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| 5/9/2005 12:00:00 AM

Fuera de control

Dos militares norteamericanos regresan a su país tras venderles municiones a los paras. El caso muestra de nuevo la extrema debilidad de Colombia ante Estados Unidos.

Aquella imagen hollywoodesca del soldado norteamericano que viene a 'dictarles cátedra' a los colombianos, con su camuflado y el orgullo de su insignia de US Army clavada en el pecho, parece estarse desvaneciendo en una cadena de escándalos y delitos cometidos en Colombia, que involucran desde soldados hasta altos oficiales de Estados Unidos. El último y más grave episodio ocurrió la semana pasada cuando un comando de la Policía allanó una casa de recreo en Carmen de Apicalá, Tolima. Los agentes colombianos, que iban tras una banda de traficantes de armas, fueron los primeros sorprendidos al encontrar a dos militares norteamericanos en el sitio. Apenas cuatro semanas atrás, cinco soldados de ese país habían sido capturados por transportar 16 kilos de cocaína en un avión de Estados Unidos que le prestaba apoyo al Plan Colombia. Estos casos recientes se suman a una denuncia por homicidio y a varios escándalos que en el pasado han salpicado a contratistas, militares y hasta diplomáticos de la embajada estadounidense. ¿Qué tan grave es el episodio de Carmen de Apicalá? ¿Qué está pasando en la misión militar de Estados Unidos?¿Qué puede hacer el gobierno colombiano al respecto? La captura de Carmen de Apicalá se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la embajada estadounidense, pues revela que la corrupción en las filas militares de ese país en Colombia puede ser más grave de lo que se piensa. Todo comenzó en la madrugada del martes pasado, cuando un ex sargento del Ejército colombiano llamó a la Policía de Cundinamarca para informar que en Melgar, Tolima, se iba a entregar un gran lote de munición para fusil cuyo destino eran los paramilitares y algunos narcotraficantes. El ex suboficial tenía datos exactos sobre el negocio. En principio hacía parte del grupo criminal, pero sus 'socios' lo habían traicionado al entregarle menos dinero del que le habían prometido y en venganza, él los delató. Lo que nunca imaginó es que la información que entregó iba a desencadenar un escándalo internacional. La Policía interceptó decenas de llamadas hasta que a las 10:40 de la mañana captaron una conversación entre dos hombres que hablaban de manera extraña utilizando palabras como "paquetes", "mercancía", "entregas" y los "señores". La información era vaga. Pero gracias al rastreo de los celulares, los policías establecieron que los hombres estaban entre Carmen de Apicalá y Melgar. Decidieron entonces enviar patrullas y hacer controles a los vehículos sospechosos en las vías aledañas. Seis horas después de estar haciendo requisas a diferentes vehículos, miembros de la Policía de Carreteras vieron un camión con dos hombres estacionados en una variante entre las dos poblaciones. Cuando los uniformados inspeccionaron el camión encontraron un revólver sin salvoconducto. Los hombres, Carlos Julio Gualteros Pérez y Juan Carlos Arenas Rojas, visiblemente nerviosos, se identificaron como suboficiales retirados del Ejército Nacional. Mientras intentaban dar explicaciones llegó al lugar Gustavo Adolfo Gil, quien al percatarse de la situación les ofreció 10 millones de pesos a los uniformados. La oferta alertó a los policías. Al requisarlo le encontraron un buscapersonas en el que había un mensaje: "El señor de la camioneta lo está esperando en una casa del condominio El Paraíso para cumplir la misión". Los policías pidieron refuerzos y, en compañía de los tres hombres, partieron para ese lugar a escasos seis kilómetros. Al llegar a El Paraíso, los policías golpearon la puerta y les abrió Allan Norman Tamquarcy, a quien algunas autoridades colombianas identifican como teniente coronel. Estaba en compañía del sargento de origen hispano Jesús Hernández. Sólo atinaron a decirles a los policías que eran militares pertenecientes al Séptimo Grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y también instructores de tiro en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército, en Tolemaida. Los policías continuaron la requisa y en otro de los