Según cifras del Gobierno colombiano, en el país han sido desplazadas forzosamente 1,6 millones de mujeres como consecuencia del conflicto armado. Muchas de ellas han dejado sus casas y sus pertenencias para evitar ser reclutadas por grupos armados o para que sus hijos no sean obligados a ingresar a las filas.
En el Día de la Mujer, la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado para que en el país se respeten los derechos humanos de todas las mujeres, pero especialmente de éstas, cuyos derechos fundamentales han sido brutalmente burlados.
De acuerdo con analistas y activistas que siguen de cerca esta situación, el tamaño del problema amerita un programa especial de gobierno. Pero en un sondeo que hizo esta mañana Caracol Radio sobre los programas de los candidatos a favor de las mujeres, ninguno se ocupó de hacer una mención especial a las que son víctimas del conflicto.
Ellos se concentraron sobre todo en otros problemas generales, que también describió la ONU en su comunicado. “Las mujeres colombianas no sólo se ven afectadas por la violencia asociada a la situación interna de seguridad o al desplazamiento forzado. En todo el país, las mujeres se enfrentan diariamente toda clase de violencias, unas más explícitas, otras más sutiles: discriminación, agresiones físicas, violencia sexual, psicológica y verbal, dependencia económica, exclusión, pobreza, entre otras”.
Con base en denuncias que ha recibido, ese organismo internacional denuncia este día que en Colombia “muchas mujeres tienen dificultades para vivir una sexualidad libre, digna, placentera y segura. Muchas de ellas no tienen acceso a la salud, y a servicios de planificación familiar efectivos y de calidad, sobre todo las adolescentes y jóvenes. Cerca de 500 mujeres mueren al año por causas evitables en su proceso de gestación o parto”.
Para mejorar las condiciones de vida las mujeres colombianas fue expedida en diciembre de 2008 la ley 1257, cuyo objeto es “la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”.
Hasta ahora, esta norma se está implementando. La agilidad de que entre a regir totalmente depende mucho de las reglamentaciones que, sobre ella, vaya expidiendo el Gobierno Nacional.
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