Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2000/08/14 00:00

¡Libérenlos!

El secuestro de niños despierta una rebelión ciudadana que pone a las Farc contra la pared y exige resultados del proceso de paz.

¡Libérenlos!

Millones de colombianos quedaron estupefactos el miércoles pasado cuando vieron, en vivo y en directo por televisión, a Raúl Reyes en pleno careo con una abuela y a una madre cuyos niños, decían ellas, habían sido secuestrados por las Farc. La transmisión fue escalofriante: ellas, entre la súplica, la indefensión y la ira, pedían por la liberación de sus pequeños; él, con su pistola 9 milímetros al cinto, su camuflado impecable y escoltado por dos hombres fuertemente armados, negaba con parsimonia que tuviera los niños secuestrados.

Para los televidentes que ese día se erizaron al ver la escena pudo servirle al jefe guerrillero para demostrar ante la opinión un poder cuasiestatal, escuchando peticiones ciudadanas y prometiendo investigaciones como lo hace cualquier gobierno. Pero lo que menos impactó fue quizá lo importante: por primera vez las Farc se vieron obligadas a ponerles la cara a las víctimas del secuestro, ese delito atroz que se ha convertido en la más perversa pero efectiva arma financiera y sicológica de la guerrilla colombiana.

Por primera vez desde que se iniciaron los diálogos de paz con las Farc, hace 18 meses, se entrevé que el grupo guerrillero está cediendo ante una insostenible presión, que más que de su contraparte en la mesa de negociación viene de la sociedad colombiana y, más clave aún, de la comunidad internacional.

En momentos en que muchos colombianos estaban asimilando el secuestro como parte de la cotidianidad del conflicto llegó lo intolerable: el secuestro de niños. No es que fuera nuevo pero viene en un dramático ascenso y la indignación nacional llegó a su clímax la semana pasada.

Desde que la mamá de Luisa Fernanda Cano, de 5 años, se animó a acusar a las Farc de tener a su hija (y aunque ellos lo negaron logró su liberación) se precipitó una reacción en cadena de madres, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, Fiscalía, Iglesia y gremios empresariales. Todos denunciaron el flagelo y les exigieron a las Farc el cese del secuestro.

No fue casual que la arremetida civil se hiciera al tiempo que el proceso de paz estaba teniendo especial eco internacional: la audiencia con delegados extranjeros de 21 países al Caguán, la aprobación final de la ayuda estadounidense al Plan Colombia y la reunión de la Mesa de Donantes para el mismo plan en Madrid (ver Cronología de una presión). “Es la presencia de la comunidad internacional la que hace posible que la presión nacional produzca efectos sobre la guerrilla, explica el analista Alfredo Rangel. Las marchas de millones de personas contra el secuestro las había importado un comino a las Farc, pero quedar al descubierto como criminales ante el mundo sí afecta su objetivo de ser reconocidas como una fuerza beligerante”.



El levantamiento

Pero la insurrección civil sobre la cual se monta el Estado para presionar a las Farc no sólo se da por la coyuntura de la vitrina internacional. Surge de las mismas causas que muchos levantamientos populares en la historia del mundo, empezando por la Revolución de los Comuneros en 1781: abuso del poder en el cobro de impuestos. Y más aún cuando no es una autoridad legítima la que abusa con los tributos injustos a la población sino una fuerza ilegal que se quiere hacer Estado a la fuerza.

El secuestro existe hace tiempo pero en los últimos meses se disparó. Además empezó a afectar a grupos de la población que nunca había tocado. Al papá de la niña Cano, un simple comisionista de telas; a la mamá del niño Andrés Felipe Navas, una médica, o al papá del joven Gustavo Villamizar —rescatado en el Huila el pasado 8 de julio—, un comerciante del sur de Bogotá. Todos profesionales de clase media. “Ante la crisis económica el secuestro tradicional de ganaderos y finqueros o de grandes empresarios no es suficiente para mantener sus máquinas de guerra, dice Javier Torres, experto en defensa. Por eso las Farc y otros grupos han recurrido a secuestrar a personas de las clases medias urbanas. En lugares como Yopal secuestran hasta al dueño de un camioncito”.