cuartos hallaron a un colombiano, Will Gabriel Aguilar García, y 29 cajas de metal con 32.000 cartuchos para fusil. Los cuatro colombianos y los dos militares estadounidenses no pudieron explicar qué hacían con semejante cantidad de munición. Todos fueron llevados a una estación de Policía de Melgar y puestos a órdenes de la Fiscalía. En la tarde, el fiscal que recibió el caso fue informado de que no podía indagar ni interrogar a los militares norteamericanos. En Bogotá, los funcionarios de la embajada se habían movilizado rápidamente. Se reunieron con miembros de la Policía, la Cancillería y con el Fiscal General. De entrada, invocaron los tratados suscritos por los gobiernos de los dos países, uno de cooperación técnica en 1962 y otro de cooperación militar en 1974. En ellos, Colombia les reconoce a todos los estadounidenses que vienen al país en programas de cooperación de todo tipo, el carácter de adjuntos de la embajada de ese país en Bogotá. En consecuencia, se les aplican los principios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que rige para todos los representantes oficiales de cualquier país del mundo. Entre ellos, la inmunidad. No pueden ser juzgados por ningún delito en el país de residencia. Los colombianos no tuvieron más opción que admitir los tratados como un hecho y pasar la voz de que los dejaran quietos. Aunque el miércoles en la tarde ya se había superado el trámite diplomático, los militares estadounidenses pasaron la noche en las instalaciones de la Sijin del Tolima, pues era muy tarde para un desplazamiento por carretera. Pero a primera hora del jueves un carro fuertemente custodiado por militares norteamericanos transportó a sus colegas hasta Bogotá, donde hasta el cierre de esta edición esperaban su traslado a Estados Unidos. Pocas horas después de la captura en Bogotá ya se había desatado la tormenta política. El procurador Edgardo Maya le solicitó a la Fiscalía que mantuviera bajo su custodia a los dos oficiales, mientras consultaba los tratados y textos constitucionales que le permitieran estar seguro de si debían o no ser repatriados. El intento fue vano. El Fiscal le respondió que había entregado en "custodia" a los dos norteamericanos, en observancia a los tratados internacionales. El Congreso, por su parte, anunció un debate sobre la misión norteamericana y sobre los tratados que brindan la inmunidad. "Queremos saber si estamos frente a una red internacional de tráfico de armas", explicó el senador Jimmy Chamorro. La idea no es derogar los tratados, sino garantizar que estos delitos no queden en la impunidad. Ante los temores expresados, el embajador de Estados Unidos, William Wood, dijo que "inmunidad no significa impunidad". En plata blanca, esta afirmación significa que los estadounidenses, acreditados ante el gobierno colombiano como adscritos a la embajada, serán juzgados, pero en su país y bajo sus leyes, procedimientos y principios. Que es precisamente el sentido de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, para todos los representantes oficiales de los países que forman parte de ella. Sin embargo, en algunas experiencias pasadas la actuación de los norteamericanos deja la sensación de que se está frente a la ley del embudo. Es decir, que a los colombianos procesados por la justicia de Estados Unidos les aplican una mano más dura que a los estadounidenses. Dos antecedentes recientes preocupan a los congresistas. El 27 de marzo pasado un avión norteamericano llegó al país en cumplimiento de un convenio de ayuda del gobierno de Estados Unidos con Colombia. La aeronave arribó a un aeropuerto militar de Bogotá y rápidamente se trasladó a la base militar de Apiay, cerca de Villavicencio, donde abordaron cinco soldados norteamericanos. Lo siguiente que se supo es que en una base militar de Texas, los estadounidenses fueron sorprendidos con 16 kilos de coca entre su equipaje, y cuatro de ellos fueron detenidos. Posteriormente se supo que habían sido detenidos en Colombia y enviados, en medio del mayor sigilo, a Estados Unidos. El gobierno de Washington no ha suministrado detalles sobre el episodio. Sólo el viernes pasado la embajada estadounidense confirmó que los detenidos se encuentran incomunicados en una prisión en El Paso, Texas, esperando