Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/02/12 00:00

Se destapa el comisionado

Luis Carlos Restrepo hace revelaciones sorprendentes sobre paras, narcos y reelección.

El alto comisionado par a la paz, Luis Carlos Restrepo, dice que el gobierno está dispuesto a estudiar la propuesta de la Iglesia de ampliar el cronograma de las desmovilizaciones de las autodefensas, si el país lo acepta.

Durante los últimos dos meses, el proceso con las autodefensas salta de una crisis a otra. Arrancó con el traslado de 'Don Berna' de Ralito a Cómbita, que congeló las desmovilizaciones y, al mismo tiempo, generó una avalancha de comunicados, ultimátum, amenazas y declaraciones explosivas que aún no terminan. En todo este tiempo, el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, con discreción ha buscado bajarle la temperatura al enfrentamiento verbal. Por primera vez desde cuando estalló todo este alboroto, Restrepo le cuenta a SEMANA para dónde va el proceso con los paramilitares, revela detalles inéditos de los intentos de los narcotraficantes del Norte de Valle de lograr un acuerdo con el gobierno, denuncia las jugadas políticas del ex ministro Álvaro Leyva, quien pretendería unir facciones de las AUC y las Farc en un movimiento antirreelección, y habla del intercambio humanitario con la guerrilla y las conversaciones con el ELN. SEMANA: ¿Por qué se echó para atrás con el cronograma de desmovilizaciones? Luis Carlos Restrepo: No es adecuado adentrarnos en un proceso electoral con una desmovilización a medias. Hemos recibido una solicitud de la Iglesia para que el gobierno reconsidere el 31 de diciembre como fecha límite. Estamos dispuestos a estudiar la solicitud siempre y cuando eso no implique un aplazamiento indefinido de las desmovilizaciones. Todo depende de que el paso a dar resulte claro para el país. SEMANA: ¿Es viable desmovilizar a las autodefensas de aquí al 31 de diciembre? L.C.R.: Nosotros tenemos todo preparado. Nos preocupa que en ocasiones anteriores las autodefensas han aplazado desmovilizaciones y han utilizado esto como una estrategia de negociación. Esto no se puede convertir en una excusa para reabrir en la mesa temas que ya están definidos, o que están en manos del gobierno, como la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, o las cárceles donde tendrían que pagar la pena alternativa. SEMANA: ¿Puede el gobierno evitar que los paras participen en política? L.C.R.: Si el Estado Mayor Negociador interviene en política, el Ejecutivo puede echar para atrás la suspensión de sus órdenes de captura. Desde todo punto de vista es perturbador que miembros de una organización armada ilegal que todavía mantiene gente en la clandestinidad adelante acciones políticas, así ellos se hayan desmovilizado. No podemos repetir la experiencia de la Unión Patriótica, que fue un baño de sangre. SEMANA: Pero no parecen estar absteniéndose. Varios congresistas han denunciado amenazas. L.C.R.: La representante Nancy Patricia Gutiérrez puso una queja ante el Presidente de que algunos paramilitares desmovilizados de Cundinamarca la estaban amenazando. Le pedí que me dijera quiénes y cómo le había llegado la amenaza. Ella se ha negado a hacerlo. Los grupos de autodefensas de Cundinamarca dicen que ellos no están presionando. Sería muy bueno que nos dieran nombres. SEMANA: ¿Y el caso de Borja y Petro? L.C.R.: No tenemos ninguna información oficial de Fiscalía en el sentido de que el señor 'Don Berna' esté tras algún atentado que se vaya a cometer contra ellos. Salen denuncias en los medios que generan pánico social, pero no se fundamentan ante las autoridades competentes. Si alguien tiene una prueba, que la entregue. Es importante que en medio del debate electoral, las denuncias se concreten. Igual creo que es necesario un acompañamiento internacional para darle la mayor