Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2004/08/22 00:00

Una movida audaz

Detrás de la propuesta del gobierno de liberar 50 guerrilleros de las Farc a cambio de todos los secuestrados políticos hay una larga historia de negociaciones secretas que el país desconocía.

Sólo ahora el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, reveló la propuesta del gobierno

Esa tarde del miércoles 18 de agosto, los familiares de los secuestrados no podían creer lo que estaban viendo por televisión. En un comunicado escueto, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, anunciaba desde el Palacio de Nariño que el gobierno estaba dispuesto a dejar salir de las cárceles a 50 guerrilleros procesados o condenados por rebelión a cambio de que las Farc liberaran a todos los secuestrados por razones políticas. Después de años de brega para lograr que el gobierno accediera a dar este paso que les podía traer de vuelta a sus casas a sus seres queridos, por fin se abría una luz de esperanza.

La pragmática propuesta tenía una condición: que los guerrilleros sólo podrían salir o bien al extranjero o bien a incorporarse al programa de reinserción del gobierno. Pero, a la vez anunciaba que la Iglesia Católica, los gobiernos de Suiza y Francia y la Cruz Roja Internacional darían su apoyo a la liberación simultánea de presos y secuestrados.

No sólo las familias de los secuestrados recibieron la noticia con ilusión. En general la opinión nacional la aplaudió. Cuando menos se esperaba, Álvaro Uribe, el presidente que ha luchado con mano dura para arrebatarles el poder territorial a las Farc, estaba ofreciendo un gesto unilateral de paz.

¿Cómo llegó el gobierno a esta propuesta audaz? ¿Qué implicaciones tiene para la política de seguridad democrática? ¿Cuál puede ser la respuesta de las Farc? ¿Puede ser esto el primer paso hacia el inicio de conversaciones de paz entre el gobierno de Uribe y este grupo guerrillero? Estos son algunos de los interrogantes que surgen luego de la decisión del gobierno.

Los canales secretos

Para la mayoría de los colombianos la decisión del gobierno cayó de sopetón. El presidente Uribe había dicho una y otra vez que, si bien el dolor de las familias lo desgarraba, no le era posible aceptar un acuerdo humanitario. Tan sólo en abril pasado había dicho en Neiva: "¡Hombre!, yo tengo limitaciones queridos amigos". Y explicó que cualquier acuerdo humanitario no puede violar la Constitución, no puede convertirse en un incentivo para que sigan secuestrando y no puede decirles a los guerrilleros que ellos son una fuerza igualmente legitima que el Ejército y la Policía. "Cuando yo veo la gran cantidad de soldados y policías mutilados haciendo ese enorme sacrificio por devolverles la paz a los colombianos me pregunto: ¿y el premio que les vamos a dar es liberar a los terroristas de las cárceles para que sigan martirizando a nuestros soldados y policías? Yo no lo puedo hacer", concluyó en ese discurso.

Sin embargo, la postura pública del Presidente contenía un mensaje más sutil: que se estaba explorando el camino que condujera a la liberación de los secuestrados, pero con condiciones. Eso es precisamente lo que ha venido haciendo el gobierno desde septiembre de 2002. En secreto, desde que llegó el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, el gobierno comenzó a buscar maneras para abrir canales de diálogo con este grupo guerrillero.

El fin del proceso de paz con las Farc en febrero de 2002 llevó a que el gobierno de Andrés Pastrana rompiera todos los contactos con esta organización. Por eso el gobierno actual empezó a armar de cero los lazos de comunicación con este grupo. Y es que a pesar de que el presidente Uribe ganó las elecciones con un discurso de mano dura, nunca cerró las posibilidades de reestablecer el diálogo. De hecho, en su programa de gobierno no descartaba procesos de paz en los que debería intervenir la ONU.

En julio de 2002, las Farc enviaron una carta al secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidiéndole un encuentro para presentar sus puntos de vista frente al conflicto colombiano. En ese momento, Brasil -en cabeza de su presidente, Luis Inacio Lula- ofreció su mediación y su territorio para realizar la reunión. Dos meses después se efectuaron tres encuentros clave que avanzaron la propuesta brasileña. El primero, en Cartagena, donde Lula le reiteró a Uribe su ofrecimiento; el segundo, en Bogotá, donde el asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García se reunió con familiares de secuestrados y el tercero, cuando el canciller Celso Amorim se encontró con James Lemoyne, enviado especial de la ONU para tal fin. De estas reuniones surgió la posibilidad, avalada por el gobierno colombiano, de que Lemoyne y un jefe de las Farc, Raúl Reyes, se citaran en Brasil para construir una agenda de negociación.

