La idea del presidente Álvaro Uribe Vélez de pagarle a mil estudiantes de Medellín para que trabajen como informantes de la fuerza pública, es una propuesta que no sorprende en un mandatario cuya Política de Seguridad Democrática ha sido su caballito de batalla durante los últimos siete años y medio que lleva gobernando.
La situación en la capital antioqueña es preocupante. El año pasado terminó con casi 2 mil homicidios. Es decir, un incremento del 105 por ciento respecto del 2008, según la Policía. Además, el informe de la fundación Nuevo Arco Iris que hizo un balance de la situación de seguridad en todo el país el pasado noviembre, señala que en esta ciudad hay seis organizaciones criminales que se disputan el territorio con el fin de convertirse en los nuevos dueños del poder ilegal urbano.
Por esta y otras razones fue que este martes, durante una visita a la capital antioqueña, el presidente Uribe lanzó la idea sin mayores detalles: “vincular a través de la fuerza pública mil jóvenes estudiantes de Medellín. ¿Requisito?, que sean estudiantes, como informantes de la fuerza pública para desterrar el homicidio”. Estos muchachos, mayores de edad, recibirán al mes 100.000 pesos, “a título de bonificación”.
Las reacciones no se hicieron esperar. Uribistas como el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos; los ex ministros de Defensa Juan Manuel Santos y Martha Lucía Ramírez; y analistas como Alfredo Rangel defendieron la medida, aduciendo que el sistema de recompensas ha funcionado en Colombia para combatir la criminalidad y que ante una situación tan delicada como la de Medellín, es necesario implementarla para estimular la delación.
Pero esto no es del todo cierto. El sistema de recompensas, aunque ha funcionado para encontrar guerrilleros en el monte, ha sido muy criticado en el país porque ha inducido a la violación de derechos humanos. Cabe recordar que hace tres años estimuló el inicio de lo que hoy se conoce como "falsos positivos", cuando una directiva del Ministerio de Defensa (ya modificada) autorizaba pagarle a civiles y militares por delatar ilegales.
Rodrigo Uprimny, director del Centro de de Estudios de Derecho y Sociedad, DeJusticia, cree que hasta cierto punto es admisible que se recompense a alguien que, por ejemplo, pertenece a un cuerpo de inteligencia del Estado. Pero volver informante a un estudiante es un riesgo para ese sector de la sociedad.
Para el analista, la propuesta del Presidente tiene varios problemas: “primero, los grupos criminales van a estigmatizar y victimizar al colectivo de estudiantes porque saben que ahí hay informantes. Segundo, el hecho de que no haya ningún control es un peligro. Estas personas no son funcionarios públicos, no tienen la formación para buscar información y lo que se hace es volver informal la actividad de inteligencia (...) Además, no parece muy inteligente anunciarle a los delincuentes que les van a mandar informantes”.
Pagar estudiantes como informantes a sueldo hace recordar necesariamente a las Convivir, que entre 1996 y 1997, cuando Uribe fue gobernador de Antioquia, se establecieron en este departamento como cooperativas de vigilancia y seguridad privada. Esto con el fin de defender el campo, de la guerrilla, lo que en parte ayudó a que los paramilitares se reprodujeran dándole visos de legalidad a su actuación.
Sin embargo, el presidente Uribe defendió este miércoles su idea desde Davos (Suiza) porque el “derecho a la vida lo tenemos que defender todos”; y le respondió a las críticas que en Colombia se le han hecho a la anunciada medida: argumentó que la mayoría de crímenes en Medellín son contra personas menores de 30 años. Sin embargo, ¿qué le hace pensar al gobierno que con informantes en los centros educativos solucionará el problema?
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, cree que la idea del gobierno refleja claramente la falta de una política seria contra la criminalidad y el desespero por solucionar el problema.
“Con esto no se resuelve el tema porque cogemos las cabezas, pero vuelven y salen otras, por eso si uno no hace intervenciones estructurales, no va a solucionar el problema de los homicidios”, dice Llorente y agrega que todas estas medidas de choque tienen efectos inmediatos, pero no son sostenibles en el tiempo.
Además, los estudiantes han rechazado de manera general la medida. En los medios de comunicación, en las redes sociales y algunos jóvenes consultados por Semana.com han sentado su protesta porque no están dispuestos a buscar información de criminales a cambio de 100 mil pesos al mes. Para muchos, es absurdo, aunque el ministro de Defensa, Gabriel Silva, ha dicho que al Presidente lo interpretaron mal porque los mil estudiantes de las comunas "serán parte de los tantos informantes que queremos tener”.
¿Los informantes serán estudiantes de las comunas, de los colegios, de las universidades? ¿la información se pagará después de que sea entregada? ¿quién le garantizará la seguridad a los muchachos que le ayuden a la fuerza pública? La poca claridad del Presidente en su propuesta dice mucho de la ligereza y la rapidez con que se tomó la decisión.