transparencia al debate electoral. SEMANA: Jairo Angarita y Giovanni Marín fueron jefes paramilitares y hoy son candidatos. ¿No cometieron crímenes atroces? L.C.R.: Las autoridades judiciales son las que tienen que determinar quiénes tienen que responder por delitos no indultables. En principio, aquellos que no tengan requerimientos, tienen vigentes sus derechos políticos, lo cual no quiere decir que el día de mañana no sean requeridos. SEMANA: Sí, pero la Fiscalía sigue esperando que usted entregue la lista de los paras que se acogerán a la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo va eso? L.C.R.: En este momento no tenemos una lista conformada. A mi juicio, la Ley se debe aplicar a todos los desmovilizados, cuyos datos están en manos de la Fiscalía. Yo he defendido dentro del gobierno que para acogerse a la Ley de Justicia y Paz el grupo debe haberse desmovilizado completamente. Ese es el primer criterio de elegibilidad. Y una de las razones para que las desmovilizaciones no se suspendan indefinidamente porque entramos en un limbo jurídico. Los que se han desmovilizado no podrían beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz porque no cumplen el requisito central. SEMANA: Todos los días se informa sobre nuevos laboratorios de coca, cargamentos, o grupos armados que se les atribuyen a 'Macaco', a 'Don Berna'. ¿Por qué el gobierno no los ha extraditado? L.C.R.: Hay que diferenciar la voluntad política de las decisiones judiciales. Nunca hemos detenido una investigación judicial. El país debería reconocer que es el gobierno el que captura y le entrega a la opinión pública información sobre personas que siguen delinquiendo y siguen vinculadas a las AUC. Y esas pruebas se les entregan a la Fiscalía y los jueces y serán ellos los que definan, por ejemplo, si un delito de narcotráfico o de otro tipo puede ser cobijado por la Ley de Justicia y Paz. SEMANA: ¿En qué va la reglamentación de la Ley? L.C.R.: Hay un borrador bastante adelantado del decreto. Se precisa por ejemplo que serán los jueces y no el gobierno los que dirán quiénes son elegibles para beneficiarse de la Ley. También se establece con claridad que la reparación corre a cargo del victimario. Pero, en general, no habrá grandes sorpresas. SEMANA: José Miguel Vivanco propuso que los fiscales no les imputen a los paramilitares los cargos por los que son solicitados en extradición. ¿Qué opinión tiene el gobierno al respecto? L.C.R.: Es imposible que se le pida a una autoridad judicial colombiana que se abstenga de investigar determinado delito. La extradición es una decisión política que toma el Presidente. Él puede suspender la extradición de algunos miembros de las autodefensas siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Eso es diferente a que las autoridades judiciales se inhiban de entrada a actuar sobre ellos. SEMANA: ¿El juez Baltasar Garzón revisará la reglamentación de la Ley? L.C.R.: Desde su visita a España, el Presidente le pidió al juez Baltasar Garzón que le hiciera un comentario sobre el decreto, pero no sé en qué va ese trámite. SEMANA: El Bloque Central Bolívar (BCB) es uno de los grupos más involucrados en narcotráfico, ¿es por eso que la extradición inquieta tanto a 'Ernesto Báez'? L.C.R.: La extradición inquieta a todos los ilegales. El único punto de convergencia de los grupos ilegales en Colombia es oponerse a la extradición y en eso los acompañan ciertos sectores de la izquierda democrática. Todas las estructuras de autodefensa y las Farc están comprometidas con el narcotráfico y se apoyan en estructuras mafiosas. El gobierno no va a modificar la figura de la extradición. Ese no es tema de la mesa ni es excusa para parar la desmovilización. SEMANA: Ese es el nudo del proceso y nadie se desmoviliza para que lo extraditen... L.C.R.: No podemos negar que eso les produce temor. Ellos