Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2004/04/18 00:00

En la cuerda floja

Crisis en la Fiscalía. Luis Camilo Osorio se defiende pero los enredos no paran. SEMANA revela nuevas denuncias.

Esta semana ha sido una de las más críticas que ha tenido que enfrentar el fiscal Luis Camilo Osorio en los tres años que lleva al frente de esta entidad judicial.

La Fiscalía General de la Nación está siendo sacudida por un movimiento telúrico que amenaza con resquebrajar sus estructuras. En lo que va corrido del año los escándalos se han sucedido uno tras otro. El 22 de febrero El Tiempo denunció los pormenores de la infiltración de los paramilitares en la Fiscalía de Cúcuta. Al día siguiente, el fiscal Luis Camilo Osorio apeló a la facultad discrecional que le da la ley y declaró insubsistentes a 16 funcionarios en Cali, al parecer, por supuestos favorecimientos a narcotraficantes. El 24 de febrero Justo Pastor Rodríguez, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que venía de la Dirección Nacional de Fiscalías, presentó su renuncia cuando no supo explicar por qué una persona vinculada a un proceso penal le regaló un reloj Rolex, que posteriormente le robaron de su camioneta junto con 3.000 dólares y 17 millones de pesos.

Rodríguez fue reemplazado en el cargo por Carlos Hernando Arias, quien fue ascendido de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá. El 3 de marzo Arias renunció luego de las denuncias reveladas por SEMANA, por supuestas presiones para cambiar fallos y por acoso sexual. El 9 de marzo el Fiscal anunció que precluía la investigación contra el general Rito Alejo del Río por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, mientras Human Rights Watch anunciaba que Estados Unidos le había cancelado la visa al general por "la existencia de pruebas fiables que le implicaban en actos de terrorismo, narcotráfico y tráfico de armas". Ese mismo día dijo que no le iba a dictar medida de aseguramiento al coronel (r.) Royne Chávez. El 14 de marzo El Espectador aseguró que el fiscal del caso había elaborado tres documentos previos en sentido contrario, es decir, le dictaba medida de aseguramiento al coronel, pero que no fueron firmados por sus superiores.

El 24 de marzo el representante Gustavo Petro presentó ante el Congreso denuncias sobre la posible infiltración de los paramilitares en la Fiscalía. El 26 de marzo fiscales, asistentes y empleados de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima (Unaim) le enviaron una carta al fiscal Osorio en la que le manifestaban su desacuerdo con la prueba del polígrafo a la que los habían sometido las autoridades estadounidenses. La semana pasada, la del 12 de abril, fueron declarados insubsistentes Luis Fernando Torres, director de la Unaim, y Álvaro Bayona, fiscal de la misma unidad. Ambos salieron a hacer más denuncias. Insinuaron que los habían botado para frenar una investigación que tenían contra varios narcotraficantes. Bayona insistió en que "la Fiscalía no estaba tocando fondo, sino está en el fondo".

El rosario de enredos ventilados públicamente no terminó allí. El jueves de la semana pasada fueron declarados insubsistentes otros dos fiscales de esa misma unidad, entre ellos Omaira Gómez, la autora de la carta de la Unaim en contra de la prueba del polígrafo. Ese mismo día de su salida la ex fiscal arremetió contra Osorio en una nueva carta en la que lo acusó de no tener idea de lo que estaba pasando en la Fiscalía porque "usted no manda, porque no sabe qué pasa en la institución y 'los amigos' que la dirigen, traídos por intrigas personales y palancas políticas, le hacen un flaco favor a la administración de justicia". El viernes la poda continuó y la fiscal Haydé López, coordinadora de la subunidad Foncolpuertos, adscrita a la Unidad Nacional de Anticorrupción, fue declarada insubsistente.

La poda, que ha sido en parte producto de la reacción del fiscal Osorio para depurar la entidad y contener el escándalo, ha acabado convirtiéndose así mismo en otro escándalo. Osorio también ha ordenado varias investigaciones internas. Así, el caso contra el ex fiscal Rodríguez está adelantado y el del ex fiscal Arias está bajo la lupa de una comisión que también integran funcionarios de otras entidades de control. Así mismo, como sucesor de los dos fue nombrado director nacional de Fiscalías Luis González, un fiscal de reconocida trayectoria en materia de lucha antisecuestro.

