Muerta de miedo, Martha Palacio llegó en la mañana de este jueves al auditorio de una de las sedes de Compensar, en el occidente de Bogotá. Ella, que padece un cáncer desde hace varios años, estaba llena de angustia al imaginar que la inyección de once millones de pesos que debe ponerse mensualmente para sobrevivir va a tener sufragarla ella misma. “¿De dónde saco yo esa plata? Es más barato morirme”, dice.
En el auditorio estaba listo el video beam del ministro de Protección Social, Diego Palacio, quien se disponía a explicarle a decenas de pacientes, llamados de alto costo, lo que pasará con los decretos de la emergencia social y que afecta directamente a los colombianos que hoy padecen cáncer, sida o enfermedades delicadas que necesitan millonarios tratamientos que hoy costea el sistema de salud pública.
A Martha y a otros como ella, el ministro les explicó que este sistema necesita más plata, que se va a nivelar el sistema subsidiado con el contributivo y que todos los tratamientos especiales para pacientes como ellos tendrán que someterse a un Comité Técnico Científico (CTM).
Pero Martha sintió que esa idea va en contravía de su salud. “Yo tengo que hacerme monoquimioterapia y ponerme la inyección que la logré gracias a una tutela integral (...) Nos están diciendo que el Fosiga se acaba y que la plata pasará a un fondo llamado Fompres, y que cuando la plata se acabe, se acaba nuestro tratamiento, ¿entonces, qué vamos a hacer? Nos dicen entonces que nos darán créditos blandos para financiar los tratamientos, que nos valgamos de las cesantías”, dice con resignación Martha, quien pertenece a la Asociación de pacientes con cáncer neuroendocrino.
Otro como ella, Ricardo Castillo, tiene el mismo miedo: “según el decreto 131, si se acaban los recursos de la Nación, el paciente va a tener que correr con los gastos. Entonces qué hago, ¿vendo mis propiedades y todo lo que tengo para pagarme la inyección de Octretide Lar, que me vale cuatro millones de pesos cada mes?”.
La mayoría de pacientes como Martha y Ricardo reciben sus tratamientos gracias a tutelas que han ganado con mucho esfuerzo. Si el panorama hasta hoy ha sido difícil, la incertidumbre crece al no saber qué pasará de ahora en adelante con sus remedios.
Ante el temor general, el ministerio de Protección Social publicó en su página web una comunicación que aclara que “todos los ciudadanos afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado tienen derecho a los servicios, medicamentos y procedimientos incluidos en el Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 de la CRES. Las EPS, IPS y demás entidades encargadas de garantizar los servicios de salud del país deben prestar los servicios allí incluidos”. Es decir, que hasta que no se expida un Nuevo Plan Obligatorio de Salud, POS, está vigente el actual.
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