tienen la idea de que una vez entren a las cárceles, este u otro gobierno los va a extraditar si hay presión de Estados Unidos. Como siquiatra entiendo sus temores. Como funcionario debo decirles que el gobierno ha ido muy lejos. El hecho de haber suspendido estas dos extradiciones ha implicado un alto costo político. Haber suspendido la extradición de 'Don Berna' fue una decisión muy firme del Presidente, pero mal vista a nivel internacional y de Estados Unidos. Aun así, hemos puesto en primer lugar los intereses de la paz del país. Simultáneamente, para que haya credibilidad, el señor 'Berna' debe estar en una institución carcelaria seria. Todo el mundo sabe que esa decisión generó la crisis del proceso, pero el gobierno en eso es firme. Podemos buscar alternativas para solucionar las crisis, pero en el tema de la extradición no habrá modificación. SEMANA: El gobierno fue demasiado generoso al aceptar a tantos narcos en la mesa. Las AUC no han sido recíprocas con esta generosidad... L.C.R.: Más que generoso, pragmático. El primer día que yo me senté en la mesa, ahí estaban los señores Diego Murillo, Víctor Mejía, 'Gordolindo' y 'Macaco'. Según todos los informes de inteligencia, decían que ellos eran jefes de estructuras armadas. Hemos hablado con los jefes de autodefensa que encontramos, pero no vamos a permitir que aparezcan nuevos jefes ni nuevas estructuras. Tampoco habrá más diálogos ni negociaciones con nuevos grupos de autodefensa, como esas supuestas autodefensas del norte del Valle que nosotros no reconocemos ni reconoceremos jamás. SEMANA: Es evidente que varios grupos mafiosos quieren colarse en el proceso... L.C.R.: Ellos pueden tener las intenciones que quieran, pero el pragmatismo no puede llegar hasta generar esas ambigüedades. También nosotros hemos sido claros, aquellos que tengan responsabilidad por delito de narcotráfico y que hayan estado dedicados al enriquecimiento ilícito, antes, en, o después del proceso, tendrán que responder por esos delitos. No veo dónde está el problema. Si mañana el señor Mellizo Mejía entrega toda su estructura armada, se pone a disposición de la Ley de Justicia y Paz, entrega todos sus bienes ilícitos, él ante los tribunales tendrá que responder por todos los delitos cometidos y serán esos tribunales los que definan si ese señor realmente era un jefe de autodefensas o si tiene unos delitos de narcotráfico por los cuales debe responder de manera autónoma. Esa ya es una ganancia neta para el gobierno. SEMANA: ¿Y la captura del capo Johnny Cano en una finca de 'Macaco'? L.C.R.: Si el señor Johnny Cano tenía alguna relación con algún jefe de autodefensa, lo deben probar las autoridades judiciales y nosotros no interferimos en nada. SEMANA: Hay mandos medios que no se han desmovilizado. ¿Son ruedas sueltas? L.C.R.: Nosotros no tenemos información de nuevas estructuras. Hay redes delincuenciales pero eso es normal en todo proceso. Hace poco salió una noticia sobre el Bloque Capital que quería desmovilizarse. Pero yo no conozco al Bloque Capital. Entiendo que todos fueron capturados y están en la cárcel. ¿Qué quedó en Bogotá? Parte de una red mafiosa y sicarial. En la mesa de Ralito no hay ninguna estructura de autodefensas que opere en Bogotá. No contribuyamos a la confusión. No llamemos por ejemplo autodefensa a ese grupo de narcotráfico que está actuando en el cañón del Garrapatas. SEMANA: Pero en todas partes están apareciendo estos grupos... L.C.R.: Claro. Miremos el caso de Tierralta. Una vez desmovilizadas las autodefensas, que tenían el monopolio sobre la comercialización de la droga en la zona, quedó un libre mercado que están tratando de ganarse las Farc y los narcotraficantes. En el Catatumbo, al otro día que salieron las autodefensas, llegaron las Farc y dieron la orden de que todo el mundo sembrara coca. Allá también están las famosas 