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| 11/19/2015 9:00:00 PM

¿Se debe castigar a los compradores de celulares robados?

En Barranquilla un joven de 16 años fue asesinado por robarle el celular. El flagelo sigue cobrando vidas y los usuarios siguen comprando equipos manchados con sangre. ¿Qué hacer?

Juan José Montegro tenía 16 años, pasó el año escolar sin necesidad de recuperar materias y se disponía a compartir su logro con sus padres. En el trayecto a casa, en pleno centro de Barranquilla, fue asesinado. Todo porque se resistió a entregarles su celular a dos ladrones que asaltaron con armas de fuego el bus en el que se transportaba. Lo más triste es que ese celular que le costó la vida a Juan José, perfectamente puede estar en manos de otro usuario.

El flagelo del robo de celulares se reduce en buena medida a una consigna: “ahorrarse unos pesos”. Detrás de una gigantesca mafia trasnacional están esos compradores que por no pagar altos precios, toman la decisión de adquirir un equipo en establecimientos clandestinos. Locales en los que casi todos saben la procedencia de los dispositivos, pero a nadie le importa.

De acuerdo con cifras de Asomóvil, la asociación que agrupa a los operadores Claro, Tigo y Movistar, el negocio de los celulares robados mueve más de 200 millones de dólares al año en Colombia. Una cifra comparable con el tráfico de drogas en el territorio nacional. En esa gigantesca mafia hay un eslabón que no tiene control o sanciones: los compradores finales.

“Si el negocio existe es porque hay alguien que compra celulares hurtados”, expresa con claridad Sergio González, presidente de Asomóvil. Las frías estadísticas se acumulan en informes periodísticos. Según cifras entregadas por las autoridades, en lo corrido del 2015 se ha reportado el robo de 252.248 celulares. En el 2014, la cifra de robos ascendió a 456.000 dispositivos hurtados.

Estas estadísticas sólo corresponden a las denuncias que recibieron las autoridades, fuentes del sector calculan que en Colombia se roban un celular cada tres minutos, pero los dueños desisten de denunciar por el engorroso proceso que eso implica. Según cifras de la Fiscalía, el 98 % de esos robos no han sido denunciados.

Precisamente, en enero del 2014, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo había asegurado que “el hurto de celulares sería una prioridad para la Fiscalía”. Agregó, además, que el organismo adelantaba 245.000 investigaciones para desarticular a las bandas que se especializaron en este tráfico. Perdomo, en ese momento, indicó que habían asignado 500 fiscales para enfrentar este flagelo en el país.

En mayo de este año, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, anunció una nueva estrategia para enfrentar el hurto de celulares en Colombia. Ahora, los usuarios podrán denunciar la pérdida del equipo desde una plataforma web y no tardarán más de cinco minutos en hacerlo.

Y es que precisamente son los usuarios el principio y el fin de este flagelo que ha cobrado la vida de más de una decena de colombianos en el último año. La Policía implementó un nuevo sistema para que los usuarios puedan denunciar más rápidamente el hurto. La medida, valga decir, funciona bien en ciudades capitales del país.

Sin castigo

El Gobierno, la Policía, la Fiscalía y los operadores móviles han desplegado decenas de estrategias para enfrentar a estos carteles. Tanto el Gobierno, como la Policía y Asomóvil recomiendan que cada usuario registre el famoso IMEI de su celular para que exista un seguimiento efectivo en caso de robo.

Las autoridades indican que en Colombia existen al menos 32 bandas trasnacionales dedicadas a robar celulares para venderlos (completos o por partes) dentro y fuera del país. La Policía ha desmantelado al menos nueve bandas, se han expropiado dos locales comerciales en los que se vendían los equipos. Y en lo corrido del 2015 han sido capturadas 147 personas. Pero los resultados siguen siendo insuficientes.

Todo esto ha llevado a varios expertos del sector a plantear que también es necesario diseñar penas para los compradores de celulares o partes robadas. Fuentes consultadas por Semana.com indican que las autoridades también tienen que atacar el último eslabón de la cadena para cortar por completo el circuito.

Sin embargo, Sergio González, de Asomóvil, plantea que “por ahora los esfuerzos se deben concentrar en la educación de los usuarios más que en medidas represivas”. En el mismo sentido, se han pronunciado desde el Ministerio de las TIC que han insistido con campañas de concientización para disminuir la compra de equipos “manchados con sangre”, como los han denominado.

Por otra parte, las autoridades explican que logísticamente es “muy complejo determinar quien compra o utiliza teléfonos robados, por esto es mejor apostarles a las campañas publicitarias”. Además, afirman desde la Policía, si el castigo para los ladrones es mínimo (los atracadores salen en cuestión de horas) para los compradores “sería pírrico”.

Lo cierto es que mientras que persista la lógica de comprar equipos sin conocer (o importar) su procedencia o reemplacen piezas en cualquier almacén, el hurto de teléfonos seguirá siendo un negocio tan rentable como sangriento.
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