su juicio, que será en la base militar Fort Bliss. Según las autoridades estadounidenses, el sargento de segunda clase Daniel Rosas, el principal sospechoso en el caso de narcotráfico en Apiay, enfrenta 25 cargos penales y podría pasar varias décadas en prisión. A los pocos días del escándalo por el caso del 'narcoavión' se conoció un nuevo caso en el que se aplicó el convenio bilateral. Desde agosto del año pasado el sargento estadounidense Jonathan Marshall está vinculado por la Fiscalía a una investigación por homicidio de dos soldados colombianos. Según la investigación de la Fiscalía, Marshall se movilizaba en un vehículo que impactó contra la motocicleta en la que viajaban los colombianos. La Fiscalía nunca pudo indagar al militar estadounidense, que fue repatriado pocos días después del episodio. Según la embajada, el oficial salió del país porque una investigación interna adelantada por funcionarios estadounidenses demostró que no había pruebas que demostraran su responsabilidad en la muerte de los dos militares. Más reciprocidad Con la captura de Carmen de Apicalá de los dos militares gringos, las cosas pueden complicarse aún más. Los soldados Tamquarcy y Hernández pueden terminar en un juicio histórico si se les aplica el Patriot Act. Si se demuestra que los dos oficiales norteamericanos estaban traficando armas para los paramilitares, organización considerada terrorista en Estados Unidos, pueden terminar siendo juzgados con todo el peso de las leyes que castigan el terrorismo en su país. Los datos iniciales que tienen la Policía y la Fiscalía apuntan hacia esa tesis. Según pudo investigar SEMANA, la munición encontrada hacía parte de un lote comprado por cuatro jefes paramilitares del Magdalena Medio. Por las 32.000 balas incautadas se había pagado un poco más de 60 millones de pesos. No era el primero ni iba a ser el último lote que adquirían. Según los informes de inteligencia, las capturas del martes son la punta del iceberg de una red conformada por más de 25 personas. La mayoría, militares activos y retirados colombianos, pero de la cual participan militares y contratistas del gobierno de Estados Unidos. Aunque la incautación fue sólo de munición, hay informes confidenciales que señalan que también han sido vendidos, y están en proceso de venta, lotes de fusiles y granadas. La gravedad de lo ocurrido en Carmen de Apicalá es evidente. Si bien es cierto que la mayoría de los militares norteamericanos que hay en el país cumplen una labor fundamental de apoyo y lo hacen guardando respeto por las leyes colombianas, para analistas como Alfredo Rangel, "en medio de una guerra, que haya militares vendiendo armas o involucrándose en narcotráfico es inevitable". A su juicio, los casos se incrementan porque ha aumentado el número de asesores. No obstante, que resulte involucrado un militar de tan alto rango como Tamquarcy es preocupante. No sólo porque se trataba de un instructor, de alguien que está supuestamente formando a los militares colombianos, sino porque también surge la pregunta sobre los controles y los filtros que los norteamericanos les están poniendo a militares y contratistas. Aunque desde el punto de vista jurídico, los militares estadounidenses que operan en Colombia tienen inmunidad, estos casos representan un alto costo para la imagen de la cooperación entre los dos países. Una cosa es que los embajadores y sus pequeños grupos de colaboradores sólo puedan ser juzgados en sus países, y otra muy distinta, que se les apliquen esos mismos principios a los soldados que actúan en operaciones de entrenamiento y apoyo al Plan Colombia. No es fácil entender que un contingente de más de 800 soldados -y quién sabe cuántos miles de contratistas militares privados- sean tratados como diplomáticos. Los convenios que obligan al Estado colombiano datan de hace 40 años, cuando los problemas jurídicos que podían afectar al personal de cooperantes estadounidenses no estaban vinculados al conflicto interno. Además, la opinión pública no entendería que se le dé idéntico tratamiento a cualquier conducta delictiva cometida por un extranjero. Hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre los crímenes cometidos por fuera del servicio y los incidentes que ocurren en pleno