Las estigmatizaciones y el espionaje a los defensores de derechos humanos en Colombia fue el tema de una audiencia que se realizó este martes en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
En ella participó Margaret Sekaggya, la relatora de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos que estuvo en el país en septiembre pasado. La Relatora dijo en ante los congresistas estadounidenses que el gobierno colombiano debe dejar de estigmatizar a los defensores y exigir a la justicia que investigue las denuncias que ellos hacen.
Desde su visita a Colombia, Sekaggya se mostró preocupada porque “siguen existiendo en Colombia patrones de hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familias”. (Lea la declaración que dio después de su visita)
Este martes, dijo en Estados Unidos que “El gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas”, pues, según dijo, sigue habiendo mucha impunidad en la violencia contra los defensores.
La relatora fue enfática en pedir que las medidas del gobierno tengan efectos concretos. “No podemos sentarnos alrededor de una mesa y que al día siguiente siga pasando lo mismo”, dijo.
Recientemente, algunos funcionarios del gobierno y comandantes militares han dicho que las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen falsas denuncias. Esas declaraciones suelen hacerse cuando señalan excesos de policías o soldados, de acuerdo con lo dicho en el encuentro por Reynaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La Relatora, dijo que el gobierno debe destruir los archivos de inteligencia que se tienen de los defensores y sus familias. Esos documentos, según el representante demócrata James McGovern, que presidió la audiencia, han sido entregados a los gobiernos de Estados Unidos y otros países como información judicial o de inteligencia.
Eso ha hecho que los países que reciben aquellos informes lo piensen dos veces antes de otorgar visas a los defensores de derechos humanos colombianos, de acuerdo con McGovern. En eso estuvo de acuerdo Sekaggya, quien dijo que “La supresión de los archivos tiene que hacerse. Es un asunto internacional”.
Para poner un ejemplo, en el Congreso de EE.UU. participó también Gabriel González, del Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos en Colombia (CSPP), quien casi pierde la oportunidad de participar en esta audiencia. Pese a que estaba previsto entregarle el premio de Derechos Humanos 2009 que le otorgó la ONG Human Rights First, le habían negado inicialmente la visa.
Luego de escuchar la exposición de la relatora, el representante McGovern dijo que el TLC no será ratificado “a menos que mejore la situación de los derechos humanos en Colombia”.
Sin embargo, a este respecto, la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, dijo a los medios de comunicación que no creía que las denuncias de los defensores afectaran la aprobación del TLC, según reportó la agencia de noticias EFE.
Ella no participó en la audiencia pues las reglas no lo permiten, pero al salir, habló con los periodistas y defendió las intenciones del gobierno por mejorar la situación de los defensores de derechos humanos.
“Todavía tenemos que hacer unas mejorías, pero están dados unos pasos de diálogo (con los defensores de los derechos humanos). Hay que construir más confianza", dijo a los medios.
El diálogo puede ser útil pues, según González, “queremos que se cesen los factores de riesgo y eso empieza por creer e investigar las denuncias que hacemos los defensores de los derechos humanos contra particulares o funcionarios”.
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