Sin embargo, hay nuevas denuncias. Algunas provienen de los funcionarios que han sido destituidos últimamente en relación con situaciones irregulares, y que por supuesto pueden estar respirando por la herida. Pero otras son de funcionarios que han sido destituidos por razones bastante más débiles -como que no están produciendo suficientes sentencias-. Algunos de ellos acusan al propio Fiscal de maniobras graves, como la de despedir funcionarios para evitar que las investigaciones que llevan afecten a sus amigos políticos, asociados generalmente con el pastranismo. De otra parte, hay funcionarios activos que hablan desde el anonimato por temor a represalias y confirman algunas de estas delicadas denuncias, entre las que también están las supuestas presiones para lograr la preclusión de investigaciones contra grupos paramilitares.

El vicefiscal Andrés Ramírez, que habló con SEMANA en representación de Osorio, asegura que ninguna de estas denuncias es cierta; que la Fiscalía está empeñada en mejorar su eficacia interna y su transparencia. Como prueba cita un desempeño sustancialmente mejor en materia de acciones contra los delitos de lavado de activos (bajo su gestión crecieron en 270 por ciento las sentencias condenatorias), el narcotráfico (un aumento de sentencias condenatorias de 409 por ciento), el secuestro y la extorsión (aumentaron en 645 por ciento las aperturas de investigaciones) y contra el terrorismo (subieron las órdenes de captura en 112 por ciento). Curiosamente, las propias cifras oficiales de la Fiscalía muestran que en el terreno de derechos humanos la acción contra la guerrilla ha sido mucho más contundente que contra los paramilitares (las órdenes de captura contra estos últimos disminuyeron, mientras que contra la guerrilla aumentaron en 118 por ciento, por ejemplo).

A pesar de las cifras positivas y de la defensa del Fiscal, SEMANA encontró e investigó algunos casos graves que obligan a reiterar la pregunta que desde hace varios días se está haciendo la opinión pública: ¿Podrá el fiscal Osorio recuperar la credibilidad que necesita un funcionario de semejante importancia, cuando cada día surge una nueva denuncia?

Para dar luz sobre esto SEMANA investigó algunos de los casos.

La conexión Rodríguez Gacha

Cuando el fiscal Osorio le aceptó la renuncia el pasado 3 de marzo a Carlos Hernando Arias Pineda, el ex funcionario dijo en rueda de prensa: "Salgo con la frente en alto y el valor que me da la tranquilidad de conciencia". Argumentó que su salida era producto de la confabulación de una poderosa organización que les quería hacer daño a él y a la institución.

Lo que nunca contó Arias, pero que había sido comentado en los corrillos de la Fiscalía, fue la relación que existe entre su esposa María Eugenia Arias Rivero y Gladys Álvarez Pimentel, la viuda del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, 'El Mexicano'.

Unos documentos a los que SEMANA tuvo acceso demuestran que por lo menos en los últimos 10 años la esposa del ex director nacional de Fiscalías ha sido abogada de la viuda de 'El Mexicano' y conoce al dedillo el manejo de sus bienes y de su fortuna.

Por ejemplo, en un memorando dirigido a Álvarez Pimentel fechado el 12 de septiembre de 1994 y firmado por la abogada, da cuenta de la adquisición de unos terrenos en Suba y la participación personal en tres sociedades anónimas. En otro memorando con fecha 21 de noviembre de 1995 la abogada Arias solicita información sobre las escrituras de las casas de la calle 96, un lote de Chía y 31 lotes que posee en la Mansión del Peñón y le envía copia del oficio a Gladys Edilma Álvarez. (Ver facsímiles).