El secuestro de niños también tiene que ver con la crisis y viene acompañado del más pérfido e inhumano chantaje emocional. Debido al inmenso peso afectivo que tienen los niños en la vida de sus padres éstos tienden a pagar las recompensas mucho más rápido. Dentro de esta lógica económica del terror secuestrar niños ha resultado más eficaz y ‘rentable’ para grupos con necesidades de flujo de caja.

Otras razones, como la necesidad de prepararse militar y financieramente para hacerle frente al Plan Colombia y una mayor eficacia de las autoridades para perseguir el lavado de dineros ilícitos, también han llevado a la guerrilla a aumentar el número de secuestros. Inclusive las autodefensas, cuyo origen se explica en parte como una reacción contra el secuestro, han empezado a secuestrar por dinero, como lo revelan las cifras de la Policía.

El secuestro adquirió entonces proporciones epidémicas y la gente se levantó. Y tengan o no las Farc a todos los secuestrados que los afectados dicen denunciar, este es el grupo guerrillero más visible y accesible para hacerle reclamos.



El pendulo regresa

La presión creciente sobre las Farc desde diferentes sectores de la sociedad también tiene que ver con la percepción de que las relaciones de poder entre Estado y guerrilla están cambiando.

Hace dos años prácticamente nadie en el país cuestionaba que Andrés Pastrana tenía que buscar una solución negociada al conflicto. Finalizar la guerra con un triunfo militar del Estado sobre las guerrillas no dejaba de ser una utopía después de que las Farc les habían asestado contundentes golpes a las Fuerzas Militares en Las Delicias, Patascoy y El Billar. En ese momento la angustia de la dirigencia nacional era negociar a cualquier precio, pero negociar. No en vano Pastrana pudo ceder y ceder en la primera etapa del proceso y el país —a veces a regañadientes— lo respaldó.

Ahora las posiciones empiezan a cambiar. Nuevos hechos están dando razones a muchos dirigentes colombianos para pensar que el Estado colombiano tiene ahora más ‘garrote’ y puede por eso ofrecer menos ‘zanahoria’. El más sobresaliente de éstos es sin duda el haber asegurado la financiación del componente militar del Plan Colombia. Ya firmada por el presidente Bill Clinton, la llegada de los helicópteros no tiene regreso y, aunque su objetivo no es la lucha contraguerrillera sino el narcotráfico, sí se espera que afecte gravemente el equilibrio militar en favor del Ejército y torpedee las fuentes de financiación de las Farc.

Lo anterior no quiere decir que la ‘guerra total’ sea el escenario que se perfile como única opción en el futuro próximo, pero el péndulo de la opinión colombiana está regresando del extremo en favor de la paz a cualquier costo hacia un centro más pragmático y realista. Pero, sobre todo, más seguro luego de la aprobación de la ayuda militar de Estados Unidos. Ahora se percibe que hay más con qué exigir en la mesa del diálogo. Y esto le da fuerza y argumentos a diversos estamentos de la sociedad para hablarles más duro a las Farc.



¿Ceden las Farc?

De un tiempo para acá ha habido un giro en el discurso de las Farc hacia lo político, el cual se ha perdido en el fragor de la guerra y el desfile de ataúdes, como es natural cuando se negocia en medio del conflicto. El lanzamiento del Movimiento Bolivariano, el periplo por el Viejo Continente, ciertas posiciones frente al acontecer nacional, las declaraciones de Reyes y Cano sobre la necesidad de bajarle el tono al lenguaje de la confrontación son algunas muestras de que las Farc contemplan salidas políticas.

Para los más optimistas este giro es el resultado de que tanto el gobierno como las Farc están empezando a darse cuenta de que el proceso de paz se debilita a pasos agigantados ante la opinión nacional e internacional y que si no avanza con hechos concretos éste no será sostenible por mucho tiempo más.

