Multas en Barranquilla: “En Uber creemos en la libre movilidad”

El secretario de Movilidad de Barranquilla puede pasar a la historia por ser el primer funcionario en el mundo que promueve una iniciativa para que los ciudadanos que usen Uber sean multados por la Policía de Tránsito. La propuesta causó un revuelo mayor en la ciudad y el país comienza a debatir el asunto.

Uber no tardó en pronunciarse sobre la particular medida. En su comunicado, los voceros de la plataforma señalaron que “En Uber creemos en la libre movilidad y defendemos el derecho del ciudadano a elegir”.

Indicaron, además, que en Colombia “no existen normas que sancionen o prohíban compartir el carro con otro ciudadano”. Ante esto, el secretario Isaza había asegurado que “como Uber es un servicio de transporte ilegal, los ciudadanos que usen la plataforma deben ser sancionados”.

Aunque desde Uber señalan que “no tienen conocimiento de un sólo usuario de Uber que haya sido multado por escoger nuestra aplicación como opción de movilidad”, en El Heraldo subrayaron que “más de 50 personas ya han sido sancionadas por utilizar Uber en Barranquilla”.

Discusión de fondo

Lo que está ocurriendo en Barranquilla puede marcar el derrotero la movilidad inteligente en Colombia. Voceros de Uber aseguraron que “Confían en que las autoridades tendrán como prioridad el derecho de los Barranquilleros a una movilidad segura, confiable y transparente”; mientras que desde la autoridad Distrital se quieren ceñir estrictamente a la reglas.

El tema de fondo es que por primera vez la discusión entre reguladores y nuevas plataformas tocan el bolsillo de los colombianos. Al involucrar a los ciudadanos, la discusión toma un giro no sólo político y regulatorio sino también social y esto iría más allá de la tecnología o las aplicaciones.

En países como México y Brasil, aún antes de una regulación de plataformas como Uber, las autoridades de protección al consumidor, de derechos humanos y la justicia han respaldado al ciudadano en su derecho a elegir libremente la alternativa de movilidad que usan.

Tribunal de Justicia del Estado de Sao Paulo, por ejemplo, profirió una sentencia que destaca que “la administración no puede inmovilizar los vehículos como a diario se está informando, porque estos conductores no pueden ser considerados taxistas, ya que la economía electrónica aún no está convenientemente reglamentada”.

Lo cierto es que en caso de que otras dependencias distritales opten por sancionar a los ciudadanos, se podría configurar toda una batalla legal entre el Estado y los usuarios que buscan alternativas distintas para movilizarse. Faltan mucho por definirse desde los regulatorio y el Gobierno colombiano comienza a decantarse por la alternativa del garrote en vez de la zanahoria.