'Águilas', que son un grupo que actúa por la zona de Puerto Santander, dedicado al narcotráfico y a corrupción pública. Además, tienen un corredor para la droga, seguramente concertado con las Farc porque hasta ahora no han tenido ningún enfrentamiento con ellos. En Urabá también existe el riesgo de que actúen redes mafiosas. Son realidades que debemos reconocer porque con la desmovilización de las AUC no se va a acabar el narcotráfico. SEMANA: ¿Con qué criterio decidió que 38 guerrilleros fueran los primeros beneficiados con la Ley de Justicia y Paz? L.C.R.: Los mayores interesados en recibir los beneficios de la Ley de Justicia y Paz son los guerrilleros que están en las cárceles. Tenemos una avalancha de 1.500 solicitudes individuales. Las cartas que nos escriben dicen que quieren reparar a las víctimas, que el Estado les dé una oportunidad, y un canal institucional para reencontrarse con sus familias y la sociedad. Sin embargo, como no teníamos claro cómo se podía aplicar a estas personas la Ley de Justicia y Paz, decidimos esperar. Pero ocurrió que este grupo que estaba en Cómbita empezó a alegar problemas de seguridad y un senador muy locuaz quería salir a contar a los medios con este problema. Entonces el Presidente me pidió que me encargara del asunto. Como no podíamos hacerlo clandestinamente porque generaba más sospechas, entonces opté por mostrar lo que había: 38 personas que dicen ser de las Farc para explorar la aplicación de la Ley. Revisando expedientes nos dimos cuenta de que seis de ellos no tenían registrada su pertenencia a ningún grupo ilegal. Con los otros 32 empezamos a explorar el proceso de aplicación de la Ley. Pero no hay claridad. Hay varias interpretaciones sobre la Ley. SEMANA: ¿Aplicarle la Ley a gente que ha sido capturada no es un mal mensaje? L.C.R.: Hay que entender una realidad sociológica: hay cientos de hombres en las cárceles que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que están dispuestos a colaborar con la justicia y quieren reparar. Creo que debemos ofrecerles un camino. Deberíamos aprender de la justicia americana que sabe que se pueden conceder beneficios cuando el bien común es resarcido. Así como ellos hay cientos de jefes guerrilleros que no quieren hacer parte del canje. No sabemos si la Ley de Justicia y Paz es el instrumento claro e idóneo. Esta es la escueta verdad. SEMANA: ¿Hay divisiones dentro de las autodefensas? L.C.R.: El gran drama de este proceso es que las AUC no son un aparato unificado. Me ha tocado vivir todo el tiempo en medio de choques e intereses contrapuestos que hay en el interior de las autodefensas. En medio de todas estas contradicciones y dificultades le hemos podido fijar un norte. Hay mucha complejidad. Mandos medios con gran poder y que no están convencidos del proceso. Días antes de que se produjera la crisis de 'Don Berna', habíamos logrado lo imposible: que se firmara un acuerdo de desmovilización con fechas. El encarcelamiento de 'Don Berna' da la excusa para que muchos que tenían temores los reafirmen. Ellos creen que esto es una encerrona del gobierno. Que nosotros los estamos llevando a un matadero. Que una vez estén en la cárcel, no van a volver a salir de allí. Tratar con hombres asustados, desconfiados, que además tienen un poder local grande, no es fácil. SEMANA: ¿Está rota la confianza? L.C.R.: El proceso de desmovilización es una combinación de coacción y persuasión. Pero a mí me corresponde la persuasión. Por otro lado, la sociedad tiene que empezar a darle confianza al proceso. Pero si todavía hay gente apostándole a que la Ley la tumbe la Corte Constitucional, es muy difícil generarles una confianza a estos señores. Si ellos sienten que les van a hacer conejo, dicen de aquí no me muevo. SEMANA: En privado, los jefes de las autodefensas dicen que si no se les cumplen, no le ponen votos