En julio de 2003, todo parecía listo para el encuentro entre la ONU y las Farc. No obstante, la reunión se frustró, pues la noticia se filtró en Brasil. Reyes decidió no asistir porque aseguró que no tenía condiciones de seguridad para viajar a ese país, debido a la presión militar del Plan Patriota.

Durante ese año, mientras avanzaba la posibilidad de la cita en Brasil, el gobierno autorizó a varios emisarios nacionales y extranjeros que intentaran contactos con las Farc para impulsar el acuerdo.

Que el gobierno estaba dispuesto a la negociación para un acuerdo humanitario se supo cuando el canciller francés Dominique de Villepin anunció, durante su visita a Bogotá en noviembre de 2002, que "el presidente Uribe me ha expresado muy fuertemente su voluntad de llevar a cabo un acuerdo humanitario. Él manifestó una gran apertura al respecto". De alguna manera, las palabras de Villepin anunciaban la que iba a ser la posición oficial francesa de recibir a guerrilleros que fueran liberados por el gobierno colombiano en ese país.

Quizás, entre los facilitadores, quienes más persistieron en su empeño fueron los voceros de la Iglesia Católica. Los prelados Darío Echeverri y monseñor Luis Augusto Castro se reunieron al menos dos veces con voceros de las Farc, una en octubre y otra en diciembre de 2003. Al finalizar el año, algunos familiares de los secuestrados trajeron el mensaje de las Farc al gobierno de que éstas aceptarían una comisión facilitadora integrada por los mencionados prelados y por Angelino Garzón, hoy gobernador del Valle del Cauca. El gobierno aceptó y se inició así otro canal de conversaciones. A esta comisión facilitadora luego se sumaron otras personalidades.

Dos meses después, en febrero, la opinión pública supo que se estaba llevando una negociación porque el diario francés Liberation filtró el borrador de un acuerdo humanitario entre las partes. Luego se supo que este borrador era el quinto producido por la Comisión como resultado de su mediación. Según el diario El Tiempo del 24 de febrero, "el texto contiene afirmaciones como que la guerrilla habría aceptado que los beneficiados del acuerdo firmaran al salir de la cárcel un acta de compromiso para dejar de delinquir y también habría desistido de zonas desmilitarizadas".

La filtración enfrió estas comunicaciones. Pero también lo hizo la intensificación de la campaña militar en Caquetá, que según las Farc dificultó que hubiera otros encuentros entre comisión y guerrilla.

Embolatadas las conversaciones con los mediadores de la Iglesia, el gobierno intentó otros canales. Así fue como se llegó al mensajero del gobierno suizo. Por esa vía fueron y vinieron las propuestas y contrapropuestas (muchas de las cuales ya habían sido incluidas en los borradores logrados con los facilitadores anteriores).

Mientras tanto, la presión de los familiares de los secuestrados aumentaba, con cada vez mayor respaldo. Además del apoyo de varios congresistas colombianos, en especial de José Renán Trujillo, de los gobernadores y de varias figuras políticas internacionales, consiguieron que dos ex presidentes liberales, Alfonso López Michelsen y Ernesto Samper Pizano, se volvieran sus más decididos aliados. El primero, en diversas columnas y participaciones en foros públicos, ha insistido en la necesidad de encontrar salidas para lograr la liberación de los secuestrados por razones humanitarias. Precisamente en una columna del domingo antes de que se conociera la propuesta del gobierno, el ex presidente propuso acudir a la figura de la Comisión de Encuesta, como una posible solución legal al tema. Este tribunal, creado para ayudar en conflictos internacionales, diagnostica las violaciones al DIH y ayuda a mejorar el clima de relación entre las partes. Samper, por su parte, recomendó al Partido Liberal "por razones políticas, históricas y humanitarias el apoyo y promoción del Acuerdo Humanitario".