Dos años después, María Eugenia fue la gerente de dos empresas de la familia Rodríguez Gacha dedicadas a la propiedad raíz, a la cría y levante de equinos, porcinos, vacunos y lanares y a otros negocios de ganadería y agricultura. Una era Serinagro, cuyos socios son tres empresas de 'El Mexicano' que aún no han entrado a la lista de extinción de bienes de la Fiscalía. La otra, Inversiones La Ramada, es dueña de la mitad del lote del Club Los Millonarios.

Pero no sólo María Eugenia Arias ha sido abogada y gerente de empresas de la viuda. Ella y su esposo, el hoy ex director nacional de Fiscalías, figuran como miembros de la Fundación Santa María de los Niños, ubicada al noroccidente de Bogotá, dedicada desde el 21 de abril de 1999 a prestar una labor social a los hijos de empleadas de bajos recursos y auspiciada por la viuda de Gonzalo Rodríguez Gacha. En el acta de fundación figuran además Rodrigo Guzmán, actual esposo de Gladys Álvarez y Misael Arias, hermano de María Eugenia.

Además, los hermanos Arias aparecen en la nómina de la viuda de 'El Mexicano': ella como asesora jurídica y él como asesor financiero, cada uno devengando un sueldo de cuatro millones de pesos.

Otro caso en el que María Eugenia Arias le prestó sus servicios a Gladys Álvarez Pimentel fue como apoderada del juicio de sucesión de su madre, María Edilma Pimentel, en la que figuran apartamentos y oficinas en Bogotá y terrenos en zonas rurales. SEMANA fue a la Notaría 44 de Bogotá y el número donde reposa el expediente es el libro de sucesión 2295, la cual fue concluida en marzo de 2002. Los honorarios que cobró Arias por este trabajo ascienden a los 34 millones de pesos.

El hermano de María Eugenia, Misael, se vio involucrado además en un caso judicial acusado de testaferrato por ser miembro de la junta directiva de una empresa de aviación llamada Aerosucre, que perteneció a Rodríguez Gacha, y la Fiscalía le había librado una orden de captura. En agosto de 2002, cuando Carlos Hernando Arias se desempeñaba como director seccional de Fiscalías de Bogotá, su cuñado Misael fue sorprendido por la Policía en una bodega en el sur de Bogotá, propiedad de la viuda de 'El Mexicano'. Dos hombres más, un piloto y Luis Ernesto Devia, se entregaron al fiscal del caso. Arias alcanzó a estar ocho días detenido y precluyeron su caso. Mientras que Devia y el piloto fueron condenados a seis años y están detenidos en la cárcel del municipio de La Mesa, Cundinamarca.

Por ese mismo delito, el de testaferrato, fue condenada Gladys Álvarez Pimentel a seis años de prisión. Ingresó a mediados de junio de 2000 a la cárcel de El Buen Pastor y en febrero de 2002 salió bajo el beneficio de extramuros y hoy tiene libertad condicional.

Hoy en día se calcula que la fortuna de la viuda asciende a los 200.000 millones de pesos y tiene unas 300 propiedades que heredó de su marido, a pesar de que la Fiscalía le ha quitado mediante extinción de dominio 270 bienes.

La Fiscalía y los paramilitares

El representante Gustavo Petro ha venido denunciando la posible infiltración de grupos paramilitares en la Fiscalía de Cúcuta y en diversas instancias de este organismo a nivel nacional. Este es uno de los casos que presentó en su petición a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al fiscal Osorio.

Según un documento de la propia Fiscalía que relata el testimonio de un testigo presencial, el 3 de abril de 2002 hubo una reunión de paramilitares en la que Vicente Castaño, alias 'El Profe', comentó que se les estaban haciendo labores de seguimiento a varios fiscales e investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. 'El Profe' dijo que este trabajo tenía como objetivo el asesinato de estos funcionarios. Su hermano Carlos Castaño dijo que esto no era necesario, que bastaba con "bajarles el perfil" o buscar "que se les trasladara de unidad". El informe del CTI tiene el número 2156, y está identificado con el nombre de Centauro 3. En este documento el testigo dice que los Castaño hablaron de ocho funcionarios de la Fiscalía. Petro pidió por derecho de petición que le informaran sobre el paradero de estos fiscales y en el oficio de respuesta, según lo comprobó SEMANA, la Fiscalía le informó que, salvo dos de ellos que siguen en la Unidad de Derechos Humanos, los demás habían sido declarados insubsistentes o habían renunciado. Los siguientes son los reportes de cada uno.