a la reelección. ¿Le preocupa eso al gobierno? L.C.R.: En eso de la reelección ha habido mucha especulación y fantasía. Yo estuve reunido con las autodefensas el día después de que la Corte Constitucional emitiera el fallo sobre la reelección. No dijeron ni una sola palabra sobre el tema. Las cosas se han visto de manera simplista. El señor 'Báez' dijo algo que el país debe mirar con atención. Que de pronto el candidato es Álvaro Leyva. Yo he sabido de reuniones de Leyva con las autodefensas en las que éste les dice que Uribe ya está quemado y que él sí tiene puentes con las Farc y Estados Unidos para sacar adelante las cosas. Entonces de pronto los intereses electorales de las autodefensas vayan por otro lado. Creo que a ellos al principio les dio confianza la posición de autoridad de Álvaro Uribe y su decisión de enfrentar la guerrilla, pero en el camino les ha producido gran molestia ver cómo el gobierno los ataca militarmente. Tampoco les gustan las condiciones de la mesa de diálogo: que la extradición la defina el Presidente y que la Ley de Justicia y Paz, la definiera el Congreso. La sociedad puso las reglas del juego. SEMANA: En estos días el tono de 'Báez' ha sido muy fuerte. ¿Es una bravuconada? L.C.R.: La gente se descompensa con el tono de 'Báez'. A todo el mundo hay que escucharlo y a 'Báez' hay que escucharlo. No quiero decir que esté de acuerdo con él. El cuento de la posible unión con la guerrilla no es nuevo. Yo lo escuché por primera vez en 2003, en una reunión con las AUC. Y me lo dijeron con claridad: si este proceso fracasa, las autodefensas se van a convertir en una organización armada antiestatal. Y me lo han dicho los jefes de autodefensas desmovilizados en esta crisis: Comisionado, si esto fracasa, aquí va a aparecer una cosa muy rara, que no sabemos si es guerrilla o autodefensa. Cuando a finales del año pasado el cartel del norte del Valle nos hizo llegar su propuesta de negociación, lo primero que nos dijeron fue: recuerden que nosotros les comercializamos la droga a las Farc. En el Llano uno se da cuenta de que las mismas mafias le comercializan la droga a las guerrilla y a las autodefensas. Al señor Miguel Arroyave lo mataron al parecer justamente por eso. Porque quería quedarse con todo el negocio de la droga, y las mafias querían comercializar no sólo con las autodefensas. La posibilidad de que en el camino las organizaciones armadas ilegales se articulen por la vía de los hechos con organizaciones mafiosas no es una suposición, sino una realidad. SEMANA: De ahí a una unidad política entre derecha e izquierda hay mucho trecho... L.C.R.: Desde el año pasado las autodefensas empezaron a coquetearle a la izquierda. A Ralito fueron congresistas de izquierda que están en contra de la extradición y esos congresistas presentaron a finales del año pasado una propuesta para que se pudiera avanzar en el proceso, suspendiendo la extradición. No olvide tampoco que la estructura de 'Don Berna' en Medellín es una copia del trabajo de masas del ELN. Y que 'el Alemán' por ejemplo, está en una gran pelea con los propietarios de tierra de Urabá porque dice tienen que entregarles los terrenos a los campesinos. Dice que busca una revolución social. No podemos negar que 'Báez' tiene razón cuando dice que si esto se revierte, puede derivar hacia una cosa rarísima. Ellos han pensado alternativas si esto se rompe. Incluso en alianzas con países vecinos. Ese tipo de cosas yo las he escuchado y me he dado cuenta de que han caminado en ese sentido. Eso muestra la complejidad de la realidad colombiana por un asunto que se llama narcotráfico. SEMANA: ¿Siguen los acercamientos con los carteles del norte del Valle? L.C.R.: El grupo del señor Diego Montoya y Johnny Cano le hizo una propuesta al gobierno a finales del año pasado y comienzos de este. La propuesta consistía en que ellos