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| 8/5/2015 7:50:00 PM

¿Cómo hizo México para regular a Uber?

Las autoridades de Ciudad de México, con medidas administrativas, sacaron de la ilegalidad a la plataforma tecnológica. ¿Ejemplo para Colombia?

Es una noticia que le dio la vuelta al mundo: el gobierno de la Ciudad de México impuso regulaciones y contribuciones a Uber y Cabify. La decisión intentó ser salomónica, pero no estuvo exenta de discusiones y protestas promovidas por el gremio de los taxistas, que todavía considera ilegales los servicios prestados por estas plataformas.

En todo caso, en la capital mexicana, todos tuvieron que poner de su parte para poder llegar a algunos consensos en las regulaciones. Sin embargo, los reguladores terminaron tomando el toro por los cuernos y expidieron dos normas que, sin ser perfectas, buscaron poner orden en el servicio.

Primero expidieron un necesario decreto que planteó una serie de modificaciones para mejorar la calidad del servicio de taxi. Por otro lado, crearon una una categoría nueva: “Servicios de transporte privado solicitados a través de plataformas tecnológicas”.

Fue así que se estableció que los operadores de las aplicaciones deben aportar el 1,5 % de cada servicio a un fondo especial para la mejora del servicio de taxis de la capital mexicana, según informó la Alcaldía en un comunicado.

Ese resultó ser el punto central del acuerdo. Que los operadores de las aplicaciones tengan que pagar un porcentaje por cada viaje permite un equilibrio en el mercado. Los fondos que se recauden serán reinvertidos en la malla vial y en el mejoramiento del espacio público.

El reglamento dicta también condiciones para el tipo de vehículos autorizados para usar estas aplicaciones: deben tener un costo de al menos 200.000 pesos mexicanos (12.650 dólares), cuatro puertas, aire acondicionado, cinturones de seguridad y airbags. Los conductores no podrán aceptar pagos en efectivo, algo típico de Uber, cuyos servicios son contratados a través de tarjetas de crédito.

Este logró no fue una tarea sencilla. De hecho, las autoridades se están juegan con esta decisión un importante capital político. En mayo, los taxistas de Ciudad de México protagonizaron una masiva manifestación que colapsó el tránsito en la ciudad y denunciaron que sus nuevos competidores no tienen que pagar los altos impuestos que ellos sí le pagan a las arcas locales.

Rubén Alcántara, líder de una de las asociaciones de taxistas de la capital mexicana, se quejó de que el nuevo reglamento no obedece a las discusiones que tuvieron con la Alcaldía. “No es posible que extranjeros vengan y le ganen al gobierno de la ciudad y siga prevaleciendo el desorden”, reprochó Alcántara.

Por su parte, voceros de Uber en ese país habían afirmado que “la capital de México, una de las ciudades más complejas del mundo, tiene ahora una regulación con visión de futuro haciéndose eco de los principios del modelo de negocio de Uber: la lógica de la oferta y la demanda junto a la capacidad de los ciudadanos de elegir cómo se mueven por la ciudad”, afirmó la compañía.

¿Ejemplo?

Sin duda lo que logró México es un precedente para muchos países que están en la dispendiosa tarea de regular la polémica plataforma. El gobierno colombiano, encabezado por el Ministerio de Transporte, tiene un plazo de seis meses para decidir sobre los alcances de Uber y si lo considera necesario, generar nuevos decretos para mejorar el servicio que prestan los taxistas.

En algo coinciden ambos gobiernos: han buscado la concertación para llegar a una regulación más ecuánime. La ministra Natalia Abello lideró varias mesas activas con diferentes representantes del sector para llegar a puntos de consenso. El propio vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, reconoció que Uber debe ser regulado en el país y la mejor manera de hacerlo es dialogando.

Ahora, hay algo claro: ninguna solución es perfecta. Buena parte del gremio de los taxistas quedó inconforme con las nuevas normas. Era algo predecible: las regulaciones en primer término legitiman las nuevas tecnologías, de entrada ya es una derrota para las empresas ya establecidas.

A pesar de todas las presiones, las autoridades del Distrito Federal legislaron de cara a los usuarios. Reconocieron el derecho del ciudadano a decidir cómo y con quién quiere trasladarse en su ciudad. Estipuló que el tamaño del servicio responde a lo que dicta el mercado y la demanda actúa como la válvula de regulación. Esa es la mayor lección que le dejó México a Colombia.
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