desarrollo de las actividades militares. El punto tiene una gran importancia para Estados Unidos. La inmunidad de sus soldados ha sido exigida desde hace muchos años. Hay motivos de orgullo imperial que generan reacciones muy negativas en la comunidad internacional. Pero también hay razones prácticas. Al fin y al cabo, ningún ejército del mundo, como el de Estados Unidos, tiene tan alto número de sus miembros en posición de combate en otros países. Un país que ha peleado varias guerras, además, considera que tiene enemigos en todas partes y que estos utilizan todas las herramientas a su disposición. Entre ellas, las judiciales. La diplomacia del Departamento de Estado ha mantenido una consistente política para buscar que los miembros de sus Fuerzas Armadas sólo puedan ser juzgados en tribunales de su país. La última cruzada fue la firma de más de 90 tratados con países de los cinco continentes para evitar que se les pueda aplicar la Corte Penal Internacional. Es decir, un mecanismo considerado como un gran avance en la globalización de la justicia penal y en la erradicación de la impunidad. Washington ha preferido pagar un alto costo político al marginarse de este moderno tribunal, con el fin de evitar que sus soldados tengan que presentarse ante jueces extranjeros. Este punto de honor llevó a uno de los muy pocos desacuerdos que ha habido entre los gobiernos aliados de Álvaro Uribe y George W. Bush cuando el primero se opuso a firmar un tratado bilateral que explícitamente marginaba a los militares estadounidenses que operan en Colombia de ser llevados ante la CPI. La controversia se saldó con una fórmula intermedia: la ampliación de los convenios de 1962 y 1974. Ninguno de estos tecnicismos, sin embargo, es suficiente para pulir la imagen de que entre Colombia y Estados Unidos existe una ley del embudo. Más que en cualquier otro, en un campo tan sensible como el de la justicia se aplica la sentencia de que no sólo debe ser equilibrada, sino parecerlo. Y lo que más atormenta a los colombianos es la percepción de que existe una falta de reciprocidad. "Lo mínimo es que al menos Estados Unidos se comprometa a contarles al gobierno y al país qué pasó con los narcosoldados y con los de Carmen de Apicalá. Y que sean juzgados con la misma severidad que otras personas extranjeras que han incurrido en esos delitos" , dice el senador Jimmy Chamorro. El problema es grande porque mientras el grupo de militares estadounidenses que operan en Colombia apenas supera los 800, hay decenas de miles de colombianos que viven en el país del norte y que tienen problemas con la justicia. Todos los meses hay uno o dos aviones llenos de personas que han pagado sus penas en cárceles gringas y son devueltos a Colombia. El tema ha sido objeto de conversaciones entre los gobiernos, y la Cancillería colombiana está elaborando un estudio para determinar el tratamiento que reciben los connacionales en el sistema judicial estadounidense. Aunque es poco probable que se produzcan grandes cambios, sobre todo en las normas que regulan este complejo asunto, no sería imposible que en un futuro Estados Unidos acepte algún mecanismo de control y de información al público, al estilo de las célebres 'certificaciones' que Washington adelanta en derechos humanos y lucha contra el narcotráfico. Lo que está en juego es, nada menos, la credibilidad en la cooperación bilateral. Un objetivo tan valioso para ambos gobiernos, que obliga a pensar que los militares estadounidenses sí serán castigados en forma severa. Ya hay casos que dan testimonio de que la justicia en Estados Unidos suele castigar con dureza los crímenes militares. Eso es lo menos que esperan los colombianos. Y si bien los últimos escándalos de los militares norteamericanos en Colombia pueden considerarse casos aislados, no dejan de ser una piedra en el zapato que tiene repercusiones internacionales. Cuando la semana pasada el gobierno de Washington dijo que le preocupaba que las armas que compró Venezuela podían terminar en manos de la guerrilla, el presidente Hugo Chávez le contestó a Bush que el gobierno gringo debería preocuparse más de su ejército porque ellos ya estaban vendiendo armas a los paramilitares colombianos.
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