entregaban sus redes, sus rutas, sus hombres armados, algunos de sus bienes, pues pedían que se les dejara una parte para seguir sobreviviendo. Y que estaban dispuestos a pagar una pena aquí en Colombia o en Estados Unidos, pero no en las dos partes simultáneamente. Pedían además que esa pena fuera negociada de manera previa, un tiempo definido, y que se estableciera una mesa de negociación con extraditables, algunos de los cuales ya estaban en las cárceles. Y que mientras se adelantaban las negociaciones se suspendieran las extradiciones. Tanto el gobierno colombiano como el de Estados Unidos consideraron que eso no era viable. Nosotros no podemos hacer ese tipo de negociaciones. No podemos comprometernos de entrada en una mesa a fijar una pena privativa de la libertad. Tampoco asegurar que no sean requeridos por la justicia de Estados Unidos. Y políticamente no hay condiciones para una negociación de ese tipo. SEMANA: ¿Siguen los contactos con ellos? L.C.R.: La propuesta del año pasado llegó a través del senador Luis Élmer Arenas. Mandaron dos cartas, que las conocieron el presidente Uribe y el gobierno de Estados Unidos. Cumpliendo instrucciones del Presidente colombiano, se les dijo que estaban abiertas las puertas para un sometimiento a la justicia. Las cartas estaban firmadas por Montoya y Cano, con sus huellas. Pero la información era que otros jefes, incluido el señor Varela, entrarían al proceso. SEMANA: ¿Habrá intercambio humanitario? L.C.R.: El gran problema del intercambio humanitario es la falta de unidad de acción entre los que estamos interesados en él desde la legalidad. Es una locura que haya facilitadores que actúen con las Farc y el gobierno no lo sepa. Llevamos tres años de gobierno, y las Farc se han negado sistemáticamente a tener un canal de comunicación con nosotros. Porque les resulta más rentable un canal paralelo. Con los ex presidentes, con la Iglesia, con la comunidad internacional. La falta de unidad nuestra es utilizada por las Farc para ganar espacios políticos. SEMANA: ¿La reelección dificulta más el acuerdo? L.C.R.: El asunto de la reelección no es determinante. Con las Farc las dos cosas se unen si dejamos que se unan. Ellos quieren hacerle pagar un costo al Presidente y mostrar que con Uribe no es posible el acuerdo humanitario. Todo para favorecer a un candidato que puede ser de su cercanía. El país no puede caer en ese juego. Tenemos que separar lo electoral del acuerdo humanitario. SEMANA: ¿Se refiere a Álvaro Leyva? L.C.R.: Al doctor Álvaro Leyva le he dicho varias veces que por favor me ayude a establecer un puente con las Farc. ¿Sabe qué me responde? Que él no es razonero. O que de pronto eso es posible si Uribe cambia la política de seguridad democrática. Eso es como si yo le pidiera a 'Marulanda' que cambiara la estructura de las Farc. Sabemos que el señor Leyva se reúne con las Farc. ¿Qué va a hablar con ellos si las mismas Farc dicen que el acuerdo humanitario se debe hacer con el gobierno SEMANA: ¿Hay comunicación con el Comando Central del ELN? L.C.R.: No. Este proceso de la casa de paz responde a una sintonía forzada entre el gobierno y el ELN. El gobierno propone un acercamiento en el exterior con garante internacional, el Coce responde con cinco obstáculos que tiene que consultar con la sociedad civil. Es decir, el agua y el aceite. Nos preocupa que el ELN esté interesado en ganar espacios políticos nacionales e internacionales sin un compromiso de abandonar la violencia. Y que durante el tiempo que ha durado la casa de paz, el ELN haya reactivado sus acciones contra la Fuerza Pública. El ELN debería aprovechar la disposición de sectores nacionales e internacionales de acompañar este proceso. Algo con lo que no cuentan ni siquiera las Farc. Ojalá vean esta oportunidad con claridad.

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