Además de este creciente clamor nacional, el nuevo canal de conversaciones a través del mediador suizo empezó a dar resultados positivos. Según pudo establecer SEMANA, las Farc llegaron a ceder en temas tan claves como no exigir la salida de todos los guerrilleros presos. Esto llevó al gobierno a enviarles a las Farc una propuesta concreta el pasado 23 de julio.

Con una carta destapada sobre la mesa de este delicado juego de póquer, el asunto comenzó a saberse. Incluso esta misma revista publicó hace dos semanas la inminencia de la propuesta. Ante el temor de que se filtrara, y luego de que la esposa de uno de los diputados del Valle del Cauca secuestrados divulgó su existencia a los medios, el Alto Comisionado resolvió hacerla pública el miércoles pasado.

¿Por qué divulgarla?

Algunos analistas consideran que el gobierno se equivocó al publicar su iniciativa. "Eso hace su propuesta inflexible", dijo un observador del proceso. Explicó además que golpea la endeble confianza que se estaba creando entre las partes, pues los réditos los cobra sólo el gobierno.

"No deja espacio para negociar, es un mensaje de tómelo o déjelo, coincidió Carlos Lozano, director del semanario de izquierda Voz. Además, el gobierno rompió la confidencialidad que tanto había defendido".

¿Por qué se arriesgó entonces el gobierno a destapar su carta? Hay una poderosa razón que se deduce del curso que habían tomado los anteriores intentos de conversación frustrados a última hora, y es que el gobierno quería amarrar el avance logrado con las Farc haciéndolo público.

Para las Farc, la liberación de los secuestrados políticos no se reduce a un asunto de sacar a sus guerrilleros de la cárcel. Los secuestrados son su más valiosa arma política y harán todo lo posible para obtener de ellos el mayor provecho. De ahí que hayan atado la posibilidad del acuerdo humanitario a temas como la necesidad de un despeje militar, o de que se les reconozca como un actor político legítimo. Pero además, las Farc han querido sacarle jugo a su 'botín' humano para obtener ventajas militares. Por eso su queja de que la operación Plan Patriota hace imposible su seguridad para continuar los diálogos, con un mensaje tácito de que el acuerdo humanitario avanzaría más rápido si baja la presión militar. De ahí que es probable que el gobierno no quisiera continuar con el diálogo secreto para evitar que nuevamente las Farc volvieran a condicionarlo a una decisión militar.

Hay otra razón que también debió tener peso en la decisión de divulgar la propuesta. El gobierno estaba cansado de "ser el malo de la película", como lo dijo un analista. Ante los ojos de la gente, el gobierno parecía insensible al sufrimiento de los secuestrados y de sus familias, parecía terco e inhumano. Sin embargo estas acusaciones eran injustas, no sólo porque la responsabilidad de los secuestros es de las Farc, sino también porque en realidad sí venía trabajando en una negociación para liberar a los secuestrados.

Por último, no han faltado quienes hayan relacionado la movida con el afán del gobierno de buscar más popularidad cuando todavía faltan tres debates para que la reelección sea aprobada. Y citan la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, a la que se refirieron los ex presidentes, según la cual el acuerdo humanitario es más popular que la misma reelección. No obstante, no resulta lógico que el Presidente lance una propuesta tan audaz con el único propósito de que quizás eso le aumente en cuatro o cinco puntos su ya altísima popularidad.

De todos modos, no se puede perder de vista que para Uribe la reelección sí juega un papel importante en su meta principal de sostener el pulso militar para llevar a las Farc a una mesa de negociación en unas condiciones más favorables para el Estado.

¿Qué implica la propuesta?

A primera vista, pareciera que con esta propuesta de liberación simultánea de presos y secuestrados por razones humanitarias, el gobierno ha dado un giro radical en el tema. La verdad es que no ha sido así.