-Luis Augusto Sepúlveda. Fiscal del caso por el atentado al representante Wilson Borja. Fue declarado insubsistente el 24 de abril de 2002.

-Lucía Luna. Fiscal del caso del general Rito Alejo del Río y del caso contra el ex embajador Carlos Arturo Marulanda. Renunció el 4 de noviembre de 2002 y está exiliada.

-César Rincón. Fiscal que investigó las masacres de Tibú y La Gabarra, Norte de Santander. Fue declarado insubsistente el 11 de mayo de 2002. Un antecedente preocupante de este caso fue que el 18 de junio del mismo año un fiscal especializado de Cúcuta le envió una carta a la directora de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en la que expresaba su extrañeza por el comportamiento del abogado Alexi Rafael Sandoval Orozco, defensor de un paramilitar, quien el 9 de abril de 2002 (33 días antes de la declaración de insubsistencia de Rincón) había alardeado de sus relaciones con el Fiscal General de la Nación y comentado que "varios fiscales de esa Unidad Nacional han sido destituidos o están próximos a serlo por no haber accedido a sus pretensiones jurídicas en varios de los procesos en los que ahí interviene; de los fiscales que citó sólo recuerdo los nombres de César Rincón y Saide Meneses". El abogado Sandoval fue detenido hace poco y está vinculado al proceso de infiltración de los paramilitares en Cúcuta (ver caso Fiscalía de Cúcuta).

-Amelia Pérez. Estuvo encargada de la investigación por la masacre del Aro. El 6 de mayo de 2002 fue trasladada a la Unidad Nacional contra el Terrorismo. Allí manejó el caso por el atentado de El Nogal. Renunció el primero de julio del año pasado por diferencias con el fiscal Luis Camilo Osorio, de quien dijo que le había ordenado centrarse única y exclusivamente en este caso en la hipótesis de las Farc y abandonar otras líneas de investigación. Está exiliada.

-Martha Cecilia Camacho. Investigadora del CTI que participó en la captura de Jesús Emiro Pereira Rivera, alias 'Alfonso', el 15 de diciembre de 2001. 'Alfonso' es la mano derecha de 'El Profe', el hermano de Carlos Castaño, y está casado con la hermana de una de las esposas de este comandante paramilitar. El primero de mayo de 2002 fue trasladada a otra unidad del CTI. Renunció el 22 de octubre de 2002 y está exiliada.

Ante estas denuncias la respuesta del fiscal Osorio no se hizo esperar. Dijo que Petro "ha mantenido la costumbre de hacer la misma actuación que conocimos: disparar por la espalda y sin previo aviso. Miente cuando dice que Castaño tuvo algo que ver en el retiro de funcionarios". Y en referencia con el abogado Sandoval, dijo que el representante del Polo Democrático "miente cien veces cuando dice que el Fiscal tenía conexiones con algún abogado de Cúcuta que nadie sabe quién es".

La infiltración de Cúcuta

Ana María Flórez Silva, quien se desempeñó como directora seccional de Fiscalías de Cúcuta hasta comienzos de marzo, llegó a la capital nortesantandereana como fiscal especializada en 2002 y el año pasado asumió la dirección, primero como encargada y luego en forma. Desde un comienzo, le contaron a SEMANA funcionarios que trabajaron con Flórez en Cúcuta, ella alardeó sobre su cercanía con el fiscal Osorio. Decía, por ejemplo, que éste le había cambiado los pañales cuando era una bebé. Su mano derecha en la oficina era Magali Yaneth Moreno Vera, una funcionaria que había trabajado con el CTI y estaba en comisión en la seccional desde 2002. Magali fue declarada insubsistente en octubre del año pasado y el 12 de diciembre rindió indagatoria en Bucaramanga, en una investigación que se le sigue por concierto para delinquir.

