Este viernes se inicial el paro de unos 3.000 empleados de la Registraduría Nacional que decidieron suspender sus actividades después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que no pagará en los próximos comicios la bonificación que se les entregaba a los funcionarios habitualmente tras las jornadas electorales.
El próximo 26 de octubre serán las consultas internas de los partidos políticos de La U, Conservador y Polo Democrático y los funcionarios esperaban recibir la bonificación que solían recibir desde 1986.
Pero por tratarse de una consulta interna y no de una elección de mandatarios o legisladores, el Ministerio de Hacienda no girará los 6.648 millones de pesos que cuestan las bonificaciones.
Los funcionarios de la Registraduría han venido pidiendo una revisión de sus salarios, que consideran están un 42 por ciento por debajo de los demás empleados públicos. Han pedido una nivelación, que podría costar 29 mil millones de pesos y la incorporación en la carrera administrativa de unos 3.600 funcionarios que la viene pidiendo desde hace cinco años.
Frente al paro que se inicia, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, dijo que no se suspenderán las consultas, pero sí habrá traumatismos en los procesos de identificación como consecuencia del paro de los funcionarios.
Paro tras paro
Pero ellos no son los únicos que se manifiestan. A las protestas que vienen haciendo desde hace un mes los corteros de caña, los indígenas desde hace una semana y las que recién terminó de funcionarios de la rama judicial, se suman un paro de los funcionarios de la Dian en Bogotá porque no les han cumplido con una nivelación salarial que les habían prometido.
Fuera de ellos, unos 280 educadores oficiales que suspenderán sus actividades el próximo 23 de octubre. La razón que más impulsan a los maestros a suspender sus actividades es la demora de el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio en consignar más de 170 mil millones de pesos para pagar 9 mil solicitudes de cesantías que han solicitado los docentes.
Pero si en el magisterio llueve, en la Superintendencia de Notariado y Registro no escampa. Allí han anunciado la suspensión de sus labores 2.600 funcionarios en todo el país porque no cuentan con implementos para trabajar y por considerar que ganan menos sueldo que los empleados de las demás superintendencias.
Finalmente, los transportadores de carga dejarán apagados sus camiones por considerar que el gobierno no ha cumplido con los compromisos que adquirió el pasado 16 de junio, luego de una huelga de los conductores.
En ese momento, se levantó la manifestación porque el gobierno se comprometió a destinar recursos para la renovación de los camiones viejos de manera que salgan de circulación. Se los iban a comprar a sus dueños por el valor que tuvieran en el momento.
“El Ministro de Hacienda va a dedicar a eso el dinero que el Gobierno ha recaudado, pagado por las pólizas de los importadores de vehículos. Los importadores de vehículos han pagado unas pólizas, ese dinero entra al Gobierno y con ese dinero tenemos que empezar a comprar los vehículos viejos, obsoletos”, indicó Uribe en su momento.
Sobre los fletes, se definió que se haría cumplir la tabla de tarifas establecidas y que el camionero que cobre más o menos de lo estimado en ella, sería sancionado.
Finalmente, se estableció que quien vaya a matricular un camión nuevo, que haya importado, debería suscribir una póliza por 35 millones de pesos si es simple, por 50 millones si es doble troque, y por 70 millones, si es tractocamión.
Adicional a esto, Bancoldex le solicitaría a todas las compañías de financiamiento y a todos los bancos, especialmente a los que les han entregado vehículos en leasing, que les aumenten los plazos y les rebajen las tasas de interés.
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