Otros, más cautelosos, afirman que este cambio de tono de las Farc se debe más a una reacción frente a la protesta airada contra el secuestro de la delegación de la comunidad internacional que los visitó en el Caguán para la discusión de sustitución de cultivos ilícitos. “Las Farc acusaron el golpe, dice Rangel. Y deben estar replanteándose cómo encontrarle una salida a las acusaciones de que son responsables de secuestros de niños”.

Para los críticos el mensaje más político de las Farc es sólo una táctica de coyuntura para ganar margen de maniobra sin tener que ceder ni un ápice en la estrategia de fondo: la toma del poder. Así, sostiene el experto en derecho internacional Rafael Nieto Loaiza, siguen “negando acuerdos humanitarios, manteniendo las condiciones de absoluto control sin vigilancia externa en el Caguán y cerrados a admitir una mediación o una verificación internacional en el proceso”.

Si esta última tesis es válida las Farc estarían jugando a que la presión por la liberación de secuestrados, como ya ha sucedido anteriormente, sea flor de un día y que, una vez baje la espuma de los acontecimientos, los medios y la opinión relegarán el tema a un segundo plano.



La prueba

Sea lo que fuere lo que estén pensando las Farc, lo que sí es claro para el resto de la sociedad es que cada vez es más difícil mantener un proceso de paz en medio de una tragedia humanitaria de proporciones dantescas.

La insurreción civil de las últimas dos semanas en torno a los niños raptados deja claro que el secuestro no es un arma legítima de la guerra sino la forma más cruel de destruir las familias, la moral y la economía de una sociedad (ver testimonios). Y que, por lo tanto, es cada vez más urgente ponerles unos límites y unas reglas a la guerra si se pretende seguir negociando.

El manido argumento de que sólo se secuestra a ricos ya no es cierta, como lo atestiguan los miles de casos de medianos comerciantes y profesionales independientes que viven de su trabajo y cuyos familiares son sometidos al cautiverio. Pero aun si sólo se secuestraran ricos el delito sigue siendo tan inaceptable como violatorio de los derechos humanos fundamentales. Como lo son las masacres de campesinos o los asesinatos políticos selectivos que pululan en todo el territorio. Y aunque la protesta ciudadana y de los medios no se ha concentrado en denunciar este otro infame crimen de guerra es igualmente inadmisible en cualquier conflicto armado.

Por eso lograr que el proceso de paz sea sostenible exige cada vez con más urgencia que se logren avances en temas de la violación de los derechos humanos. Un acuerdo humanitario sobre la guerra es cada vez más imperativo. Y no sólo sobre el secuestro, sino también sobre la desaparición forzada (la recientemente aprobada ley que después de 12 años de intentos fallidos al final la vuelve delito es ya un primer paso) y las masacres de la población civil indefensa.

¿Cómo discutir sobre el modelo económico con las Farc cuando a pocos kilómetros de la mesa puede haber niños secuestrados? ¿Cómo redefinir el poder político cuando la población civil más pobre es víctima de las peores masacres? ¿Cómo se puede sostener una negociación cuando por debajo de la mesa corren ríos de sangre?

Para todo pacifista de corazón, como lo son la mayoría de los colombianos, la idea no es “humanizar la guerra” sino acabarla. Pero para acabarla, primero es necesario ponerle reglas. Porque hasta en la guerra hay una ética. Y el primer paso en esa dirección debe ser el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, que saca del conflicto a la población civil. Sobre todo cuando la guerra colombiana ha estado planteada precisamente como una lucha por el control de amplios territorios cuyo instrumento más eficaz es aterrorizar o eliminar a punta de plomo a la población civil. Así, en la medida en que se excluya a los civiles, el conflicto empezará a acabarse.

Estas razones son las que llevan a pensar que el gobierno de Pastrana enfrenta hoy su más importante desafío: capitalizar esa presión ciudadana para lograr avances concretos en el proceso de paz. De lo contrario la rebelión civil terminará volviéndose contra una salida negociada al conflicto. Y el implacable y volátil péndulo de la opinión volverá entonces, a considerar la guerra total como la única opción.

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