La impotencia de no poder dar respuesta a la angustia de los familiares de los secuestrados, la creciente presión política y el propio toma y daca de las conversaciones clandestinas con las Farc fueron cambiando gradualmente la posición del Presidente durante los dos años. En un principio su postura había sido radical: no habría acuerdo humanitario sin cese de hostilidades unilateral de la guerrilla y una iniciación del diálogo; todos los guerrilleros saldrían de las cárceles para el extranjero, y sólo se aceptaría la liberación de todos los secuestrados, fueran políticos o económicos. Muy pronto, en septiembre de 2002, cuando se encontró con Koffi Annan en la sede de la ONU en Nueva York, cedió en el primer punto: se podían iniciar contactos sin cese de hostilidades previo. Luego se supo que había cedido en que los guerrilleros no tenían obligatoriamente que salir del país y podían quedarse en Colombia, siempre y cuando no regresaran a las filas guerrilleras. Con la última propuesta hay en realidad sólo una nueva concesión: que no tienen que salir todos los secuestrados, sino sólo los políticos, y los militares y policías.

Hay además, por supuesto, un intento audaz de romper el círculo vicioso de la desconfianza, al proponer que el gobierno primero libera los guerrilleros presos, y sólo después espera que las Farc cumplan su parte. De esta manera el gobierno reafirma la naturaleza puramente política del acuerdo. Tal y como lo propone el Comisionado no es un trato legal, con el Derecho Internacional Humanitario como marco. Un acuerdo humanitario en este sentido obligaría a las partes a hablar de todas las violaciones al DIH, que en el caso de las Farc van mucho más allá del secuestro de civiles. Este sería un pacto político en el que el gobierno hace uso de las facultades que le da la ley para indultar el delito de rebelión.

Ahora bien, el gobierno ha sido muy cuidadoso de no entrar en contradicción con la política de seguridad democrática. Esto es que el acuerdo no puede conducir a estimular el secuestro y dañar la moral de los soldados, permitiendo que los guerrilleros liberados ingresen de nuevo a las filas; que no implique despejes o concesiones militares de ninguna índole y que no signifique violar la ley colombiana e internacional al indultar delitos de lesa humanidad. En este sentido la propuesta es coherente con los múltiples discursos de Uribe.

Por eso, cuando el propio Presidente les explicó a las Fuerzas Armadas su decisión el pasado jueves les dijo que "si bien había un sí para un acuerdo con condiciones, los operativos militares continuarán en todo el país. Reconoció que la firmeza de la política de seguridad no se puede confundir con terquedad", y de ahí la decisión de ser flexible, sin afectar lo fundamental.

Pero estos mismos límites que le ha puesto el gobierno a su propuesta son los que pueden llevar a las Farc a responderla negativamente. Hay una alta probabilidad de que como reacción a la jugada del comisionado Restrepo, las Farc endurezcan su posición y se echen para atrás en puntos que en secreto habían estado dispuestos a ceder. Así mismo se ha dicho que, al no incluir a ninguno de los presos con jerarquía, como 'Simón Trinidad' o 'Sonia', para las Farc la propuesta resulte poco atractiva.

"No van a aceptar la propuesta del gobierno", vaticinó una fuente del Caquetá que tuvo contacto con ellos. Si esto sucede, las que llevan las de perder políticamente hablando son las Farc. El gobierno queda como el generoso que estuvo dispuesto a poner la cara por los secuestrados, y la guerrilla una vez más lo abofeteó.

Pero también hay posibilidades intermedias. Las Farc pueden proponer que sí liberan secuestrados políticos pero no a todos. Y entonces ahí la balanza de la opinión se movería hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de quién se trate. ¿Qué pasaría si las Farc resuelven liberar sólo a Ingrid? ¿Podría el gobierno negarse? Es decir, según como reaccionen, las Farc también pueden devolverle la pelota al gobierno.

Lo que es necesario no perder de vista es que siempre siguen allí los canales subterráneos de negociación. Los familiares, la Iglesia, el gobierno de Brasil en cabeza del propio Lula, otros gobiernos extranjeros y la ONU seguirán buscando una salida que ponga por fin de acuerdo a las partes.

Por último, tampoco hay que olvidar que lo que está en juego aquí va más allá de la liberación y el fin del sufrimiento de algunos secuestrados. En el fondo lo que esta propuesta representa es un primer paso en el largo camino de buscar una negociación con las Farc que realmente conduzca a la paz. Por eso es probable que este contexto no esté excluido de estas últimas conversaciones como se cree. Y también en el telón de fondo está la exigencia que hace rato les viene haciendo la sociedad colombiana a las Farc de que cesen de atropellar a los civiles, empezando por la utilización sin escrúpulos de valiosas vidas humanas, como carne de cañón para avanzar en sus propósitos.

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