El gobierno tendrá que explicarle a la Corte Constitucional cuáles fueron sus razones de fondo para decretar la emergencia social, mediante la cual ha emitido decretos que, prácticamente, han reformado el sistema de salud.
El tribunal le notificó al gobierno que está estudiando el decreto 4975 de 2009, mediante el cual declaró el estado de excepción y, para ello, solicitó explicaciones detalladas y claras al respecto.
“Suministre comparativamente los datos estadísticos, año a año, que muestren la demanda y prestación de medicamentos y servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-“, dice la Corte en su petición.
En cuadros estadísticos y comparativos, el gobierno tendrá que suministrar información que también dé cuenta de los balances financieros de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Empresas Promotoras de Salud (EPS). En esta parte, lo que la Corte quiere saber es cuánto dinero ganan y cuánto pierdan éstas, y qué tan cierto es que su déficit económico ameritaba una emergencia social.
Parte de los argumentos que se han dado para tomar esta decisión es que el Estado se ha demorado en pagarles a las EPS los tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) que prestan y que deben cobrarle al Fosyga. A este respecto, la Corte quiere saber cuánto le cuesta al Estado estos servicios especiales.
Todas las razones con las que se pretende justificar la emergencia social eran previsibles. No fue algo que llegó de sorpresa. Entonces el gobierno tendrá que explicarle al tribunal qué normas tramitó en el Congreso y qué medidas tomó para evitar la emergencia social.
Es apenas evidente que muchos de los argumentos con los que el gobierno justifica la declaratoria del estado de excepción pudieron evitarse con unos buenos controles por parte de las autoridades correspondientes.
Por ejemplo, uno de los decretos emitidos en los últimos días busca que las clínicas y hospitales devuelvan dineros que el gobierno les giró para pagar prestaciones sociales de funcionarios que ya no existen. Es decir, hay casos de médicos que dejaron de trabajar en alguna institución y el gobierno giró dinero para pagar sus pensiones, cesantías, EPS, en fin. ¿Dónde estaban los organismos de control en estos casos?
Eso tienen que explicárselo a la Corte. "Acompañe los estudios o soportes que le llevaron a concluir que los hechos expuestos en el decreto declaratorio desbordan la capacidad y los mecanismos previstos, sancionatorios y naturaleza jurisdiccional de los que dispone el sistema de inspección, vigilancia y control del sector salud", dice en la petición.
Mientras la Corte Constitucional remitía su petición al gobierno, se conoció que los presidentes del Senado, Javier Cáceres, y de la Cámara, Edgar Gómez, informaron que ya se creó una comisión de 12 congresistas para estudiar si los decretos emitidos por el gobierno durante la emergencia social son coherentes con las normas.
El grupo está conformado por integrantes de las comisiones primeras, terceras y séptimas de cada cámara que darán un informe con sus percepciones respecto a la legalidad de los decretos y a las consecuencias que puedan traer para los colombianos.
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