El próximo martes se discutirá en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de Ley que busca la reparación integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este será el tercer debate de cuatro que necesita para que la iniciativa se convierta en Ley.
Desde la semana pasada el proyecto volvió a tomar importancia en la agenda del Legislativo. Pero una ponencia alternativa propuesta por integrantes de la coalición del gobierno puso en la cuerda floja la iniciativa que ha sido construida conjuntamente entre analistas, representantes de la ciudadanía, varios congresistas y víctimas.
No obstante, en el transcurso de esta semana, el representante liberal Guillermo Rivera, quien es el ponente del proyecto inicial, se reunió con integrantes del gobierno y congresistas de la bancada uribista con el fin de concretar una ponencia unificada.
Rivera, en entrevista con Semana.com explicó en qué puntos se lograron acuerdos y en cuáles hay disenso. El congresista liberal también argumentó por qué era importante sacar adelante la Ley, reconocer a las víctimas de agentes del Estado y no confundir la reparación con la asistencia humanitaria.
Semana.com: Tengo entendido que usted se ha reunido con la Viceministra del Interior, María Isabel Nieto, y con otros representantes de la coalición uribista para unificar una ponencia de la Ley de Víctimas. ¿A qué acuerdos han llegado en esas reuniones?
Guillermo Rivera: Hasta ahora hemos avanzado en la concertación de varios puntos en los que francamente pensé que no habría acuerdo. El gobierno ha aceptado nuestras propuestas como la creación de una Comisión de la Verdad para que pueda garantizarse la devolución de las tierras a las víctimas, la creación de una jurisdicción transicional para que de manera ágil se resuelva la situación de miles de campesinos que fueron despojados de sus bienes.
El gobierno aceptó la inclusión del principio del deber de garantías en la Ley, punto con el que al principio se mostró renuente, pero que es un principio incorporado por Naciones Unidas y que está establecido como nervio de una política de reparación.
También aceptó incluir la presunción de buena fe de las víctimas que al principio había dicho que no, que las víctimas debían acreditarse jurídicamente lo cual nos pareció un contrasentido.
Semana.com: ¿En qué consiste esa presunción?
G.R.: El principio de buena fe opera a través de una prueba sumaria. Es decir, que una autoridad administrativa o un organismo de control (Defensoría o Procuraduría) podrían certificar la condición de víctima de una persona. Lo cual no quiere decir que esa sola certificación lo faculte para acceder inmediatamente a los beneficios contemplados en la Ley, sino que le sirve al comienzo de su proceso de reconocimiento.
El gobierno creía que esa presunción de buena fe, de manera automática, le significaría a la víctima convertirse en sujeto de los derechos contemplados en la Ley. Como se trata de una prueba, desde luego puede ser controvertible. Lo que no se puede es pedir a la víctima una acreditación judicial para iniciar un proceso. Eso significaría que la víctima tendría que esperar la condena de su victimario para que se pueda reconocer su condición. Lo que nosotros planteamos es que a través de la presunción de buena fe y de una prueba sumaria se reconozca la condición de la víctima, y así ella pueda iniciar su proceso de reclamación para convertirse en sujeto de derecho.
Semana.com: ¿Cuáles son los puntos de discrepancia?
G.R: El gobierno no acepta que dentro del universo de víctimas se incluya a las de agentes del Estado. En eso no vamos a ceder ni un milímetro. Sin embargo los representantes que presentaron una ponencia alternativa, Humberto Mantilla (del Partido Conservador) y Fernando de la Peña (de Alas Equipo), aceptaron incluir ese grupo de víctimas en la Ley.
El otro punto es que el gobierno insiste en que algunas medidas de asistencia a las víctimas sean incluidas como reparatorias. Nosotros creemos que desde el punto de vista conceptual, desde una perspectiva de justicia para las víctimas, no se puede confundir asistencia con reparación.
Semana.com: ¿Por qué usted cree que es importante el reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado?