En esta diligencia Magali dijo que había recibido órdenes de Flórez, de quien dice que "se supone que somos las mejores amigas", de infiltrarse en un grupo paramilitar. En esta labor dice que la ayudó el abogado Alexi Rafael Sandoval, quien está detenido por los mismos hechos, y agrega que "La doctora Ana María me dijo que ella le había comentado al señor fiscal Luis Camilo Osorio". Éste lo negó y aseguró: "Jamás excedo los límites legales". No obstante, Magali en su indagatoria insiste en que después de que la declararon insubsistente la fiscal Flórez le reiteró que "ella iba a hacer lo posible para que a mí me reintegraran y que si era por lo que se estaba comentando que me habían declarado insubsistente porque yo era paramilitar, ella iba a dar las explicaciones que fueran necesarias y que así se lo había hecho saber al señor Fiscal General de la Nación. Ana María habló con el señor Fiscal".

El 26 de diciembre de 2003 un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos les impuso medida de aseguramiento a 25 personas relacionadas con este caso. El 23 de febrero de este año, esta unidad compulsó copias de la investigación a la Unidad Nacional de Fiscalías delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a Ana María Flórez Silva. El 11 de marzo la fiscal rindió indagatoria, luego de lo cual renunció a su cargo. Luis Fernando Otálvaro, de Asonal Judicial, dice que en este caso Osorio no tuvo la misma rapidez que en otros. Según él, como la diligencia era por concierto para delinquir, que tiene medida de aseguramiento y no es excarcelable, el Fiscal tenía que haber suspendido o destituido a la funcionaria. Ninguna de estas dos cosas pasó.

Otras denuncias

En los últimos días también se han hecho sentir otras denuncias de posibles irregularidades en otros procesos. Así por ejemplo, dos funcionarios de la Fiscalía le aseguraron a SEMANA que Héctor Peñaranda, el fiscal que lleva el caso contra Royne Chávez por enriquecimiento ilícito, había preparado un fallo en el que dictaba medida de aseguramiento con orden de captura contra el ex policía y que ellos mismos lo habían visto. No obstante, como se sabe, el fiscal Osorio resolvió no librar la orden de captura porque no consideraba que Chávez podría ser peligroso para la sociedad. Osorio mantuvo su decisión aun después de que la Procuraduría destituyera al ex oficial y conceptuara que éste se había enriquecido ilícitamente en 2.160 millones de pesos. Chávez fue jefe de seguridad del Palacio de Nariño, bajo la presidencia de Andrés Pastrana. De otra parte, SEMANA también conoció que la Fiscalía les está adelantando un proceso por lavado de activos a socios de Chávez.

Aunque todavía falta que las autoridades lleguen al fondo de estos y otros casos para determinar qué funcionarios están realmente implicados en las posibles infiltraciones y actuaciones irregulares, lo que hoy se sabe sobre lo que pasa en la Fiscalía ha dejado en la cuerda floja a Osorio.

El Fiscal ha cometido varios errores de criterio, pero también le ha faltado olfato político y sentido de la oportunidad. Cada uno de sus escándalos individualmente podrían ser superables, pero sumados dan la impresión de que se le vino el mundo encima. La mayoría de sus críticos no ponen en tela de juicio su integridad personal, pero consideran que la situación se le salió de las manos. Todo esto sumado ha debilitado la gobernabilidad de la entidad que dirige.

Lo paradójico de esto es que la gestión de Osorio muestra cifras contundentes de mejoría institucional. También sorprende que se haya llenado de enemigos una persona que se había destacado en la vida por tener buenas relaciones con todo el mundo, y el funcionario que hoy muchos cuestionan había sido considerado eficaz a lo largo de su carrera. Además es un hecho que no es tan pastranista como le gustaría a Andrés Pastrana.

Así las cosas, Luis Camilo Osorio es sobre todo culpable de haberse rodeado mal y de falta de liderazgo. Y en medio de un conflicto armado agudo y atacado por organizaciones criminales que están entre las peores del mundo, el país no puede darse el lujo de tener a la cabeza de la justicia investigativa un enredo nuevo cada día y una falta de credibilidad cada vez mayor.

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