprometa a desarrollar social y económicamente las regiones donde ellos tienen control, y de paso, una vez legalizados y sin pagar cárcel, dejarles su dominio intacto. "Todos ceden ante el impacto mediático de un jefe de las autodefensas que un día se imagina una propuesta de negociación y otro día otra, dijo Restrepo. Una cosa es lo que piensen o digan los jefes de las autodefensas y otra cosa son los documentos donde está la firma de ellos. Yo no me atengo a hipótesis y no me preocupa que las hagan las autodefensas. Yo me atengo a lo firmado".

Restrepo también lanzó un mensaje contundente a la sociedad para que respalde esta oportunidad de desarticular y desmovilizar las autodefensas que "ilegitiman la democracia, empañan la imagen del gobierno y de la Fuerza Pública y dividen a la Nación con sus acciones de justicia privada, que no son otra cosa que venganza". Porque para el Comisionado desde un lado se ataca al gobierno por considerar que se trata de delincuentes que han cometido delitos imperdonables y lo único que se les puede ofrecer es un sometimiento a la justicia, y del otro extremo se le presiona para que detenga la desmovilización paramilitar porque todavía se cree que este es un mecanismo válido para buscar la seguridad. Por eso habló de su soledad.

Pero el gobierno parece consciente de que para ganarse la credibilidad de la gente, las autodefensas tienen que hacer una demostración real de voluntad de paz. De ahí que el propio presidente Álvaro Uribe haya lanzado un ultimátum a las autodefensas del Casanare que comanda Martín Llanos y las de sus enemigos del Bloque Centauros, cuyo jefe es Miguel Arroyave, para que cesen su guerra y se desmovilicen de inmediato, con la advertencia de que los dejará por fuera del proceso si no cumplen. Es una apuesta arriesgada, pero que de resultar le daría a la negociación una bocanada de oxígeno que está necesitando con urgencia para sobrevivir.

De todos modos, aun si las autodefensas de Llanos ceden a la exigencia del gobierno, el proceso seguirá teniendo múltiples problemas, entre los cuales hay uno que no es menor: la falta de claridad de con quién se está negociando, pues aún no se sabe si todos los que están son paramilitares, ni por qué no están todos los que lo son.

Pero el principal lío por resolver es el del narcotráfico. Los fuertes vínculos entre los paramilitares y el negocio ilegal es lo que tiene a Estados Unidos tan reacio a respaldar el proceso. Además, la posibilidad de ser extraditados por este delito es lo que tiene a los jefes de las autodefensas opuestos radicalmente al proyecto de ley de alternatividad penal que presentó el gobierno, pues no contempla que esta sea suspendida en procesos de paz. Y son las utilidades del tráfico de drogas las que les dan el poder de intimidación y corrupción a los paramilitares, estén o no en la mesa de negociación.

Noticias como la del complejo de producción de cocaína del Bloque Central Bolívar son otra demostración de que en este proceso con las autodefensas, el narcotráfico desempeña un papel central y que por más promesas de que tienen voluntad de desmontarlo, el vil negocio continúa a todo vapor.
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