G.R.: Porque no hacerlo, es violar el derecho a la igualdad de las víctimas por cuenta de la calidad de su victimario. Es lamentable tener que reconocer que una cantidad considerable de víctimas lo sean por causa de agentes del Estado. Pero sería excluyente tener dentro de las leyes mecanismos expeditos que le permita a las víctimas de los grupos ilegales acceder a la reparación y las de agentes del Estado no los tengan.
Semana.com: ¿Sobre los mecanismos para la restitución de bienes y tierras, que ha dicho el gobierno?
G.R: Al gobierno le queda difícil rechazar una propuesta que ya está contratada en el programa MIDAS en el que participa la Embajada de Estados Unidos. El proyecto de Ley suscribe los acuerdos ya pactados en los que se garantiza el derecho de restitución de sus bienes si le fueron despojados, así hubiera sido dueño o poseedor. La iniciativa contempla la creación de una comisión de la verdad, que se encargaría de hacer un diagnóstico de la situación de cada víctima, de recoger sus testimonios, de verificar la documentación. El gobierno está de acuerdo, la única advertencia que hace es que como no se discutió en los primeros debates, la Corte Constitucional pueda no aprobarlo.
También crea una jurisdicción transicional que quedaría en manos de una autoridad administrativa, para que las víctimas no tengan que sufrir el rigor de un proceso judicial, sino que puedan acceder a la restitución de manera más rápida.
Semana.com: Uno de los argumentos del gobierno en toda la discusión es que no hay plata para las víctimas, que aceptar esas propuestas es costoso para la Nación…
G.R.: Yo no he podido entender en dónde es que está ese impacto fiscal. El gobierno no me ha podido convencer. Nosotros no estamos pidiendo bolsas adicionales. Lo que estamos pidiendo es que en programas ya existentes se de prioridad a las víctimas. En las reuniones con el gobierno hemos considerado, por ejemplo, que para la asistencia sicosocial de las víctimas quede la puerta abierta a la cooperación interinstitucional y que no signifique la creación de un organismo nuevo. Hay sicólogos en otras instituciones del Estado que podrían prestar ese servicio.
Semana.com: Entonces, ¿cuál es el costo de la Ley?
G.R.: La Viceministra del Interior, planteó un escenario hipotético, el más gravoso de todos, en términos fiscales: el que resulta de multiplicar el universo de víctimas por los montos que fija la tabla de del decreto 1290, que corresponde a la reparación por vía administrativa.
Pero, la reparación vía judicial no puede obedecer a una tabla. El juez cuando valora los criterios de reparación tiene en cuenta varios factores y no puede hacer un cálculo estándar como lo pretende el gobierno, porque no corresponde a la verdad. Luego el costo de la reparación judicial es difícil de calcular, porque depende de que se surtan los procesos con el tiempo y cada caso es particular. Lo que busca la Ley es agilizar el proceso. Si las víctimas acceden a la reparación administrativa y después un fallo las favorece, se les descuenta lo que han recibido del monto que diga la sentencia.
Lo que podría ocurrir al no dejar caminos expeditos y excluir víctimas de agentes del Estado, es que el costo de la reparación sea mayor cuando las víctimas acudan a tribunales internacionales. Pero el costo no se pueda calcular.
Semana.com: Finalmente, Usted que ha participado de varias jornadas de diálogo con víctimas, ¿cuál es el reclamo más urgente que ellas tienen y por qué es importante sacar adelante esta Ley?
G.R.: En mi experiencia personal debido a que estoy en el Putumayo, la relación con las víctimas hace parte de mi quehacer político. Pero las jornadas me permitieron conocer las historias de las víctimas a lo largo y ancho del país. Lo que ellas reclaman de manera integral es el reconocimiento del Estado. Existe una percepción equivocada cuando se cree que lo que a ellas les interesa es el dinero. No, ellas quieren saber qué pasó con sus familiares y les gustaría saber que cuentan con unas instituciones que los reconocen y les garantizan la verdad, la justicia y la reparación. Este proyecto es importante porque busca hacer realidad esos derechos.
Lo que nos preocupa es que el gobierno persuada a sus mayorías y eche abajo los puntos más importantes de la propuesta.
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