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| 9/2/2017 10:15:00 PM

La fracasada lucha contra el robo de celulares

Bloquear teléfonos se convirtió en una obsesión de las autoridades, mientras el hurto creció 79 por ciento. La única afectada ha sido la privacidad de los usuarios.

Durante el presente mes de septiembre serán bloqueados 1,8 millones de celulares que resultaron duplicados en las bases de datos creadas para controlar el robo de teléfonos, uno de los mayores dolores de cabeza de los colombianos. Se sumarán a los 23 millones de móviles que han sido bloqueados desde 2011 hasta la fecha, en el inútil esfuerzo del sector TIC para controlar el hurto de celulares. Inútil porque a pesar de esa masa gigante de aparatos bloqueados, en el último año Colombia pasó del segundo al primer puesto mundial en la triste lista de países con mayor presencia de este delito infame. Un informe de GSMA (asociación de la industria móvil internacional), revela que el robo de celulares en Colombia se incrementó de 4.400 diarios en 2015 a 5.126 en 2016.

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Bloquear los teléfonos no ha servido para nada, excepto para poner a millones de ciudadanos a hacer engorrosos trámites de desbloqueo en los muy numerosos casos en que fueron erróneos. Ángela Insuasty, una estudiante universitaria bogotana, compró una SIM card en una tienda legal y la puso en su teléfono Alcatel que había sido adquirido legalmente. La Sim card resultó estar registrada a nombre de un tercero, a pesar de que ella la desempacó nueva, y su teléfono se vio comprometido en una irregularidad de la que Ángela no tenía ni comprensión ni culpa alguna. Se dirigió a un punto de atención de su operador móvil y allí, sin más rodeos, le exigieron factura de compra del teléfono. El dispositivo fue un obsequio de un pariente y ella no disponía de la respectiva factura. El empleado del punto de atención decidió que Ángela era sospechosa del delito de hurto de celulares y bloqueó el teléfono. El trámite de desbloqueo fue un verdadero calvario. Decenas de miles de colombianos se han visto en similar situación porque no homologaron su equipo, porque escribieron mal el número IMEI de 15 dígitos en el sitio web o porque fueron víctimas de comerciantes inescrupulosos. Lo dramático del problema es que solo justos pagaron las consecuencias y los pecadores continúan en las calles asesinando ciudadanos para despojarlos de sus teléfonos. El año pasado fueron robados cerca de 2 millones de celulares en el país.

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Si bloquear 23 millones de teléfonos no ha resultado de utilidad alguna, ¿por qué la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) insiste en esta medida? La estrategia de lucha contra el robo de celulares, establecida formalmente en octubre de 2011 es un sistema con varios componentes en donde al sector de las telecomunicaciones se le otorgó un papel preponderante. Los otros componentes de la estrategia son la acción policial y la investigación judicial contra las bandas dedicadas a este negocio. Y dado que el sector TIC ha cumplido a cabalidad su tarea tecnológica, es claro que los otros actores no han hecho sus deberes. Y allí radica la causa primera de por qué no se reduce sino aumenta el robo de celulares en el país. “La responsabilidad del delito de hurto de celulares es del Estado, de las autoridades que deben velar por la seguridad ciudadana. La política desde 2011 tenía varios frentes: controlar la importación y exportación de equipos y partes, la Policía Nacional haciendo operativos y la Fiscalía judicializando a quienes corresponde. Y solo un pedacito de la solución estaba a cargo del sector de las TIC. El que ha hecho la tarea juiciosamente es el sector de las TIC”, explica Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, el gremio de operadores de telecomunicaciones.

La presidenta de Asomóvil piensa que “las bases de datos no pueden ser la estrategia de lucha contra el robo de celulares” y recuerda que en la reciente encuesta del Dane la gente está pidiendo en las calles mayor presencia de la policía. El mismo comisionado de la CRC Juan Manuel Wilches admite que uno solo de los controles no logrará reducir el hurto. “El control tecnológico que hacemos genera información para que la Policía pueda actuar”, dice.

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A pesar de las incontestables cifras de aumento del robo de teléfonos, el Ministerio de TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones están orgullosos de la estrategia de bloquear, bloquear y bloquear. Entre octubre de 2016 y febrero de 2017 la CRC logró reducir de 7 millones a 2 millones el número de teléfonos no homologados que funcionan en el país, en tanto que en el último par de años fueron bloqueados por diferentes causas más de 11,4 millones de equipos. ¿Y? El mes pasado el fiscal Néstor Humberto Martínez reconoció que el bloqueo de IMEI no ha servido. Ahora se reciben 79 por ciento más denuncias por robo de celulares y este es en la actualidad el delito de mayor crecimiento en el país.

Los controles tecnológicos sobre el IMEI y la propiedad de los dispositivos son medidas inocuas porque los IMEI se pueden adulterar, cambiar o duplicar, de tal modo que un teléfono robado puede funcionar perfectamente en Colombia o en cualquier otro país, a pesar de las bases de datos. Pero, además, el dispositivo robado se puede desmantelar para vender sus partes en el mercado negro. Una pantalla se vende por 450.000 pesos, y una carcasa sencilla por 150.000 pesos.

Pero el bloqueo de IMEI tiene un lado más preocupante aún que su ineficacia. Constituye una amenaza a la privacidad de los colombianos, según denuncia la Fundación Karisma en un informe dado a conocer la semana pasada, en el que se concluye que el sistema busca resolver el problema del robo de celulares, pero para hacerlo acude al control total de las comunicaciones de las personas sin analizar debidamente las afectaciones que esto produce. A juicio de Juan Diego Castañeda, autor del informe, “se ha ido más allá de lo necesario” en el rastreo de las comunicaciones de los usuarios. Por decisión de la CRC, los operadores móviles fueron obligados a utilizar un software que detecta IMEI duplicados mediante el rastreo de comunicaciones, con lo que se cruza la frontera de los derechos ciudadanos a la privacidad. También se entregó el manejo de las bases de datos administrativas que contienen todos los datos de IMEI y teléfonos de todos los colombianos a un operador privado (la compañía española El Corte Inglés) sin que se conozca públicamente el contrato suscrito. Por último, no es claro por qué en Colombia se construyó una segunda base de datos ‘positiva’ con todos los teléfonos y sus propietarios. En el resto del mundo se dispone solo de la base de datos ‘negativa’, que contiene la información de los teléfonos robados, para inhabilitarlos en las redes de los operadores móviles. La CRC se defiende: “Lo único que se utiliza en la estrategia de hurto es el IMEI, que es un dato asociado al celular y no a la persona”, explica el comisionado Juan Manuel Wilches.Y aunque insiste en que estas medidas están amparadas en la legislación vigente sobre protección de datos, la Fundación Karisma cree lo contrario. “Ninguna autoridad puede monitorear comunicaciones sin orden judicial”, dice Castañeda.

Un sistema parecido al colombiano fue tumbado por el Congreso en México cuando se descubrió que las bases de datos estaban siendo negociadas en el mercado negro. Y en Ucrania un sistema parecido fue utilizado por el gobierno para identificar quiénes participaron en protestas políticas. En el país de las chuzadas, es difícil creer que la información recopilada por el sistema de control de los teléfonos no podría ser utilizada en algún momento para otros fines

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